Asián advierte de que la «renacionalización» de los fondos europeos y la creación de un único fondo de cohesión, agricultura, pesca, prosperidad y seguridad podría reducir el margen de actuación de las regiones
La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha expresado este miércoles su preocupación por el impacto que podría tener la propuesta de la Comisión Europea para el marco financiero plurianual 2028-2034, en especial por la desaparición de programas específicos para las regiones ultraperiféricas (RUP) como el POSEI.
Asián mantuvo este lunes en el Parlamento Europeo una agenda de reuniones con los eurodiputados Gabriel Mato, Isabel Benjumea (Comisión de Presupuestos y de Asuntos Económicos y Monetarios) y Elena Nevado (Comisión de Desarrollo Regional), acompañada por la directora general de Asuntos Europeos, Celia Alberto, según ha informado el Gobierno en un comunicado.
La consejera advirtió de que la «renacionalización» de los fondos europeos y la creación de un único fondo de cohesión, agricultura, pesca, prosperidad y seguridad podría reducir el margen de actuación de las regiones.
“Nos preocupa que la centralización de los fondos europeos pueda perjudicarnos, al dar menor capacidad a quienes mejor conocemos las necesidades de cada territorio”, subrayó.
Líneas presupuestarias específicas
En la propuesta comunitaria desaparecen líneas presupuestarias específicas que compensaban costes adicionales en sectores clave para Canarias como la agricultura, la pesca, la acuicultura, el transporte o las asignaciones adicionales de los fondos FEDER y FSE+.
Asián pidió que en la negociación del presupuesto europeo se respete el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que reconoce las especificidades de las regiones ultraperiféricas. En este sentido, destacó el compromiso de los eurodiputados del Partido Popular Europeo de trabajar para que Canarias mantenga su estatus.
Durante su visita a Bruselas, la consejera también se interesó por la trasposición a España de la nueva normativa europea de estabilidad presupuestaria, más flexible en materia de déficit y deuda, en vigor desde abril de 2024. Según dijo, no se prevén cambios en la legislación nacional, lo que mantiene a las comunidades autónomas sometidas a la regla de gasto pese a disponer de superávit.
Asimismo, mostró su inquietud por la propuesta de la Comisión de aplicar un nuevo impuesto a empresas con facturación superior a 100 millones de euros, que podría tener efectos negativos en el tejido económico del archipiélago.
