La Fiscalía incumple con la inspección de los centros de menores migrantes en Canarias
En 2024, había en Canarias 86 centros de menores migrantes llegados en cayucos. Esas instalaciones tendrían que haber recibido más de 300 inspecciones por parte del Ministerio Fiscal. En realidad, según organizaciones especializadas y abogados, apenas se llevaron a cabo unas 100.
«Y la propia Fiscalía es la que dice que los centros de menores inmediata se tienen que inspeccionar trimestralmente. La Fiscalía tiene que dar una explicación y la explicación es sencilla. No tenemos recursos suficientes y hay que pedir más recursos para poder cumplir con las obligaciones que el Fiscal General del Estado nos ha dado», según ha señalado el Abogado Daniel Arencibia.
Esas visitas servirían para garantizar que se cumplan con los derechos humanos dentro de los centros. Tendrían que ser trimestrales cuatro veces más de lo que se hace.
«El niño es muy difícil que cuando tiene que dormir con la misma persona que le está pegando, es muy difícil que el niño manifieste esa situación de violencia que está sufriendo. Por eso necesita establecerse una relación de confianza y por eso, se necesita que haya visitas periódicas y que sean directas del fiscal con los menores, que es a quien la ley le ha dado esta responsabilidad«, ha agregado Arencibia. «Cada niño tiene derecho a que se vigile trimestralmente que no está sufriendo una situación de violencia», ha concluido el abogado.
Solo nueve fiscales de menores
La Fiscalía, según publica El País, apunta que sólo cuentan con nueve fiscales de menores que, además, de las inspecciones tienen otras funciones. Añaden que los centros, al dejar de ser de acogida inmediata, tendrían que recibir visitas cada seis meses y no cada tres.
Sin embargo, estas visitas a centros de menores no se están realizando con la frecuencia ni la rigurosidad exigidas, lo que genera preocupación entre organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. La falta de controles efectivos podría dejar a los jóvenes en situación de mayor vulnerabilidad dentro de un sistema ya sobrecargado por la presión migratoria, según publica el periódico El País.
«Cada niño tiene derecho a que se vigile trimestralmente que no está sufriendo una situación de violencia», ha concluido el abogado.
