El anteproyecto de la ley contra la trata da seguridad a las víctimas, que no podrán ser expulsadas del país, contarán con permisos provisionales de residencia y trabajo y recibirán ayudas sin tener que denunciar
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley integral contra la trata. Una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular. El anteproyecto contempla varias cuestiones entre las que se incluye que no serán expulsadas del país. Además, podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado en rueda de prensa los ejes centrales de la norma que busca un «abordaje integral» de todos los tipos de trata. Entre ellos, se especifica la laboral y la sexual, la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos. Todo de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.
No obstante, la ley será «no punitivista» y estará «centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas» para apoyar y «dar cobertura a las supervivivientes». «Especialmente» las que están en situación irregular, explica Redondo.
Derechos sin necesidad de denunciar
En este sentido, la ley ampararía a las víctimas y las autorizaría de forma provisional con «permisos de residencia y de trabajo«. Según la ministra, este factor es «importantísimo» para ellas. Del mismo modo, garantizaría la permanencia en el país, además de «toda una batería de ayudas y derechos» sin necesidad de denunciar.
El acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trato, son algunos de estos derechos. Derechos que, según ha subrayado la ministra de Igualdad, se reconocen «con independencia» de que haya denuncia.
Colaboración, informes y participación
De esta manera, da los primeros pasos un anteproyecto que contará con «la colaboración de todas las asociaciones comprometidas» con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal.
Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de «un grupo de trabajo» entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que «puedan incorporarse a este debate» y auxiliar al Gobierno a «concretar mejor y ser más eficaces» en las medidas que necesitan.
