Estas son las claves del una norma que fija límites, protege el uso residencial y marca un nuevo modelo urbano
- El Parlamento de Canarias aprueba la ley del alquiler vacacional
- La nueva ley del alquiler vacacional divide al sector turístico
- Denuncian que la Ley de Vivienda terminará con la vivienda vacacional de particulares en Canarias
- La consejera de Turismo destaca el cambio de enfoque en Canarias: de la «promoción del destino» a su «gestión»
El Parlamento de Canarias aprobó este miércoles la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, que sustituye al Decreto 113/2015 y regula de forma integral la vivienda vacacional. La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, destacó que la comunidad cuenta por fin con una ley clara tras una década de vacíos normativos.
La consejera explicó que esta norma abre un camino hacia una planificación y una disciplina urbanística ordenada, donde el derecho a la vivienda convive con una actividad económica consolidada. Subrayó que Canarias debe equilibrar el interés general y el crecimiento del alquiler vacacional.
Un marco que fija límites claros
De León afirmó que la ley compatibiliza el ejercicio legítimo del alquiler vacacional con la protección del territorio. La ciudadanía había pedido topes cuantitativos y cualitativos, ausentes hasta ahora, y la norma los incorpora.
La consejera aclaró que los pequeños propietarios que cumplen con el decreto vigente podrán seguir con su actividad. También pidió que continúen presentando su actividad en los ayuntamientos para mantener seguridad jurídica y transparencia.
Cinco años sin nuevas viviendas vacacionales
El texto establece que no se permitirán nuevas viviendas vacacionales durante cinco años, hasta que cada ayuntamiento apruebe un planeamiento específico. Los municipios decidirán cómo, dónde y cuántas viviendas autorizar, protegiendo siempre la calidad de vida de los residentes.
La ley fija un reparto claro: el 90% del parque deberá ser residencial y solo el 10% podrá destinarse a uso vacacional. Los ayuntamientos tendrán seis meses para activar un plan de inspección adaptado a esta nueva realidad.
Una norma que frena la especulación
El director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística, Miguel Ángel Rodríguez, recordó que el Ejecutivo ofrecerá una ordenanza provisional a los ayuntamientos que la soliciten. Insistió en que la ley ordena, no limita, y respeta la diversidad insular.
Rodríguez destacó que la norma defiende un territorio habitable y actúa contra la gentrificación y la turistificación, fenómenos que expulsan a residentes y dañan el comercio local. Aseguró que los propietarios que cumplen podrán seguir operando con normalidad.
Viviendas protegidas y fin de los pseudohoteles
Las Viviendas de Protección Oficial no podrán destinarse al uso turístico. La ley también prohíbe los pseudohoteles, edificios íntegramente dedicados al alquiler vacacional por grandes tenedores. Esta medida busca proteger el uso residencial y evitar modelos que tensionan los barrios.
El texto introduce además una novedad clave: las viviendas de nueva construcción no podrán dedicarse al turismo hasta diez años después de su edificación. Rodríguez explicó que este plazo evita la especulación y garantiza el destino residencial previsto desde el inicio.
