La Audiencia de Las Palmas considera que existen indicios «importantes», «plurales» y «suficientes» para juzgar al empresario Miguel Ángel Ramírez por posibles delitos de fraude a Hacienda y la Seguridad Social, con perjuicio de varios millones de euros para las arcas públicas.
En un auto hecho público este miércoles, la Audiencia corrobora la decisión del juez que completó la causa, Arcadio Díaz Tejera, de dar por terminada la instrucción, transformar todas las indagaciones en procedimiento abreviado y emplazar a las partes a formular sus acusaciones o argumentos de defensa, de cara a un futuro juicio.
En este procedimiento relativo a su gestión de la empresa Seguridad Integral Canaria, Ramírez se enfrenta a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de 21 años y medio de cárcel y 105 millones de euros de multa, como supuesto autor de un fraude a la Seguridad Social y a Hacienda que se cifra en 36,66 millones de euros entre 2012 y 2017.
En uno de los recursos que le quedaban antes de sentarse en el banquillo –ya se ha dictado auto de apertura de juicio oral– Ramírez alegaba que el juez Díaz Tejera no había justificado razonablemente su decisión de dar por completa la instrucción y que parte de los hechos que se le atribuyen (los de 2010 y 2011) habían prescrito.
La Audiencia le contesta que auto que puso fin a la instrucción no se limita a recortar lo que denunciaron en su día los querellantes, sino que describe numerosos documentos y diligencias practicadas que le señalan como posible responsable de la mecánica de defraudación que, según la Fiscalía y la Abogacía del Estado, se instauró durante años en Seguridad Integral Canaria.
Le recuerda que se le acusa de «disfrazar» de manera sistemática el pago de horas extras a los vigilantes de su plantilla como si fueran horas extras, que no tributan, y de cotizar menos de lo debido a la Seguridad Social, al pagar unos salarios que no respetaban el convenio nacional del sector, entre otras cosas.
El tribunal considera que hay indicios «importantes y plurales» de que esa mecánica fue delictiva y de que los responsables de la misma eran Ramírez y su entonces socio Héctor de Armas, también imputado.
A este respecto, la Audiencia estima que, con esos indicios, el juez Díaz Tejera «debía proceder al dictado del auto de incoación del procedimiento abreviado» (el final de la instrucción), resolución que «no es un anticipo de una sentencia condenatoria», remarca, «sino un juicio de probabilidad racional de sostenimiento razonable de una tesis incriminatoria, la cual podrá verse o no diluida en la vista oral».
«Consideramos que en este momento procesal existen indicios suficientes para sostener razonablemente un juicio provisional probable de inculpación, que amparan la atribución al investigado de una presunta infracción penal», añaden los magistrados.
En cuanto a la supuesta prescripción de los hechos relativos a 2010 y 2011, el tribunal determina que no se produjo, porque el plazo para ello quedó interrumpido cuando se le citó a declarar específicamente por esos años el 30 de noviembre de 2015.
«La Sala considera acertado que continúen las actuaciones por los trámites de procedimiento abreviado, por existir indicios suficientes para considerar que los hechos pudieran integrar un delito de defraudación tributaria», concluye la Audiencia
