El archipiélago concede unos 324.000 euros en ayudas económicas para reparar la discriminación sufrida durante la dictadura militar
Canarias otorgó un total de 324.000 euros a 61 víctimas de la represión franquista contra el colectivo LGTBI este jueves en el archipiélago. El Gobierno canario gestionó estas ayudas públicas para compensar la persecución y la exclusión social que sufrieron estas personas en las islas. Los beneficiarios debían cumplir con los requisitos obligatorios de superar los 55 años de edad y demostrar la falta de recursos económicos.
Por lo tanto, la comunidad autónoma cumple con los objetivos estatales de memoria histórica para dignificar a los colectivos vulnerables. Asimismo, el Ministerio de Memoria Democrática publicó un informe global que sitúa a Cataluña a la cabeza de este tipo de reparaciones económicas. Sin embargo, el Estado desconoce el importe de otras líneas de ayuda canarias porque la autonomía no facilitó los datos correspondientes.
Datos comparativos de las comunidades autónomas
Por un lado, Cataluña lidera el gasto estatal con una inversión superior a los 52,7 millones de euros para las víctimas de la guerra y la dictadura. En consecuencia, la región catalana distribuyó estas compensaciones económicas entre un total de 22.512 personas represaliadas por motivos ideológicos. Esta partida incluyó finalmente los pagos directos a 546 mujeres y a 21.966 hombres mediante dos decretos específicos de amnistía.
Por otra parte, Andalucía ocupa la segunda posición en España tras destinar más de 9,4 millones de euros a estas indemnizaciones. En este sentido, la administración andaluza concedió fondos para reparar la dignidad de un total de 2.522 víctimas del régimen anterior. Además, las autoridades andaluzas entregaron 241.000 euros a 128 mujeres que sufrieron agresiones específicas contra su honor o su propia imagen.
A continuación, Asturias figura en el tercer puesto del informe ministerial tras tramitar 3,4 millones de euros entre los años 2000 y 2001. No obstante, el gobierno asturiano reconoció que la documentación aportada al ministro Ángel Víctor Torres ofrece únicamente una visión parcial del proceso. Por consiguiente, los técnicos estatales sospechan que existen más datos históricos que los funcionarios locales no lograron localizar.
Situación en el resto del territorio español
Igualmente, Castilla-La Mancha aprobó más de 3,2 millones de euros para indemnizar a los afectados durante dos periodos temporales concretos. Concretamente, las instituciones manchegas ordenaron los pagos correspondientes entre los ejercicios de 2002-2003 y los años comprendidos desde 2004 hasta 2008. Por su parte, la Comunidad Foral de Navarra ejecutó unos 495.000 euros mediante la ratificación de 153 expedientes positivos.
Por el contrario, el ejecutivo navarro rechazó un total de 129 solicitudes de indemnización que los ciudadanos presentaron en las oficinas públicas. De manera similar, otras diez comunidades españolas utilizaron decretos propios pero evitaron enviar datos cuantitativos sobre el dinero total desembolsado. Entre estas autonomías sin datos económicos detallados figuran Aragón, País Vasco, Extremadura, Baleares, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia.
Finalmente, el Ministerio de Política Territorial aclaró que la falta de cifras de estas regiones no implica una inactividad en la materia. De este modo, la comisión técnica atribuye el vacío documental a una simple ausencia de datos disponibles para el análisis estadístico. Para concluir, Galicia no facilitó información alguna y las ciudades de Ceuta y Melilla confirmaron que carecen de planes de reparación.
