El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que un beso sin el consentimiento expreso o tácito constituye un delito de agresión sexual al configurar una «intromisión en la libertad sexual» de la víctima con el propósito de «obtener una satisfacción sexual a costa de otro»
El Supremo declara que un beso no consentido es una «agresión sexual». Fachada del Tribunal Supremo. Carlos Luján / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 20/6/2022
Así lo señala la Sala de lo Penal en la sentencia en la que confirma la condena de un año y nueve meses de cárcel impuesta a un agente policial que dio un beso en la mejilla e intentó después darlo en los labios de una detenida sin su consentimiento, en la zona de los calabozos.
En este caso, el Supremo confirma la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de abuso sexual, que ahora, tras la reforma de la conocida ley del solo sí es sí, es un delito de agresión sexual.
Los magistrados dejan claro que no es preciso un «no» de la víctima ante intentos de besar a una mujer, sino que para que no exista delito lo que hace falta es el consentimiento, que es la «clave».
Ya no se evalúa si hubo oposición de la víctima
El Tribunal Supremo sentencia que «no se trata ya en la actualidad de evaluar si existió ‘oposición de la víctima’ al acto sexual». Eso, dice, «se refiere ya a una jurisprudencia antigua» y ahora «es radicalmente distinto», ya que, «la clave está, al revés, en si hubo consentimiento«.
No puede entenderse, explican los magistrados, «que exista un derecho de cualquier persona a acercarse a otra y darle un beso cuando la víctima no lo admite como prueba de cariño o afecto», por la circunstancia que sea. Es considerado «como un ataque personal a su intimidad y libertad sexual de consentir o no consentir quién pueda acercarse a la misma para hacer un acto tan íntimo y personal como es darle un beso».
Y ven «evidente» que «el contacto fugaz de un beso no consentido supone una invasión corporal» sobre la víctima. Atendiendo a la realidad social, el tribunal concluye como «indudable la connotación sexual de este tipo de actos no consentidos».
Debe quedar claro que hubo consentimiento
El Supremo explica que el tribunal debe interpretar «las circunstancias del caso» que «evidencien de forma clara y evidente» que existió un consentimiento, algo que debe quedar «bien a las claras».
Sobre «besos robados«, sin consentimiento, el Supremo señala que estamos ante un «ataque a la libertad de la mujer, de decidir con quién quiere besarse, o quién acepta y admite que le dé un beso».
La Sala cree que las circunstancias del caso no avalaban el consentimiento de la víctima, sino «todo lo contrario».
PP y PSOE han alcanzado esta tarde un acuerdo para la renovación del Poder Judicial
El PSOE y el PP han alcanzado un acuerdo para la «inmediata» renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva caducado más de cinco años. Para «reforzar la independencia» del Poder Judicial, según ha anunciado simultáneamente socialistas y populares.
Informa: Jónatan Déniz
El acuerdo se ha conseguido en la reunión que han mantenido esta tarde en Bruselas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Valores y Transparencia, Věra Jourová.
Renovación inmediata del CGPJ
Según sendas notas idénticas facilitadas por el PSOE y el PP, el pacto supone «proceder a la inmediata renovación del CGPJ, tal como recomienda la Comisión Europea en su Informe sobre el Estado de derecho relativo a España de 2022 y 2023», así como tramitar una reforma para modificar el sistema de elección de sus miembros mediante una proposición de ley orgánica presentada en el Congreso. En este punto también invocan las recomendaciones de la Comisión Europea contenidas en el mismo informe.
El tercer punto del acuerdo prevé además el nombramiento del magistrado del Tribunal Constitucional, cuya vacante está pendiente de ocupar.
Estos puntos están contenidos en un documento que Bolaños y González Pons firmarán esta misma tarde en Bruselas, donde se han reunido con Jourová, y donde explicarán los detalles en sucesivas ruedas de prensa.
(I-D) El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, durante una reunión, en el Parlamento Europeo, a 25 de junio de 2024, en Bruselas (Bélgica). Bolaños y Pons han mantenido una reunión con la vicepresidenta de la Comisión Europea en la que han llegado a un acuerdo para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva más de cinco años y medio caducado Comisión Europea 25/6/2024
José María Macías, magistrado del Tribunal Constitucional
El PSOE y el PP han acordado este martes nombrar al actual vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) José María Macías Castaño como magistrado del Tribunal Constitucional (TC).
Fuentes del PP han informado a EFE del nombramiento de Macías, muy crítico en los últimos meses con la ley de amnistía, que ocupará la plaza que estaba vacante en la corte de garantías.
Primeros indicios de avance en la mañana
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, había confirmado avances con el PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ha asegurado que acuden a la reunión que se celebrará esta tarde en Bruselas «con la mejor disposición». Remarcando que este es «el Gobierno del acuerdo».
Informa: Silvia Mascareño
Alegría ha añadido que en el Gobierno esperan un acuerdo que permita «por fin», después de más de 2.000 días, desbloquear la renovación del CGPJ.
Reunión en Bruselas
El Gobierno, representado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el dirigente del PP Esteban González Pons se reunió a las 16:30 horas en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, para cerrar el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial.
Preguntada por el alcance de un posible acuerdo, ha pedido esperar a que se produzca la reunión. Ha insistido en la capacidad negociadora del Ejecutivo demostrada con agentes sociales y fuerzas políticas. «Claramente, nos podemos definir, con contundencia, como el Gobierno del acuerdo», ha apostillado.
Alegría ha recordado además que «hace falta una mayoría de tres quintos» del Congreso (210 escaños, que los superan el PSOE y el PP sin necesidad de más apoyos) al ser preguntada sobre la posible reacción de sus socios parlamentarios a un acuerdo sobre el CGPJ con el PP.
La ministra portavoz, Pilar Alegría, interviene durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press 25/6/2024
Sumar rechaza que el poder judicial «se autoelija»
Sumar rechaza que los poderes democráticos «se autoelijan» y no apoyará un pacto entre PSOE y PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, si este plantea una reforma para que los jueces elijan a los jueces como quieren los populares.
Íñigo Errejón ha evitado dar detalles de la negociación del acuerdo, que parece inminente. Aunque sí ha asegurado que están siendo «puntualmente informados» y están coordinados con el PSOE.
Candelaria Delgado compareció a petición propia en el Pleno del Parlamento para hablar sobre la situación de los menores no acompañados
Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, ha insistido este martes en la situación «límite» de acogida de los menores inmigrantes no acompañados y ha pedido instalaciones del Ministerio de Defensa para acoger durante unos días a los que lleguen.
Informa: Ana Albendín
Delgado, que ha comparecido a petición propia para hablar de la situación de los menores inmigrantes no acompañados. En su intervención se ha referido a que escasea el personal adecuado para atender a los menores. Por ello, ha solicitado ayuda desde otras comunidades autónomas.
Ley extranjería
Delgado agradeció el acuerdo en torno a la modificación de la ley de extranjería para el traslado de menores no acompañados a otras regiones. En las islas están ocupados los 80 centros de acogida, por lo que la situación es «cada vez más límite e insostenible».
Ha señalado que se han iniciado los trámites para rehabilitar dos infraestructuras del Gobierno canario. Sin embargo, no estarán listas antes de 6 meses. Por este motivo, ha vuelto a pedir al Ministerio de Defensa instalaciones militares en La Palma, Lanzarote y El Hierro.
Una medida temporal hasta su traslado a otras dependencias. Si bien les han respondido por escrito de forma negativa, se mantienen conversaciones.
Déficit financiero
La consejera de Bienestar Social ha cuantificado el déficit financiero en unos 86 millones de euros que previstos a final de este año. Será «totalmente imposible asumir económicamente» la situación.
Apuesta porque desde la Unión Europea se ayude a los países que son origen de la inmigración. Además, ha mostrado su preocupación por la continuidad del despliegue de Frontex. Este ha servido para interceptar más de 60 embarcaciones durante los últimos meses.
Luis Campos, de Nueva Canarias, y Jana González, de CC, fueron críticos con la diputada de Vox, Marta Gómez. La diputada se refirió a los niños como menas y reclamó la expulsión de los inmigrantes que han llegado a las islas, entre otras cuestiones.
Jana González ha recordado que se trata de personas. Por su parte, Luis Campos ha incidido en que los canarios también han emigrado, y por las mismas razones. Fueron bien recibidos en países como Cuba, Venezuela y Uruguay. Elena Máñez, del grupo Socialista, también ha calificado las palabras de la diputada de Vox como de discurso de odio.
El Pleno del Parlamento de Canarias continúa durante la tarde. @Parcan
El fuego se originó en uno de los vehículos y se extendió con rapidez hasta el segundo, afectando también a viviendas y escaparates
El aparatoso incendio de dos vehículos durante la madrugada de este martes 25 de junio ha robado el sueño a los vecinos de la calle República Dominicana en Las Palmas de Gran Canaria.
Informa: Yeray Sosa
El fuego, que se inició en uno de los vehículos, se extendió rápidamente a otro. La intensidad de las llamas fue tal que llegó a afectar a viviendas y fachadas comerciales.
Fuego y explosiones
Una fuerte explosión alertó a los vecinos del barrio de Guanarteme cerca de las cinco de la mañana. Gracias a las pequeñas explosiones producidas durante la combustión se han podido recoger testimonios gráficos del suceso. Aunque se desconocen las causas del incidente, testigos apuntan a que pudo ser provocado. En una de las grabaciones aportadas se puede apreciar una garrafa de repostaje de combustible junto al coche donde se originó el fuego.
La rápida intervención de los bomberos pudo evitar que los daños materiales llegarán a más. Para la extinción de las llamas se emplearon 1.500 litros de agua. Además de los dos vehículos calcinados, las llamas afectaron a las ventanas del las viviendas de la primera planta bajo el incendio. También el escaparate blindado de una floristería y el recubrimiento de la fachada del edificio sufrieron daños por las altas temperaturas alcanzadas.
El incendio se originó en uno de los vehículos, pero pronto se extendió en la calle República Dominicana, de Las Palmas de Gran Canaria
La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha dado a conocer los datos de las personas que solicitaron la eutanasia en 2023
Informa: Alba Grillo
Unas 750 personas solicitaron la eutanasia en 2023, un 30 % más que el año anterior, y 350 personas lograron ejercer su derecho a una muerte digna, según los datos que ha dado a conocer este martes la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) con motivo del tercer aniversario de la entrada en vigor de la ley.
Son estimaciones que ha avanzado en rueda de prensa el vicepresidente de DMD, Fernando Marín, quien ha destacado que el número de eutanasias realizadas en España el pasado año ha aumentado entre un 15 y un 20 por ciento con respecto a 2022.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Sanidad han informado de que, según datos provisionales, en 2023 se han presentado 727 solicitudes y se han realizado 323 eutanasias.
Son menos de las que esta asociación, que lleva 40 años luchando por la legalización de la eutanasia en España, estimaba para los tres primeros años de la ley. En concreto, la tasa de eutanasias registradas en 2022 fue inferior al 0,07 % del total de muertes registradas en España.
Aumenta un 30 % las solicitudes de eutanasia. Imagen de recurso Freepik
Desigualdad entre comunidades
A estas bajas tasas se suma una «enorme desigualdad» entre comunidades, con cifras superiores en Navarra, Cataluña y País Vasco, y hasta 10 veces más bajas en Murcia, Extremadura y Galicia, según ha detallado la responsable área de internacional DMD, Loren Arseguet.
«No sabemos si estas cifras tan bajas en España se deben a que la tramitación de la eutanasia es farragosa y compleja, lo que explicaría el gran numero de personas que han muerto a la espera de tramitación», ha lamentado.
A partir del análisis de las últimas cifras oficiales -que corresponden a 2022- casi un tercio de las personas solicitantes de eutanasia fallecieron durante la tramitación de la prestación de ayuda para morir.
Además, DMD ha criticado la «excesiva duración» del procedimiento, con una media de 75 días, cuando por ley no debería prolongarse más de 35, así como el alto porcentaje de solicitudes denegadas, que asciende al 20 % del total.
Maltrato institucional
En este sentido, Marín habla de «maltrato institucional». «Existe ese maltrato cuando ejercer un derecho se convierte en una pesadilla… cuando la comisión se inventa requisitos, cuando te exigen el informe de un trabajador social que no figura en la ley, cuando se suspende la tramitación o cuando un ciudadano busca el amparo de la justicia y choca contra un muro de incomprensión».
Todo esto -lamenta Marín- contribuye a que haya muchas personas que lo pasan mal en el procedimiento.
Para el vicepresidente de DMD, el problema además es que las comunidades no están en disposición de garantizar que se vaya a hacer una tramitación adecuada porque hay solicitudes de las que no se tiene conocimiento, «porque muchas no llegan a registrarse porque el médico le dice que no al paciente».
Ha puesto el ejemplo de una mujer de más de 80 años, con un cáncer avanzado y varias patologías que vivía en una residencia de monjas y que pidió la eutanasia, pero las monjas le dijeron que eso no era para ella «y ahí se acabó todo». Finalmente la mujer murió semanas después sin ni siquiera registrarse su petición.
«Todavía hoy en España, si va una persona a su médico de cabecera a pedir al eutanasia, el medico le va a decir que no sabe lo que le está pidiendo y que ya le responderá, pero esa respuesta no le va a llegar nunca», lamenta Marín, que aconseja informarse en las asociaciones que les pueden ayudar a gestionar esta solicitud.
No existe boicot: en todas las comunidades se realizan eutanasias
Desde DMD afirman, no obstante, que no existe un «boicot institucional», y tampoco hay comunidades en las que no se practiquen eutanasias.
«Nos preocupa mucho Castilla y León porque dentro de la Comisión hay miembros que han declarado públicamente su oposición a la eutanasia y nos parece que existe un conflicto y que va a haber un sesgo», ha denunciado.
Marín también ha citado a Murcia, donde hay un vocal y un jurista que hicieron un informe de una persona con demencia que decía que no se podía constatar el sufrimiento, cuando el sufrimiento no se puede medir.
Por el contrario, en el «grupo de cabeza», se encuentran Cataluña, Euskadi y Navarra, mientras que comunidades como Madrid, se encuentran «a mitad de tabla».
DMD denuncia que ocho comunidades no han publicado ningún informe de evaluación desde la entrada de vigor de la ley: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia, Navarra y Galicia.
La Policía Nacional, en dos operaciones distintas llevadas a cabo en toda España, ha detenido a 34 personas (dos en Las Palmas). Están acusadas de poseer y distribuir en internet material de explotación sexual infantil
Vídeo RTVC
Entre los arrestados se encuentra un hombre acusado de un delito de «grooming» -que coaccionaba a chicas menores para que le enviaran contenido sexual protagonizado por ellas- y dos chicos de entre 14 y 17 años.
Según ha informado la Dirección General de la Policía, la operaciones Cometa y Galanto -llevadas a cabo por la Unidad Central de Ciberdelincuencia- arrancaron con información remitida por el Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados (NCMEC) estadounidense. Se alertaba de la distribución de pornografía infantil en territorio nacional.
La primera operación arrancó en junio de 2022. Los agentes analizaron la información recibida e identificaron a 19 personas supuestamente relacionadas con los hechos.
Llevaron a cabo varios registros en distintos puntos del país. Arrestaron a los sospechosos e intervinieron cuatro ordenadores portátiles, 22 teléfonos móviles, 62 DVD, discos duros y tarjetas de memoria.
Dos detenidos en Las Palmas en operaciones nacionales contra la pornografía infantil. Policía Nacional CNP 22/2/2024
Arrestadas 15 personas, 2 de ellas en Las Palmas
Entre los detenidos se encuentra un hombre del municipio alicantino de Alcoy, acusado de un delito de «grooming». Interactuaba con menores a las que engañaba y coaccionaba para que le enviaran imágenes y vídeos de marcado contenido sexual, contenido que fue localizado e intervenido por los agentes.
En este operativo fueron arrestados también dos chicos menores de edad, de entre 14 y 17 años.
La segunda operación, realizada en colaboración con la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional estadounidense (HSI, por sus siglas en inglés), partió de las denuncias presentadas por la empresa matriz de una conocida red social contra varios de sus usuarios. Habían distribuido pornografía infantil desde sus perfiles.
De todas las denuncias analizadas los agentes pudieron localizar y arrestar a quince personas en las provincias de Barcelona (4), Madrid (3), Las Palmas (2), Baleares (1), Guipúzcoa (1), Lugo (1), Vizcaya (1), Alicante (1) y Zaragoza (1).
Material «especialmente degradante y vejatorio»
En los registros intervinieron dieciséis móviles, doce discos duros, cinco portátiles, tabletas electrónicas y tarjetas de memoria en las que los detenidos almacenaban contenido de explotación sexual infantil.
Los investigadores califican el material de «especialmente degradante y vejatorio», ya que en alguno de los archivos se mostraban graves agresiones sexuales a bebés de pocos meses de edad.
En un comunicado, la Policía recuerda a los usuarios de cualquier red social la importancia de no compartir o almacenar este tipo de contenidos de menores de edad, dado que se trata de un delito. Para denunciar estos hechos el Cuerpo cuenta con el correo electrónico «denuncias.pornografia.infantil@policia.es».
El vicepresidente de Canarias ha denunciado que en España «no existe política migratoria» y el «bajo cumplimiento» del pacto migratorio en las islas
Declaraciones: Nira Fierro, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario / Manuel Domínguez, vicepresidente de Canarias
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha lamentado este martes el «bajo cumplimiento» del pacto migratorio firmado en las islas en octubre del año pasado por la mayoría de los grupos parlamentarios mientras que la presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, le ha reprochado su falta de «ayuda» o de «arrimar al hombro» para intermediar con las comunidades del PP y cerrar el acuerdo de derivación obligatoria de menores migrantes.
En la sesión de control del Pleno del Parlamento, el vicepresidente ha censurado que en España «no existe política migratoria», en líneas con las críticas de Salvamento Marítimo y los cuerpos policiales, y con la previsión de que lleguen 70.000 personas más al archipiélago a final de año.
La Ruta Canaria, la más peligrosa del mundo
Ha indicado que la ruta migratoria a Canarias se ha convertido en la «más peligrosa del mundo», con 6.000 muertos el año pasado, y «no se implica» a la UE y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está «de rodillas» ante Marruecos. ¿Están los socialistas para sacar pecho ante este drama?», se ha preguntado.
Fierro ha indicado que el Pacto Canario por la Migración era un «documento necesario» porque incluye la reforma de la ley de extranjería, avalado por el propio Domínguez, que «ya reconoce el acuerdo», tiene financiación e incluso habrá una conferencia sectorial con las comunidades a comienzos de julio en Canarias.
La diputada socialista ha valorado que el presidente canario, Fernando Clavijo, ha dicho que es un «buen acuerdo» y al mismo tiempo, ha afeado a Domínguez que «no ha participado» en las reuniones con el Gobierno central para fijar el acuerdo de reforma legislativa y solo se ha dedicado a «contradecir» al presidente y a «hablar» del ministro Torres. «Le encanta hablar de Torres», ha ironizado.
Ha dicho que entiende que no vaya a las reuniones en Madrid donde Clavijo y Torres hacen un «frente común» en el Congreso para explicar el acuerdo porque el presidente representa al Gobierno pero rechaza sus explicaciones sobre la politización del proceso cuando «lleva una semana de titulares». «Déjese de excusas», ha comentado.
Pleno del Parlamento de Canarias, martes 25 de junio. Imagen: @parcan
Ventajas fiscales del REF para aumentar la oferta de vivienda
En respuesta a una pregunta de la diputada socialista Patricia Hernández, el vicepresidente del Ejecutivo canario ha explicado que el objetivo de esta propuesta es conseguir aprovechar las ventajas fiscales del Régimen Económico y Fiscal (REF) para aumentar la oferta de vivienda y, por ende, conseguir que el precio «desorbitado» del alquiler pueda bajar en Canarias.
Manuel Domínguez ha señalado que en el último año el alquiler en Canarias ha crecido en torno al 13% y las familias destinan de su presupuesto en torno al 40-50% a pagar la hipoteca o el alquiler, cuando el Banco Central Europeo señala que no debería estar por encima del 30%.
«Lo que pretendemos es que se pueda rehabilitar, que se puedan finalizar viviendas, que se puedan comprar viviendas y que se puedan construir viviendas; en definitiva, actuar en el corto, medio y largo plazo, todo ello con un único requisito destinado al alquiler social», insistió el vicepresidente.
La propuesta pasa por que la RIC se pueda destinar para la vivienda, principalmente para el alquiler de vivienda protegida, pero también para la vivienda libre.
Hernández critica la propuesta
Por su parte, la diputada Patricia Hernández criticó que esta propuesta solo pretende «poner a competir» a los ciudadanos «de a pie» con las empresas a la hora de acceder a una vivienda y, además, reforzar «una apuesta de negocio». También censuró que el PP pretenda con esta medida buscar fondos de inversión extranjeros cuando su socio de gobierno, Coalición Canaria, pretende limitar la adquisición de viviendas a los no residentes.
Según Patricia Hernández, con esta medida «no se está ayudando y se está perjudicando» a las personas que no pueden acceder a una vivienda y está «aumentando» la brecha social entre los que no pueden comprar una casa y los que sí, al mismo tiempo que «aumenta la capacidad de acaparar de una parte de la población».
Continuarán los procesos de estabilización
La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha asegurado en el Parlamento canario que la administración autonómica seguirá adelante con los procesos de estabilización pendiente de lo que dictamine el Tribunal Supremo.
A preguntas de la diputada del Grupo Nacionalista Canario, Socorro Beato, la consejera ha explicado en el pleno del Parlamento autonómico que en la última reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público que en la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 13 de junio hay una novedad respecto a la de febrero.
Esta novedad es que por primera vez introduce «el matiz» de que el proceso de estabilización articulado por el Gobierno de España «puede ser válido» si está acorde al derecho nacional.
«Hay que esperar a lo que dicen tribunales», ha recalcado la consejera, quien ha recordado que hasta la fecha el Tribunal Supremo se ha reafirmado en que la declaración automática de fijeza del personal interino es contraria a dos artículos de la Constitución.
En la reunión de la Comisión de Coordinación del Empleo Público se ha analizado el escenario posible una vez finalice el proceso de estabilización, como por ejemplo «qué hacer» con el personal que quede excluido o «qué ocurre con los procesos indemnizatorios».
Sea como fuere, ha recalcado Nieves Lady Barreto, «hay que seguir con los procesos de estabilización para salvaguardar el proceso y garantizar a los trabajadores que puedan estabilizar sus puestos de trabajo».
Ciclos formativos
Por su parte, el consejero de Educación, Poli Suárez, ha recriminado en sede parlamentaria al grupo Socialista si quiere que «se invente alumnos y falsifique datos» de la FP como en su opinión se hizo en la pasada legislatura cuando, ha afirmado, hubo 93 ciclos formativos con cero inscripciones.
El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes ha señalado que no se va producir ninguna eliminación masiva de ciclos ni de profesorado en Canarias y ha reprochado al diputado que hable de «fracaso» en este ámbito cuando el anterior equipo educativo «no hizo nada» y de hecho hay 168 ciclos formativos con menos de tres alumnos.
«¿Qué quiere que haga, me invento los alumnos, falsifico los datos como en la legislatura pasada, cuando había más profesorado que alumnos en las aulas?», ha proseguido el consejero.
Lo que ha elaborado la Consejería es un listado provisional de ciclos atendiendo a las inscripciones y en función de las necesidades de todas las islas, también las no capitalinas, y tras oír las demandas del sector empresarial, ha continuado Suárez, quien ha reprochado a Gustavo Santana que en su momento le pidió aportaciones para el mapa de ciclos de FP y ha recibido «cero» propuestas por su parte.
Declaraciones: Gustavo Santana, diputado del Grupo Parlamentario Socialista Canario / Poli Suárez, consejero de Educación
Transferencias del Posei adicional
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha dicho en la sesión plenaria en la Cámara autonómica que si el Gobierno de España no transfiere el dinero adicional del Posei podría haber quiebras y cierre de empresas de agricultores y ganaderos en las islas.
En el Parlamento de Canarias y en respuesta al diputado del grupo Mixto, Raún Acosta, el consejero ha subrayado que en cualquier plan empresarial, si hay una merma del 10 o del 20 por cinto de la actividad económica se podría llegar a esa situación.
Narvay Quintero ha indicado que si el gobierno español no aporta los 11 millones de euros previstos para este año en el Posei adicional habrá fallado a los agricultores y ganaderos de las islas.
«Irregularidades» en residencias
La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha afirmado en la Cámara autonómica que el Gobierno de Canarias «actúa de inmediato», ante cualquier indicio de irregularidades en las residencias sociosanitarias.
A instancias de la diputada de Nueva Canarias-Bloque Canarista, Natalia Santana, Delgado ha explicado que el servicio de inspección de las residencias públicas y concertadas recae en los cabildos, y el de las privadas, en el Gobierno de Canarias.
Ha hecho hincapié en que cuando tomó posesión se encontró con apenas tres inspectores y una jefa de servicio, y que alguno estaba de baja sin que se cubriera su plaza durante años.
Delgado ha detallado que se está mejorando la relación de puestos de trabajo para ampliar la plantilla de inspección y, mientras el proceso sigue su curso, se están realizando visitas a las residencias por parte de técnicos de diferentes direcciones generales dependientes de su Consejería.
Ha aludido también a la «estrecha relación» con la Fiscalía de Mayores, que realiza sus inspecciones, al «contacto diario» con los cabildos, para que realicen informes de los centros, y a la coordinación con los inspectores de Salud Pública y con los médicos de Atención Primaria que visitan estas instalaciones.
Asimismo, se ha referido al acuerdo alcanzado con la Consejería de Presidencia para que agentes de la Policía Canaria hagan visitas programadas a los centros, y si ven alguna irregularidad, luego acude un inspector a corroborarla.
Falta de inspecciones
La diputada Esther Santana ha tildad de «ocurrencia» que parte de la inspección de las residencias recaiga sobre la Policía Canaria, y ha expresado su temor porque esta «medida puntual se convierta en permanente».
Santana ha puesto el acento en que «más de la mitad» de las residencias sociosanitarias «ni se inspeccionan ni se visitan», así como en la proporción «inasumible» de inspectores por centro: a cada uno le corresponden 147.
Y ha asegurado que «en muchas ocasiones» en estos centros se dan «situaciones de brutal maltrato» y de «vulneración de los derechos e integridad» de los usuarios, como por ejemplo que se recurra como «práctica habitual» a las sujeciones.
Un grupo de madres y padres del CEIP La Laguna denuncian que la situación del colegio sigue estancada por el retraso de la licitación de proyecto de reconstrucción
Informa: Mónica Gómez / Héctor E. Pérez
Un grupo de madres y padres del CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane, en La Palma, denuncian el retraso que sufre la licitación del proyecto que hará posible su reconstrucción.
El entorno de este barrio ha recobrado la normalidad tras la erupción volcánica, pero la situación del colegio sigue estancada. El proceso de licitación para redactar el proyecto que permitirá demoler lo que quedó de su colegio y construir uno nuevo va con retraso, según manifiestan.
Las madres y padres del alumnado del CEIP La Laguna insisten en su petición a la Consejería de Educación de que la ejecución de las nuevas instalaciones sea por vía de emergencia para que el regreso a este barrio no siga retrasándose.
Desde la Consejería se prevé que el proceso concluya en julio. En estos momentos se analizan casi una quincena de proyectos presentados que deben tener el visto de bueno de los técnicos. Una vez superado ese trámite, podrá procederse a la construcción del nuevo colegio.
CEIP La Laguna, en Los Llanos de Aridane. Imagen RTVC
La consejera de Sanidad ha afirmado que se han vacunado 668 personas por el brote de meningitis B detectado en un colegio en Fuerteventura
Declaraciones: Esther Monzón, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias
La Consejería de Sanidad, Esther Monzón, considera que el brote de meningitis B detectado en un centro educativo de Fuerteventura se encuentra controlado, aunque aún no cerrado, tras vacunar a 668 personas relacionadas con la instalación y familiares, casi el 90 por ciento de la comunidad afectada.
Así lo ha indicado Monzón en el Pleno del Parlamento de Canarias en respuesta parlamentaria este martes a la diputada popular Rebeca Paniagua, quien se ha interesado por la situación del brote de meningitis B detectado en la isla de Fuerteventura.
Monzón ha señalado que el Servicio de Epidemiología detectó en marzo un caso de meningitis en un centro educativo de Fuerteventura y dos meses después, en mayo, un segundo caso con las mismas características.
Vacunación por brote de meningitis B. Imagen: Consejería de Sanidad
Vacunación de la comunidad educativa
Ambos afectados presentan una evolución favorable y de inmediato se aplicó en el centro el protocolo correspondiente, que incluye la vacunación con una o dos dosis de 745 personas de la comunidad educativa, de las que tres ya estaban vacunadas.
La vacunación se inició el 9 de junio y se administró la dosis a 606 personas, posteriormente el 13 del mismo mes acudieron otras 29 y, tras contactar con el resto, se han vacunado 104 personas más.
La consejera ha señalado que se vigila la aparición tanto de nuevos casos como de posibles efectos secundarios, y por lo tanto no se puede dar el brote por cerrado en un periodo de cuatro meses, pero no se han reportado incidencias adicionales al respecto y por lo tanto se considera controlado.
La medida, que entrará en vigor el 1 de julio, reducirá del 5% al 0% el IVA del aceite de oliva
Detalle de un olivo con aceitunas, en Holguera (Cáceres), a 24 de noviembre de 2023, en Cáceres, Extremadura (España). Las previsiones de producción de aceite de oliva en España se sitúan en 765.300 toneladas para la campaña 2023/24, un 15 % más que la anterior y un 34 % por debajo de la media de las últimas cuatro. Gustavo Valiente / Europa Press (Foto de ARCHIVO) 24/11/2023
El Gobierno ha anunciado la supresión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al aceite de oliva a partir del próximo 1 de julio, una medida que el Ministerio de Hacienda llevará al Consejo de Ministros del próximo martes.
Este producto sigue siendo el que más sube de la cesta de la compra: en mayo estaba un 62,8 % más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198,5 %, es decir, que su precio se ha multiplicado casi por tres.
Ante esta evolución de los precios, en el año 2023 el Gobierno rebajó el IVA de este producto del 10 % al 5 % en 2023, una media que ahora se intensifica. Según informa el Ministerio de Hacienda, este producto va a quedar incluido en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican el tipo superreducido de manera permanente, tales como el pan, los huevos, las verduras o las frutas.
Este grupo aplica un IVA superreducido (del 4 % en condiciones normales) en lugar de ubicarse en el grupo de bienes que aplica el IVA reducido (del 10 %).
El objetivo de esta medida es «proteger e incentivar el consumo del aceite de oliva, un producto saludable y cuyo precio se ha encarecido recientemente como resultado de la sequía, entre otros motivos», según ha subrayado el Ministerio de Hacienda.
Prórroga a la rebaja del IVA en alimentos básicos
La supresión del IVA del aceite de oliva fue una de las medidas exigidas por Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.
El presidente, por cierto, anunció el pasado 12 de junio la prórroga de la rebaja del IVA en alimentos básicos, por lo que esta nueva medida que afecta al aceite de oliva podría ir en el mismo decreto ley que deberá debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados antes del 30 de junio, fecha en la que expira.
Una medida sin impacto en Canarias
Informa: María Mendoza
En Canarias, el precio del aceite de oliva se ha mantenido estable en torno a los 8 euros por litro durante los últimos meses. Esto se debe a que en las islas no se aplica el IVA, sino el IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) que es del 0% desde 2019. A pesar de ser un producto de primera necesidad, los consumidores consideran que su precio es prácticamente inasequible.
Los productores atribuyen la estabilidad del precio a las malas cosechas de los últimos dos años. Sin embargo, esperan que las lluvias de este año permitan una producción de alrededor de 1,3 millones de toneladas necesarias para el consumo y la exportación en España, lo cual podría bajar el precio del aceite de oliva gradualmente. Se estima que en enero el precio podría bajar a entre 4 y 5 euros por litro.
