El Congreso ha aprobado este miércoles su destitución por «incapacidad moral». La vicepresidenta Dina Boluarte asumirá la Presidencia del país
La Fiscalía ha detenido este miércoles al destituido presidente de Perú Pedro Castillo en la sede de la Prefectura de Lima, a donde se ha dirigido junto a su familia y el exprimer ministro Aníbal Torres tras anunciar que disolvía el Congreso, decretaba un gobierno de excepción y convocaba nuevas elecciones legislativas.
Destituido por «incapacidad moral»
El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles en sesión extraordinaria una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral, poco después de que este anunciara la disolución de la cámara y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas.
El parlamentario peruano Edward Málaga presentó el pasado 29 de noviembre una tercera moción de censura contra el presidente Castillo, que finalmente ha sido aprobada este miércoles por el Congreso con 101 votos a favor de los 87 que necesitaba. De los 130 diputados a penas unos pocos de Perú Libre han votado en contra, ha informado la emisora peruana RPP.
Tras la votación, la vicepresidenta de Perú, Dina Boluarte, asumirá la presidencia, tal y como aparece reflejado en la Constitución.
Gobierno de excepción
El presidente de Perú, Pedro Castillo, había anunciado durante un discurso a la nación la disolución del Congreso y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas horas antes de enfrentar su tercera moción de censura.
Castillo realizaba el anuncio en un discurso a la nación en el que también precisó que habrá un toque de queda en el país desde las 22.00 horas (hora local) hasta las 4.00 de la mañana, según ha informado el diario ‘La República’.
«En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a establecer el Estado de derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional», anunciaba.
El mandatario peruano declaraba también que todos aquellos ciudadanos que posean «armamento» ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas. Además, agregaba durante su discurso que se reorganizará el sistema de justicia, según ha informado el diario ‘El Comercio’.
