El consejero de Sanidad afirma que el modelo de atención a estos mayores con alta médica es «tremendamente ineficiente»

El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha revelado este martes que en los hospitales públicos del archipiélago permanecen ingresados en torno a 480 pacientes mayores con alta médica. Eso tras haber sido derivados a centros sociosanitarios otros 400 desde el pasado septiembre.

Trujillo ha indicado en el pleno del Parlamento regional que «desde todo punto de vista del que se mire» el modelo de atención a este tipo de pacientes es «tremendamente ineficiente y no da una respuesta eficaz». Por lo que la situación no es solo que no se puede revertir, sino que irá «a peor».

Ha indicado que en la parte que le corresponde a Sanidad «el sistema es ágil». Cuando un paciente de estas características va a recibir el alta médica «se analiza su situación personal, familiar y comunitaria,» dijo. «Y, si es necesario, se deriva a Derechos Sociales para que tramite un Programa Individual de Atención (PIA)». «Y luego que cada cabildo aporte un recurso asistencial».

Sucede que la escasez de plazas residenciales, ente otra cosas porque el nivel de ejecución del plan de infraestructuras sociosanitarias «es bajísimo», provoca que este problema se convierta en «una bola de nieve». Y acaba afectando a los propios pacientes, que «están, entre comillas, prisioneros» en un hospital.

Pero también afectan al sistema sanitario al detraer camas para agudos. Y lo que ello supone para la listas de espera, y porque supone «un problema de coste evidente».

«Hay que hacer las cosas de otra manera y de mejor manera»

Por todos estos motivos, Blas Trujillo ha subrayado que hay que «dar una repensada» al sistema, «hacer las cosas de otra manera y de mejor manera«. Hay que ahondar, dijo, en una mayor coordinación entre administraciones y una asunción de competencias «clara» de cada parte. Al tiempo que agilizar la tramitación de las PIA, en lo que ya se está realizando «un esfuerzo».

Miguel Ángel Ponce, diputado del Grupo Popular, ha pedido colocar este asunto como prioritario en lo que queda de la actual legislatura y en la siguiente. Consideró, como el consejero de Sanidad, que va a ir a más. Ha detallado que los pacientes mayores con alta médica representan entre el 8% y el 10% de las camas hospitalarias ocupadas, lo que repercute en el sistema sanitario, que está «colapsado».

Ponce ha opinado que la orden de derivación de estos pacientes a recursos sociosanitarios «no ha funcionado». Ha hecho hincapié en el déficit de Canarias en plazas en residencias públicas, con una ratio de 1,14 por cada 100 habitantes, cuando según la Organización Mundial de la Salud deberían ser cinco por cada 100.

El diputado popular ha proclamado que España, y especialmente Canarias, tienen «un modelo sociosanitario frágil, obsoleto, no adaptado a la realidad actual«. Mientras que «la joya de la corona, la sanidad, se desmorona».

Por eso, ha apelado a trabajar para llegar a «algún tipo de pacto» para la próxima legislatura. Ha sugerido, entre otras cuestiones, que Sanidad integre la política sociosanitaria desde una dirección general específica, coordinada con los cabildos. O crear un mapa común de camas: agudos, media estancia, de residencias y de hospitales concertados.

Escasez de plazas en residencias

Esther González, de Nueva Canarias, ha coincidido con el consejero en que se necesita «reorientar el enfoque» ante la escasez de plazas de residencias, que es «responsabilidad de los cabildos», ha subrayado, ante la perspectiva de que «el colapso en lo próximos años tiene pinta de ir a más».

María del Río (Sí Podemos Canarias) ha sugerido que en los hospitales se realice un seguimiento «caso por caso» entre los pacientes mayores que vayan a recibir el alta. Porque puede haber quienes no necesiten ser derivados a una residencia y les baste con la atención domiciliaria.

Melodie Mendoza (Agrupación Socialista Gomera) ha reclamado «mecanismos para agilizar lo trámites y que esta situación deje de producir saturación en los hospitales». Y una mayor coordinación entre Sanidad y Derechos Sociales, para evitar la situación de los mayores con alta médica.

Marcos Hernández (Grupo Socialista) ha recordado que en 2014 hubo una orden similar de derivación de estos pacientes «y no se pudo materializar por las dificultades» que implica. Ha coincidido en pedir una mayor coordinación entre consejerías «sin olvidar el papel» de los cabildos y de los ayuntamientos en esta materia.

José Alberto Díaz Estébanez (Grupo Nacionalista), ha reseñado que el consejero de Sanidad no puede emplear en este caso sus «comodines favoritos». Esto es, «la pandemia», «la herencia recibida» o la falta de presupuesto, pues presumir de manejar «más dinero que nunca» supone, a su juicio, «un reconocimiento implícito de su incapacidad de gestión». «El problema son ustedes: el gobierno de la decepción», ha proclamado.

Vidina Espino, del Grupo Mixto, se ha preguntado «qué otra opción» se les da a las familias de los mayores hospitalizados pese a tener el alta para acceder a una plaza residencial. Ante la advertencia del consejero de que esto no puede ser «un atajo». Ha criticado que de las 6.500 plazas previstas en el plan de infraestructuras sociosanitarias «no se ha inaugurado ni una».