Los grupos parlamentarios reaccionan a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de querellarse contra la empresa RR7 United y contra el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez,
El diputado del PP Fernando Enseñat ha dicho que el Gobierno canario debe explicar por qué tras pagar cuatro millones de euros y no recibir la partida de mascarillas acordada con la empresa RR7 United, el Ejecutivo en vez de ir a la Fiscalía optó por dar «una segunda oportunidad» a la empresa con otro contrato.
«Tienen que explicar por qué el Gobierno, después de ser objeto de una estafa, no va a los juzgados y a la Fiscalía«. «Y por qué no pone esto en conocimiento de las autoridades judiciales», ha señalado Enseñat en declaraciones a los periodistas, en el Parlamento.
El pasado martes, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra el responsable de la empresa RR7 United, Rayco Rubén González, y el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, por apreciar indicios de que en esa operación se cometieron delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales.
«Creemos que es una situación muy grave. Tenemos respeto máximo a la Justicia, pero el presidente Torres tiene que explicar qué ocurrió en el Gobierno de Canarias cuando todos los canarios estábamos encerrados». «Y cómo se pagó cuatro millones de euros que desaparecieron sin entregarse unas mascarillas que hacían mucha falta«, ha declarado el diputado popular.
«Las acusaciones son suficientemente graves como para dar explicaciones»
A su juicio, las acusaciones son «suficientemente graves» para que salgan a dar explicaciones. No solo el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, sino el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Para dilucidar «qué medidas se van a seguir a partir de ahora». Enseñat ha agregado que su grupo parlamentario ha presentado una batería de preguntas para que les aclaren «dónde está el dinero, dónde están las mascarillas, por qué se paga el dinero a una empresa sin experiencia en gestión sanitaria y saber quién dio las órdenes».
«Cuando tengamos toda esa información comunicaremos las siguientes acciones, como una posible comisión de investigación en el Parlamento de Canarias», ha concluido Fernando Enseñat.
Román Rodríguez: «Espero que las actuaciones judiciales contribuyan a recuperar el dinero»
Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez (NC), ha dicho que espera que las actuaciones judiciales que se están llevando a cabo sirvan para recuperar el dinero.
«Espero que esto contribuya a recuperar las perras. La empresa se llevó cuatro millones y no prestó el servicio, así que lo tiene que devolver«, ha señalado Rodríguez. Rodríguez, preguntado por si alguien debería asumir responsabilidades dentro del Gobierno, ha hecho hincapié en la presunción de inocencia. También en el derecho a la defensa, así como a la «jerarquía».
Rodríguez ha insistido en la «colaboración máxima» del Gobierno canario con el procedimiento. Para contribuir al objetivo de recuperar el dinero, que es lo que, según ha dicho, «le inquieta».
CC: «Alguien lo permitió y luego lo ocultó»
El diputado de Coalición Canaria-PNC José Alberto Díaz ha defendido que la presunta estafa al Gobierno de Canarias ocurrió porque «alguien lo ha permitido y luego lo ha ocultado».
Díaz ha opinado que es «sonrojante» que el presidente autonómico, Ángel Víctor Torres (PSOE), no haya dado explicaciones sobre este asunto. «Especialmente después de lo rápido que pidió explicaciones en el caso de las mascarillas de Madrid, que ni le iba ni le venía».
De este modo, Díaz ha acusado al Gobierno de no dar explicaciones «medianamente razonables». Sobre quién o por qué realizó ese contrato ni por qué no se controló la devolución del dinero.
«Habrá que ver si ahora frente a la Fiscalía dan las explicaciones que no han dado en el Parlamento», ha criticado el diputado de CC. Ha calificado la actuación del Ministerio Público como «un paso lógico dentro de la triste historia de esta estafa a la comunidad autónoma y a todos los canarios«.
Curbelo, convencido de que Domínguez «tomó decisiones ajustadas a derecho»
El portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha afirmado este miércoles de que está convencido de que el director del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, tomó decisiones ajustadas a derecho. Si bien ha pedido que se deje trabajar a la justicia.
«Conozco a Conrado Domínguez como director del SCS y es un gran profesional que en su día tomó las decisiones que estoy completamente seguro de que son ajustadas a derecho«, ha manifestado Curbelo. Ha aseverado que le alegra «que estas cosas se aclaren». Porque algunas personas actúan «para hacer daño a otros», entre ellos a Conrado Domínguez, a quien ha dicho que conoce.
Sí Podemos: «El Gobierno agotó todas las vías posibles antes de la judicial»
La diputada de Sí Podemos María del Río ha opinado que el Gobierno de Canarias agotó todas las vías posibles antes de emprender la judicial.
Del Río ha aseverado que hay que esclarecer al máximo todo lo que ha pasado . Partiendo desde la presunción de inocencia. Desde este grupo entienden que se debe llegar hasta el final con la máxima transparencia posible y saber que pasaron con los cuatro millones «que fueron triturados».
Según del Río, hay alguien que no hizo bien su trabajo y hay que saber quién ha sido y llegar hasta el final para que vuelvan los cuatro millones a las arcas públicas.
Preguntada sobre si el presidente, Ángel Víctor Torres (PSOE), debería dar explicaciones, ha señalado que no tiene por qué tener más conocimiento sobre este tema y que ya a nivel político se ha explicado.
Ha recordado que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo (PSOE), habló sobre el caso mascarillas en el Parlamento y dio explicaciones, a su juicio, «razonables».
El PSOE defiende que Torres ha dado explicaciones y que «no se esconde»
Por su parte, la portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Nayra Alemán, ha defendido que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dado explicaciones en el Parlamento sobre el caso mascarillas cuando se le ha preguntado. Y «no se ha escondido en absoluto«, por lo que no sabe «qué más quiere la oposición».
La diputada ha admitido que la vía judicial «tal vez pudo abrirse una semana antes». Lo cual «tampoco es relevante para el caso«. Si bien ha defendido que el Gobierno estaba estudiando las vías a seguir cuando finalmente la Fiscalía Anticorrupción actuó. «Se ha hecho todo lo posible para recuperar el dinero perdido y más», ha manifestado.
Vidina Espino pide explicaciones
La portavoz del grupo Mixto en el Parlamento de Canarias, Vidina Espino, ha pedido explicaciones al consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres en el próximo pleno o en la siguiente comisión de Sanidad. Ha recordado que Torres ha sido «absolutamente contundente» en contra de «otras personas en otras comunidades», en referencia a Madrid, que también han sido investigadas por su actuación durante la pandemia.
Domínguez insiste en que el procedimiento fue legal
Por su parte el Director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, ha insistido en que todo se hizo de forma legal y que lo que pretendían era proteger a los sanitarios. Su objetivo ahora, dice, es recuperar el dinero pagado.
