El exviceconsejero del Sector Primario, Álvaro de la Bárcena, y la exjefa de Servicio María Loreto Fuentes comparecerán en calidad de imputados

La jueza que instruye el conocido como «Caso Mediador», María de los Ángeles Lorenzo Cáceres, ha citado de nuevo a declarar el próximo 17 de diciembre al exviceconsejero del Sector Primario Álvaro de la Bárcena y a la exjefa de Servicio María Loreto Fuentes en calidad de imputados.

La instructora quiere que en esta comparecencia ambos expliquen “esa cadena de irregularidades donde su intervención fue esencial para la no ejecución de las sanciones establecidas a la mercantil Productos Agropecuarios”.

Las sospechas se centran nuevamente en la ayuda concedida al empresario del sector quesero del sur de Tenerife Alberto Montesdeoca. Al que se acusa de pagar 24.000 euros en sobornos para eludir una sanción de 74.000 euros por no justificar una ayuda europea.

Supuesta trama de pagos

El Caso Mediador se centra en una supuesta trama de pagos por parte de empresarios y particulares a cargos públicos con el fin de obtener tratos de favor. Las investigaciones se iniciaron hace dos años y suma una lista de imputados que ronda la treintena.

En su anterior comparecencia el mes de julio del año pasado, ambos negaron que el exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes, también imputado, les diera orden alguna sobre cómo tramitar el expediente sancionador de Montesdeoca.

Cuando éste fue llamado a declarar el empresario aseguró que había sido engañado. Y que tras pagar al exdiputado nacional Bernardo Fuentes Curbelo por medio de Marco Antonio Navarro Tacoronte este dinero para presuntos sobornos y fiestas, nunca consiguió trato de favor alguno. Y la prueba sería que abonó la sanción.

Otro de los procesados, el constructor Miguel Ángel Robayna García, reconoció a principios de este año ante la jueza que emitía facturas falsas. Para que cuatro empresarios implicados en la trama, entre ellos Montesdeoca, pudieran justificar los pagos a Navarro Tacoronte.

Para demostrarlo en aquella comparecencia entregó una memoria USB con supuestas nuevas pruebas. Se autoinculpó y confirmó las sospechas de los investigadores sobre las facturas emitidas.

La Fiscalía por medio de un informe emitido a finales de noviembre rechaza la petición de la acusación particular que solicitaba un listado de “todos y cada uno” de los empleados que se encargaban y gestionaban los expedientes del Programa Comunitario de Apoyo de las Producciones Agrarias de Canarias entre 2019 a 2022.

Una petición «excesivamente amplia»

Al respecto, el Ministerio Público considera que la petición “es excesivamente amplia. Y además puede no ser útil en toda su extensión, pues realmente el objeto del proceso versa sobre cuestiones de alcance mucho más limitado”.

El fiscal recuerda que el procedimiento para la concesión de ayudas tienen su origen en el 24 de mayo de 2019, momento en el que se aprueban las bases. Y acaba el 24 de marzo de 2021, cuando se declaran justificados y entregados los fondos de la sociedad pública de Gestión del Medio Rural de Canarias.

No obstante, la intervención de la misma es considerada “absolutamente instrumental y no decisoria”. Dado que al final se ejecutan las resoluciones que tienen origen en la Viceconsejería del Sector Primario.

Si bien la certificación de los pagos realizados por la entidad pública tuvo lugar el 9 de marzo de 2021, lo cierto es que ésta tiene como cometido ejecutar la propuesta de 28 de diciembre de 2020. Una propuesta elaborada «por la jefa de Servicio Loreto Fuertes. Y con el visto bueno del viceconsejero, llamados ambos a declarar como imputados por esta causa.

Antecedentes

Los antecedentes serían unos anexos en los que aparentemente se incluye la entidad Productos Agropecuarios. Como una de las sociedades mercantiles incluidas en la relación de sujetas a penalización, en concreto en el 5% de la ayuda percibida.

La diligencia podría cumplimentarse solicitando a la sociedad pública la identificación del técnico que habría intervenido en este expediente concreto. Y que ya ha sido identificado pero del que no se hace ninguna mención expresa debido al mencionado carácter meramente instrumental o de trámite.

“La entidad carece de competencias para dictar resoluciones que alteren la distribución. Que ya viene determinada por la Dirección General de Asociación agraria y a su vez el organismo pagador”, indica el fiscal.