El Gobierno espera llevar al Parlamento de Canarias una reforma de la Ley del Suelo en 2025

El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda explico que la consejería lleva casi un año trabajando en esa reforma de la ley del suelo

El Gobierno de Canarias espera llevar a mediados de 2025 al Parlamento autonómico un proyecto de reforma de la Ley del Suelo de 2017 que actualice varios de sus contenidos y simplifique trámites y plazos, según dijo este lunes el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda.

Manuel Miranda
El consejero de Política territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda en el Parlamento de Canarias

Miranda explicó que su departamento lleva casi un año trabajando en los preparativos de esa modificación con los cabildos y distintos colegios profesionales. Además comentó que antes de que acabe 2024 esperan un anteproyecto sobre el que negociar con el resto de fuerzas parlamentarias antes de llevarlo definitivamente a la Cámara.

El consejero señaló que trabajarán con los grupos políticos «para consensuar este documento, que entendemos vital para la evolución de la economía canaria y para clarificar todo el urbanismo y la ordenación de Canarias».

En esta reforma de la Ley del Suelo que Fernando Clavijo impulsó en su anterior mandato, el Gobierno quiere mejorar las declaraciones de interés regional o insular. La ley también quiere mejorar el tratamiento que tienen en ciertos trámites los ayuntamientos de menos de diez mil habitantes, con excepciones respecto al resto de consistorios. Asimismo Miranda detalló que «también queremos trabajar en las evaluaciones ambientales, que en estos momentos son muy complejas, y en recortar los plazos del planeamiento»

El consejero explicó que la idea es que los planes urbanísticos se aprueben con una visión «estructural», que no entre «al detalle desde el primer momento», sino que trace «líneas maestras» de ordenación.

El Gobierno de Canarias aprobará también un decreto ley para agilizar la concesión de licencias de construcción de viviendas, y que que los ayuntamientos reciban una asistencia externa en varios trámites y evaluaciones por parte de empresas públicas y colegios profesionales. 

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