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Con este decreto, el Gobierno fija el número de plazas que debe tener cada comunidad autónoma para cumplir el ratio fijado, que en el caso de Canarias tendría capacidad para 737 plazas
El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto este martes que fija la capacidad ordinaria de acogida de las autonomías y supone el último paso para poner en marcha la derivación de menores migrantes no acompañados, a la que se oponen la mayoría de comunidades, obligadas por ley a atenderlos.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha anunciado la aprobación de este decreto en rueda de prensa y ha destacado que es un «paso importantísimo para garantizar los derechos de la infancia migrante».
«Estamos hablando de niños y de niñas que llegan solos a nuestro país y a los que tenemos la obligación de darles una acogida digna, solidaria y, si me permiten, también humanitaria«, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Canarias tendría capacidad para 737 plazas
El decreto aprobado este martes fija la capacidad ordinaria de acogida de cada comunidad, es decir, el número de plazas que debería tener para cumplir el ratio fijado, de 32 menores por cada 100.000 habitantes.
Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades con mayor capacidad ordinaria para tutelar menores migrantes no acompañados, y Navarra, Cantabria y La Rioja, además de Ceuta y Melilla, las que menos, según el real decreto aprobado este martes por el Gobierno con la oposición de la mayoría de autonomías.
Según la fórmula aprobada, Andalucía, con 2.827 plazas; Cataluña, con 2.650; y Madrid, con 2.325, son las comunidades con mayor capacidad ordinaria, por delante de la Comunidad Valenciana (1.767); Galicia (886), Castilla y León (783), Canarias (737) y País Vasco (731).
A continuación, Castilla-La Mancha (692); Murcia (517); Aragón (441); Baleares (406); Extremadura (344); Asturias (331); Navarra (223); Cantabria (194); y La Rioja (107), además de Melilla y Ceuta, con 28 y 27 plazas, respectivamente.
Las comunidades que tengan una ocupación que triplique su capacidad ordinaria de acogida, como Canarias o Ceuta, deben pedir la situación de contingencia migratoria, que declarará el Gobierno, para que los menores en su territorio sean trasladados a otras comunidades. El destino serán comunidades con menos saturación en sus recursos.
Andalucía, por debajo de su capacidad
Las mayores diferencias se dan en Andalucía, que con los datos conocidos hasta ahora acoge a 1.372 menos de lo que le corresponde, Comunidad Valenciana, con 1.216 y Galicia, con 620.
Con la entrada en vigor de este decreto, arrancará el mecanismo de solidaridad obligatoria que exigió Canarias y por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes procedentes de las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, a otras regiones, para lo que ya se reformó la ley de extranjería, con el PP en contra.
Este procedimiento implica además que los menores extranjeros no acompañados que lleguen a partir de septiembre a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.
Reacciones de las autonomías
La capacidad ordinaria, junto al dato de cuántos menores acoge ya cada autonomía, es clave para fijar el cómputo de los traslados, que se calculará teniendo en cuenta también parámetros como la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad.
Este martes algunas comunidades autónomas, como Madrid o La Rioja, han expresado ya sus quejas por un sistema que, a su juicio, va a desbordar sus capacidades. Este sistema lo han recurrido ante el Tribunal Constitucional diez autonomías gobernadas por el PP y Castilla-La Mancha (PSOE). Además, la Comunidad de Madrid ha acudido al Tribunal Supremo y lo mismo ha anunciado Baleares, que pide suspender cautelarmente el reparto.
Con el esfuerzo de acogida realizado hasta la fecha, ni País Vasco ni Cataluña tendrían que acoger a ningún joven, aunque Cataluña anunció su intención de atender como mínimo a 31, el mismo número que en anteriores campañas de acogida.
El Gobierno canario valora el decreto positivamente
El Gobierno de Canarias valora positivamente la aprobación de este decreto. La consejera de de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha asegurado que temen el retraso de una medida que favorece a todas las comunidades, incluida las que han presentado recurso judicial, como la de Baleares.
Cronología
El pasado 10 de abril se aprobaba en el Consejo de Ministros la Reforma de la Ley de extranjería que permitía el reparto de los menores migrantes desde comunidades tensionadas como Canarias a otras regiones. Sin embargo, cuatro meses después, apenas 50 niños han viajado hasta otras comunidades.
La medida se aprobaba con el beneplácito de los socios de investidura y el voto en contra de PP y Vox. Unos meses más tarde, el 5 de junio el Tribunal Supremo (TS) obligaba al gobierno central a hacerse cargo de los menores que habían solicitado asilo, pero en la conferencia de presidentes celebrada al día siguiente las comunidades no lograban ponerse de acuerdo. Canarias se veía sola con el único apoyo de Euskadi.
Continúan las conversación y en julio el presidente de Canarias es plantado literalmente por las comunidades gobernadas por el PP y Vox en una nueva Conferencia Sectorial de la Infancia.
Once comunidades recurren ante el TC
Finalmente, en julio Ejecutivos central y autonómico acuerdan el traslado de los primeros menores migrantes solicitantes de asilo. Se reubicarán 100 por semana, pasando previamente por el centro de tránsito ‘Canarias 50’, mientras se estudia cada caso y la viabilidad de su traslado el 11 de agosto comienzan las derivaciones a península. Varias comunidades muestran sus rechazo entre ellas Madrid.
Once comunidades gobernadas por PP y Vox presentaban un recurso ante el Constitucional contra el plan del Gobierno para reubicar a los menores migrantes independiente de sí habían solicitado asilo o no. Madrid y Valencia lo hacían además ante el supremo. Y ante la negativa a llevar a cabo la acogida de los niños el Gobierno Central les recordaba que la orden de reparto estaba amparada por una ley de obligatorio cumplimiento.
