La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una multa de casi 84,9 millones de euros para Iberdrola Generación España por el supuesto encarecimiento artificial del precio de la luz en el invierno de 2013.
En su escrito de acusación, conocido este lunes, el Ministerio Público pide además dos años de prisión e inhabilitación y multa de 12 meses con una cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas físicas investigadas. Ocupaban distintos cargos de responsabilidad en la compañía en el momento de los hechos.
Anticorrupción también requiere que los acusados indemnicen hasta un máximo de 107,3 millones de euros -importe del presunto perjuicio a la demanda- de forma conjunta y solidaria a varias comercializadoras y a las personas físicas y jurídicas que acrediten haberse visto afectadas, entre ellas, consumidores finales de energía.
El documento se conoce cerca de un mes después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno acordara el procesamiento de la compañía, filial de la multinacional española Iberdrola, previo informe de la Fiscalía.
Subida del precio de la energía
Para el Ministerio Público, Iberdrola Generación, «con la finalidad de provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores, ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la energía que vendía más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de oferta y demanda».
Para conseguirlo, prosigue, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013 «aumentó, sin causa legítima que lo justificara, el precio en las ofertas de energía eléctrica correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo».
Lo hizo a un nivel «por encima del precio de mercado diario que impedía casar las operaciones, a pesar del incremento que experimentaban en esos días los precios de la energía eléctrica en el mercado de contado, que la situaban ante un coste óptimo de oportunidad».
Anticorrupción señala a la entonces directiva
Ante esta situación, dichas centrales dejaron de producir, explica Anticorrupción, que señala directamente a la entonces directiva de Iberdrola Generación, compuesta por el director de gestión de la energía, Ángel Chiarri; el responsable de optimización, gestión de recursos y trading, Gregorio Relaño; el responsable de gestión de activos, José Luis Rapún; y el responsable de mercados a corto plazo y generación global, Javier Paradinas.
Para conseguir «su propósito», la Fiscalía cree que éstos realizaron una serie de ofertas de energía que provocó «la reducción de generación eléctrica de estas centrales. Y, como consecuencia, que las operaciones de compra se casaran con la energía procedente de las de ciclo combinado, de coste superior».
De hecho, indica, el rango de precios de esta tecnología, que utiliza gas para la producción de electricidad, estaría situado entre los 80 y 90 euros megavatio hora (MWh), frente a la media de la energía generada por las hidráulicas, en unos 45 o 55 euros/MWh.
A partir del 24 de diciembre, el cambio de las condiciones meteorológicas por fuertes borrascas y viento provocó la reducción de los precios debido a la importante aportación de las fuentes renovables.
Un beneficio superior a los 21 millones
La Fiscalía calcula que el «artificio urdido y llevado a cabo» por los acusados elevó el precio de la energía eléctrica en, al menos, 7,156 euros/MWh, lo que ocasionó un perjuicio a la demanda superior a los 107,3 millones de euros.
Si se tiene en cuenta el volumen de energía que Iberdrola Generación despachó durante los días objeto de investigación, unos 2.965,8 gigavatios (GW), el beneficio obtenido ascendería a 21,2 millones de euros, apunta el documento.
A tenor de la documentación que obra en el sumario, Anticorrupción identifica a, al menos, 18 comercializadoras afectadas. Reclaman cerca de 10,6 millones de euros en concepto de perjuicio.
«El resto, hasta los 107,3 millones de euros, fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos», añade.
Penas de prisión y multa de 84,9 millones de euros
Por todo ello, pide penas de dos años de prisión, con accesoria de inhabilitación, y multa de 12 meses con cuota diaria de 400 euros para las cuatro personas físicas, mientras que para Iberdrola Generación una multa de 84,9 millones de euros, que corresponde al cuádruplo del beneficio obtenido.
Además, solicita el decomiso de las ganancias obtenidas y la publicación de la futura sentencia que dicte la Audiencia Nacional en los periódicos oficiales.
De forma adicional, plantea que los acusados indemnicen hasta los 107,3 millones de euros a las comercializadoras que han reclamado el perjuicio. También al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten, como consumidores finales de energía eléctrica o garantes de los precios, haberse visto afectados por la subida experimentada por la electricidad entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013.
