Desalojan un edificio en Arona y sus ocupantes aseguran que no tienen alternativa y que deberán pasar la noche en la calle
Más de 210 personas han sido desalojas por orden judicial de un edificio en Costa del Silencio, en el sur de Tenerife. El Ayuntamiento de Arona ha intentado retrasar el desalojo pero finalmente se ha llevado a cabo este martes.
La subida de los precios de las viviendas de alquiler es especialmente significativa en el sur tinerfeño, donde la población ha crecido más de un 50 % desde el año 2000, frente al 8,5 % del área metropolitana de la isla.
Sin alternativa habitacional
Las 90 familias que viven en el edificio, de 44 viviendas, finalmente han sido desalojadas. Con la presencia de Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local de Arona, los ocupantes manifiestan que no tienen a dónde ir y que tendrán que pasar la noche en la calle. Unos 15 minutos han tenido para recoger sus pertenencias y abandonar las viviendas. “Al final vamos a dormir en la calle, no nos dan ninguna solución”, dice uno de los afectados por el desahucio, Juan José.
“Hay hoteles con habitaciones vacías, hay hostales, hay pensiones y no nos pueden reubicar. Un campo de lucha, un pabellón, algo”, continúa diciendo el afectado para el programa de Televisión Canaria, ‘Buenos días, Canarias’.
“No se consigue un alquiler barato, tienen que convivir tres personas para poder pagar un alquiler”, en esta zona del sur de la isla.
Continúa Juan José, afectado por el desahucio, que en la zona de La Camella “hay viviendas sociales cerradas», algo a lo que no le encuentra explicación.
Entre los afectados por el desahucio se encuentran vecinos con diferentes enfermedades y también menores.
El diputado del Común pide información
El diputado del Común, Rafael Yanes, abrirá una actuación de oficio por el desahucio de las 90 familias. Solicita información sobre las alternativas que se barajan para garantizar los derechos de las personas desalojadas.
En concreto Rafael Yanes quiere solicitar información al Ayuntamiento y al Instituto Canario de la Vivienda sobre las alternativas que barajan para garantizar los derechos de las personas desalojadas.
