El proyecto de ley que ha contado con el visto bueno del Gobierno se tramitará en las Cortes por el procedimiento de urgencia
El Gobierno ha dado este martes el visto bueno al proyecto de ley por el Derecho a la Vivienda, que ahora pasará a las Cortes, donde se tramitará por el procedimiento de urgencia para cumplir con uno de los hitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
«Es una ley rigurosa, sólida, compacta y transversal, que blinda la condición social que debe tener la vivienda», ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. La ministra ha asegurado que el texto «respeta plenamente las competencias autonómicas».
Será la primera ley que regulará este derecho constitucional, e incorporará medidas para reforzar los parques públicos de vivienda. Asimismo, favorecerá el acceso a ella a través de instrumentos que incrementen la oferta a precios asequibles.
Sánchez ha calificado de «imprescindible» el contenido de la futura norma, que viene a solucionar problemas ante los que «el mercado se ha mostrado ineficaz».
«Esta ley no va en contra de los propietarios sino de la especulación», ha recalcado Sánchez.
El informe del CGPJ
La ministra se ha referido al informe desfavorable del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con el voto particular de cinco vocales del sector progresista.
En este sentido, ha manifestado su «respeto absoluto», si bien ha recordado que el documento es «preceptivo, no vinculante».
«El Gobierno mantiene que delimitar el campo de actuación del Estado en materia de vivienda para conformar parques públicos de vivienda y fijar patrones para promocionar casas dignas y asequibles a los más vulnerables y débiles, no invade competencias autonómicas», ha recalcado Sánchez.
En cualquier caso, ha añadido, «analizamos con detenimiento el informe del CGPJ y se han incorporado algunas de las observaciones y comentarios que mejoran la ley desde el punto de vista de la técnica normativa», esto es, «que aclaran el entendimiento entre competencias del Estado y de las comunidades autónomas».
