La Fiscalía realiza una denuncia Constitucional contra Castillo tras las amenazas de muerte contra miembros del Ministerio Público
La fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la Corrupción en el Poder de Perú, ha denunciado amenazas de muerte a raíz de las investigaciones iniciadas contra el presidente del país, Pedro Castillo.
Barreto indica que las amenazas contra miembros del Ministerio Público motivaron a que este martes la fiscal general, Patricia Benavides, presentara una denuncia contra Castillo. Barreto explica que «hay amenazas de muerte y eso es tal vez la gota que derramó el vaso». Cuenta que la fiscal de la Nación reunió a todos y explicó por qué tomó la decisión de presentar la denuncia constitucional. Esta concluyó con que no se puede permitir que ningún miembro pueda ser pasible de amenazas de muerte, explica Barreto.
Añade que todavía hay muchas aristas que investigar, pero la presión del poder de la que están siendo pasibles es «tan intensa y fuerte», que no pueden desarrollar la investigación como quisieran. «Esa es la diferencia en una organización criminal estructurada» afirma.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal
Patricia Benavides presentó en la tarde de este martes ante el Congreso del país una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada.
Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con Silva. También con los funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial y de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
Esta denuncia constitucional deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la expresidenta del Congreso Lady Camones (APP). En el caso de que prospere, la demanda pasará a la Comisión Permanente y finalmente será votada en el pleno, según informó la emisora RPP.
