La consejera de Bienestar Social asegura que el Estado cumplirá el plazo del Supremo para asumir las competencias antes del viernes.
El próximo viernes vence el plazo fijado por el Tribunal Supremo para que el Gobierno central asuma las competencias sobre los menores migrantes que han solicitado asilo y que actualmente están bajo tutela del Gobierno de Canarias. A pocos días de ese límite, la consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado, ha desvelado en La Radio Canaria las claves de la reunión mantenida ayer entre ambas administraciones.
En una entrevista concedida a De La Noche Al Día, ha asegurado que la cita estuvo marcada por el debate en torno al número de menores que deberán integrarse en la red estatal de protección internacional en calidad de desplazados.
Según explicó la consejera, si se cumplen las expectativas trasladadas por el Estado, «todos los menores solicitantes de asilo pasarán a depender de la red estatal«. Un cambio que no implicaría necesariamente su salida del Archipiélago, pero sí regularizaría su situación jurídica.
El Gobierno de Canarias calcula que 70 menores serán trasladados a la Península, un proceso para el que ya se ha solicitado autorización. Está previsto que estos movimientos se produzcan entre el viernes y el sábado.
Paralelamente, el Estado abrirá en Canarias «un nuevo centro de acogida«, distinto del conocido Canarias 50, con mejores instalaciones y condiciones de atención. Sin embargo, la mayoría de los menores permanecerá en las Islas.
La consejera detalló que «casi 300 menores se quedarán en centros del Estado ubicados en Canarias» mientras continúan los trabajos de identificación y tramitación con la Fiscalía. Para estos casos, será necesario habilitar «centros más pequeños, ajustados a la normativa», y alejados del modelo de macrocentro.
En materia financiera, el Ministerio de Juventud e Infancia aprobará en los próximos días una orden de subvención dotada con 100 millones de euros, que será ejecutada entre 2025 y 2026 y servirá para reforzar los recursos destinados a la atención de menores migrantes.
