Los ERTE vinculados al covid se extenderán hasta el 31 de mayo

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El Gobierno ha cerrado este martes con patronal y sindicatos un nuevo acuerdo para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) vinculado a la covid-19 hasta el 31 de mayo, manteniendo esquemas de exoneraciones, protección a los trabajadores y la obligación de mantener plantilla para las empresas que se acojan.

Según ha destacado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una rueda de prensa junto al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, para valorar el nuevo acuerdo alcanzado, esta cláusula del mantenimiento de empleo «se prorroga en su estricta literalidad».

Este había sido uno de los puntos de desencuentro, ya que la patronal CEOE pedía más flexibilidad en este punto para que las empresas puedan despedir a trabajadores devolviendo solo las ayudas recibidas por esos empleados, o los circunscritos a un centro de trabajo, y no por la totalidad de la plantilla.

Esta mañana, la CEOE ha informado de que sus órganos de gobierno habían decidido por unanimidad aprobar el documento que les presentó el Ministerio de Trabajo la semana pasada, un apoyo al que se sumaba esta tarde la patronal de las pymes.

Cepyme consideraba su apoyo a los ERTE «irrenunciable», teniendo en cuenta que los sectores más dañados (hostelería, comercio, turismo y transporte) están conformados mayoritariamente por pymes, al tiempo que pedía al Gobierno que los acompañara de un paquete de ayudas.

El visto bueno de las patronales completaba así el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT que, aunque esta misma mañana hablaban aún de algunos flecos pendientes de cerrar, también han ratificado las condiciones en las que se extenderá esta herramienta, clave en la pandemia, durante cuatro meses más.

El real decreto de prorroga debería ir el próximo martes 26 al Consejo de Ministros y estar plenamente vigente antes de que expire el 31 de enero el marco actual.

Los cambios que se han introducido, según han señalado Díaz y Escrivá, se circunscriben a algunas modificaciones administrativas que permiten la prorroga automática de expedientes o la ampliación de algunos sectores ultraprotegidos.

En concreto, la incorporación de nuevos sectores de actividad, al utilizar criterios objetivos más generosos para su detección, permitirá proteger a empresas que dan empleo a casi 50.000 trabajadores más, según datos de la Seguridad Social.

Por lo demás, la prorroga mantiene las modalidades de ERTE asociados a la pandemia -fuerza mayor, limitación, impedimento y otras causas- así como el nivel protección de los trabajadores afectados, con el mantenimiento de la cuantía de las prestaciones o el denominado «contador a cero».

También se prorrogan otras limitaciones a empresas acogidas a un expediente, como que no podrán realizar horas extra ni se podrá externalizar la actividad, subcontratar o llevar a cabo nuevas contrataciones, al tiempo que se mantienen los límites fijados sobre el reparto de dividendos y la prohibición de radicarse en paraísos fiscales.

DÍAZ PIDE A LOS EMPRESARIOS CONFIANZA EN EL GOBIERNO

Díaz, que ha valorado el nuevo acuerdo alcanzado que da «tranquilidad» y «seguridad» a empresas y trabajadores, ha confiado en que sirva para terminar de «transitar la crisis más dura que hemos conocido».

Y ha pedido a las empresas un paso más de confianza en el Gobierno.

«Ha llegado el momento de que los empresarios confíen en este Gobierno, que le tiendan la mano, que caminemos juntos», ha enfatizado.

«Tenemos el pleno convencimiento de que el modelo ha funcionado bien», ha destacado Escrivá, que ha cifrado en más de 5.000 millones de euros el coste de esta nueva prorroga, entre prestaciones a los trabajadores y exoneraciones en las cotizaciones de las empresas.

Actualmente, están en ERTE cerca de 756.000 trabajadores, un paraguas que en el peor momento de la crisis llegó a amparar a 3,4 millones de empleados.

El Gobierno iniciará en las próximas semanas el desalojo de los establecimientos turísticos ocupados por migrantes

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«Será una desescalada paulatina», ha señalado en Mogán (Gran Canaria) el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, respecto a una red provisional de acogida en establecimientos turísticos que ha dado techo durante meses a alrededor de 7.000 inmigrantes llegados en patera.

El Gobierno central comenzará a ir vaciando los establecimientos turísticos que ha utilizado en los últimos meses en Canarias como albergues humanitarios para derivar a los inmigrantes allí alojados hacia los nuevos campamentos de acogida, empezando por el aparthotel Arguineguín Park.

«Será una desescalada paulatina», ha señalado en Mogán (Gran Canaria) el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, respecto a una red provisional de acogida en establecimientos turísticos que ha dado techo durante meses a alrededor de 7.000 inmigrantes llegados en patera, aprovechando que estaban cerrados por la crisis.

Pestana ha precisado que el desalojo de los hoteles y apartamentos se iniciará en las próximas semanas y avanzará conformes se vayan abriendo los campamentos de acogida previstos en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, la mayoría en terrenos militares.

En Gran Canaria hace tiempo que está disponible el campamento habilitado en el antiguo colegio León, en la capital, al que se ha sumado esta semana el construido en el antiguo cuartel del regimiento Canarias 50, instalaciones que «poco a poco irán alojando a los migrantes» de la red turística, ha señalado.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha recordado que el Arguineguín Park «no tiene licencia de primera ocupación», por lo que ha celebrado que sea «el primero en vaciarse para hacer traslados a los campamentos».

Una treintena de detenidos y once agentes heridos en la marcha homenaje a Luther King

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Cientos de participantes de la «Marcha de Liberación Negra» partieron del estadio Barclays Center, punto de reunión de BLM, y atravesaron el icónico puente de Brooklyn hasta llegar a la Alcaldía, en el sur de Manhattan.

Una marcha organizada por el movimiento Black Lives Matter (BLM) para conmemorar al activista Martin Luther King Jr. este lunes en Nueva York se volvió violenta y se saldó con 29 personas detenidas y 11 policías heridos, según informaron este martes medios locales.

Cientos de participantes de la «Marcha de Liberación Negra» partieron del estadio Barclays Center, punto de reunión de BLM, y atravesaron el icónico puente de Brooklyn hasta llegar a la Alcaldía, en el sur de Manhattan, donde había se desplegado un gran número de agentes de la Policía local (NYPD, en inglés) y se produjeron enfrentamientos.

Según dijo el jefe del NYPD, Dermott Shea, al canal local NY1, «en un día para recordar a Martin Luther King hubo manifestaciones que consistieron en violencia, lanzar botellas, romper propiedades, pedir la muerte de los agentes y arrasar la ciudad», lo que consideró la «antítesis» del legado del histórico activista antirracista.

No obstante, videos colgados en las redes sociales muestran momentos de tensión en los que los agentes acorralan y cargan contra la multitud cerca de la Alcaldía, mientras algunos manifestantes dijeron a medios locales que los policías empujaron y agarraron a personas que estaban en la acera y no les habían plantado cara.

En total, 29 personas fueron detenidas por conductas desordenadas, obstáculo a la autoridad, resistencia al arresto y bloqueo de carretera, la mayoría puestos en libertad con una citación judicial; mientras que 11 policías fueron heridos, uno de ellos golpeado en el casco con una botella, pero ninguno de gravedad.

El jefe policial dijo que la violencia fue «creada por personas que quieren destruir la ciudad» y grupos que «quieren destruir nuestro estilo de vida y hacer daño a los policías que arriesgan su vida cada día», y que asisten a manifestaciones sin tener «intención de protestar pacíficamente».

Este último episodio de choques entre manifestantes y Policía se produce días después de que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandara al NYPD por un «patrón de fuerza excesiva, brutal e ilegal contra manifestantes pacíficos» en las protestas antirracistas del pasado verano tras la muerte de George Floyd.

En ese sentido, Shea se dirigió a James en declaraciones a NY1: «Esta es la noticia para la (fiscal general): son acciones causadas por gente que quiere destruir nuestro estilo de vida y nuestra ciudad».

Las protestas del pasado verano y su respuesta policial llevaron a la creación de leyes estatales que prohíben tácticas agresivas, entre otras cosas, mientras que la ciudad de Nueva York desvió cerca de 1.000 millones de dólares del presupuesto del NYPD a otros departamentos.

Actualizamos: Así evoluciona la vacunación en España

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El número de vacunas contra la covid-19 administradas se acerca ya al millón, con 966.097 unidades, de las cuales 957.314 son del laboratorio Pfizer-Biontech y 8.783 de Moderna, con un porcentaje del 84,5% de inyecciones aplicadas sobre el 1.143.300 recibidas, según los datos oficiales ofrecidos este martes por el Ministerio de Sanidad.

Además, se han inyectado las dos dosis de la vacuna de Pfizer necesarias para la inmunidad a un total de 9.341 personas, cifra que cuadruplica las 2.315 contabilizadas ayer lunes y que supone casi el 1% (0,97%) de la totalidad de las administradas.

Melilla vuelve a ser el territorio con la mayor proporción de dosis suministradas sobre las entregadas (107,6%), seguida de Cantabria (104,2%), Canarias (101,4%), y la Comunidad Valenciana (101,0%), superior en todos los casos al 100% debido al aprovechamiento del excedente de los viales.

Inmediatamente por debajo se sitúan Galicia, que ya ha inyectado el 99,98% de dosis recibidas, Asturias (93,6%), la Región de Murcia (92,8%) y la ciudad autónoma de Ceuta (89,6%).

Le siguen Castilla y León (89,5%), La Rioja (89,0%), Extremadura (87,1%), Baleares (84,5%) y Cataluña (84,3%).

Por debajo del 80% están Castilla La-Mancha (79,7%), Madrid (78,9%), Aragón (77,3%) y Andalucía (76,2%).

Vuelven a registrar los porcentajes menores de vacunación la comunidad foral de Navarra (71,4%) y el País Vasco (57,7%).

En su conjunto acumulan el mayor número de viales suministrados las comunidades más pobladas: Andalucía (con 164.820; Cataluña, con 156.627; y Madrid, 120.168.

Además, Andalucía es el territorio donde más personas han recibido ambas dosis de Pfizer (1.773), seguida de Asturias (1.285), y Galicia (1.191); por el contrario, en Cantabria todavía no se ha aplicado la segunda dosis a nadie.

La ‘ley Celaá’ entra en vigor

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La mayoría de las modificaciones se tendrán que poner en marcha a partir del curso 2021-22, como pueden ser las que afectan a las materias del currículo o a los requisitos para superar cursos y titular.

La Lomloe o ley Celaá ha entrado en vigor este martes, cuando se cumplen veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y su calendario de cambios puede afectar ya a la admisión de alumnos o a la autonomía de los centros y a la selección de sus directores.

El calendario de implantación de la octava ley educativa de la democracia fija que se apliquen desde ahora algunas modificaciones, pero la gran mayoría se tendrán que poner en marcha a partir del curso 2021-22, como pueden ser las que afectan a las materias del currículo o a los requisitos para superar cursos y titular.

ADMISIÓN ALUMNOS

Los cambios para los procesos sobre admisión de alumnos se aplican desde la entrada en vigor de la norma, pero los que se comenzaron a realizarse antes «se regirán por la normativa vigente en el momento de iniciarse».

Es el caso de alguna comunidad gobernada por el PP como Galicia, Madrid y Murcia, que anunciaron hace semanas que adelantaban la admisión para el curso 2021-22 para no acogerse a la ley Celaá, en concreto en lo referente a los cambios en la oferta de plazas para centros públicos y concertados.

Pero Educación ha recordado en varias ocasiones que los procesos de admisión suelen realizarse desde diciembre, por lo que ese adelanto no era verdad.

Los sectores contrarios a la ley Celaá argumentan que se maximizará que una administración reparta a los alumnos frente a la elección de los padres o que se creen plazas públicas amplias para que no ser necesarias las concertadas.

La Lomloe establece que se asegurará la existencia de plazas públicas en todas las zonas de escolarización y se podrán constituir comisiones de admisión cuando la demanda de plazas en concertados y públicos supere la oferta.

SELECCIÓN DIRECTORES

La entrada en vigor de la ley no afecta tampoco a la selección de los directores de centros públicos si se ha comenzado previamente, pero sí a los que no lo hayan hecho.

La selección ahora la realizará en cada centro una comisión de representantes, un tercio será profesorado elegido por el Claustro y otro tercio por y entre los miembros del Consejo Escolar que no son profesores.

Con la Lomloe se refuerza ahora la autonomía de los centros, que pueden adoptar programas educativos, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de áreas o materias.

También se da más voz a las familias en el Consejo Escolar y el profesorado participará en las decisiones pedagógicas del Claustro.

CAMBIOS DESDE OTROS CURSOS

Al inicio del curso siguiente a la entrada en vigor de esta ley se aplicarán modificaciones para la evaluación y promoción de las etapas y en la titulación de Secundaria, FP grado básico y Bachillerato.

Los alumnos pasarán de curso cuando el equipo docente lo considere. En todo caso, promocionarán quienes hayan alcanzado los objetivos o tengan evaluación negativa en una o dos materias.

Las modificaciones en el currículo empezarán también desde los siguientes como, por ejemplo, la obligación de la asignatura Valores Cívicos y Éticos o que ya no cuente la nota de Religión.

En Primaria se implantarán los cambios para primero, tercero y quinto en el curso un año después de la entrada en vigor de la ley, y para segundo, cuarto y sexto dos años después.

Primaria volverá a estar agrupada en tres ciclos de dos cursos.

En Secundaria, donde ya no habrá itinerarios fijos desde segundo o tercero (para seguir en ESO o estudiar FP básica), se harán las modificaciones para los cursos impares un año después de la entrada en vigor, y para los pares dos años después.

Las evaluaciones de diagnóstico comenzarán en el curso en el que se implanten cambios en cuarto de Primaria y segundo de Secundaria.

Para Bachillerato las modificaciones serán un año después de la entrada en vigor para el primer curso y para segundo dos años después (hay una nueva modalidad, la General, que combina contenidos de los tres modelos existentes: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencia y Tecnología y Artes); los cambios de acceso a la Universidad se aplicarán en el curso en el que se implante segundo de Bachillerato.

PLANES A MÁS LARGO PLAZO

La extensión del primer ciclo de Infantil será tras un año de la entrada en vigor de la ley cuando se elaborará un plan de ocho años hacia una oferta pública suficiente.

En el plazo de diez años los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para atender al alumnado con discapacidad.

Se continuará prestando apoyo a los centros de Educación Especial para alumnos que requieran una atención muy especializada, y desempeñen la función de centros de referencia y apoyo.

Sobre el incremento del gasto público educativo, un mínimo del 5 % del PIB, se formulará en el plazo de dos años.

El Govern reactiva el dispositivo del 14F tras la decisión del TSJC

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El Govern ha acordado «reactivar todos los procedimientos» para preparar las elecciones del 14F, aunque ha alertado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de los «riesgos» sanitarios que implica celebrarlas en esa fecha.

Tras la reunión semanal del Govern, la consellera de la Presidencia, Meritxell Budó, y el conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, han comparecido en rueda de prensa para reaccionar a la decisión del TSJC de suspender cautelarmente el decreto de la Generalitat que aplazaba las elecciones catalanas al próximo 30 de mayo.

Budó ha subrayado que el Govern «no comparte» la decisión del TSJC porque el aplazamiento responde a unos criterios «sanitarios y epidemiológicos» que «continúan plenamente vigentes», y ha anunciado que este jueves, antes de que expire el plazo a las 10.00 horas, se presentarán «alegaciones» ante el tribunal.

El decreto que aprobó el Govern el viernes, ha asegurado Budó, tiene una «sólida base jurídica» y justifica el aplazamiento porque «las circunstancias sanitarias impiden garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de un proceso electoral».

Tanto Budó como Solé han reclamado al TSJC la «máxima celeridad» para resolver los recursos presentados contra el aplazamiento, para no alargar la «inseguridad jurídica» provocada a su entender por su decisión de suspender cautelarmente el decreto del Govern.

Budó ha hecho hincapié en que el TSJC aún no ha entrado a valorar «el fondo de este decreto», por lo que antes de tomar una decisión definitiva espera que lea «todos los informes» que acompañan al decreto impugnado y no ignore los «criterios epidemiológicos».

Solé, de quien depende el área encargada de procesos electorales, ha destacado que votar en unas condiciones epidemiológicas como las previstas para mediados de febrero puede «poner en riesgo la salud» de los electores, mientras que Budó ha alertado de que ese «riesgo no ha cambiado» desde el viernes.

Cuando se firmó el decreto, ha razonado Budó, los informes y proyecciones epidemiológicas indicaban que la celebración de las elecciones el 14 de febrero «no era recomendable», porque «no está garantizado el derecho a la participación ciudadana», hay «muchas medidas restrictivas» y ese día puede haber «entre 150.000 y 200.000 personas en cuarentena», por ser positivos o contactos de positivo.

Mientras el TSJC sigue analizando los recursos, el Govern ha vuelto a poner en marcha todos los preparativos y trámites electorales para poder votar el 14F.

Desde la conselleria que dirige Solé ya se ha dado orden de «reactivar todo el dispositivo electoral, a la espera de que el TSJC resuelva de manera definitiva» los recursos contra el aplazamiento.

Así, los ayuntamientos ya pueden continuar con la elección de los miembros de las mesas electorales, ha explicado el conseller.

Por otra parte, las solicitudes de voto por correo que se hayan hecho hasta ahora -unas 35.000 hasta el 12 de enero, según fuentes de la Generalitat- siguen siendo válidas.

Pese a las dudas jurídicas suscitadas por el decreto, que abre la puerta a que el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, firme un decreto de convocatoria de elecciones para el 30 de mayo pese a que el marco legal vigente no contempla esa competencia para un sustituto del president, Budó ha avalado la legitimidad del aplazamiento.

Aragonès «en estos momentos tiene las competencias y las funciones de presidente», ha dicho Budó, que ha defendido la base jurídica del decreto y ha evitado responder a su compañero en JxCat y vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa, que ha sugerido alguna «dimisión» tras la decisión del TSJC.

Además, Budó ha recalcado que el aplazamiento generó «unanimidad» política y ha descartado que el TSJC pueda mover «aleatoriamente» la fecha electoral: «Si se posponen, 30 de mayo. Si no se posponen, 14 de febrero».

Sanidad contabiliza siete fallecimientos y 312 nuevos positivos

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha notificado este martes 312 nuevos casos de coronavirus COVID-19. El total de casos acumulados en Canarias es de 31.984 con 8.178 activos, de los cuales 62 están ingresados en UCI y 309 permanecen hospitalizados.

En las últimas 24 horas hay que lamentar el fallecimiento de siete personas, cinco de ellas en Tenerife, una en Gran Canaria y otra en Lanzarote, con edades comprendidas entre los 64 y 96 años. Dos de los fallecimientos están asociados al brote en el centro de mayores Cataleya y a otro centro sociosanitario de La Matanza, en Tenerife.

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 95,76 y a los 14 días en 178,09.

Por islas, Tenerife suma hoy 42 casos con un total de 14.840 casos acumulados y 4.613 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 12.558 casos acumulados, 135 más que el día anterior y 2.442 activos. Lanzarote suma 114 nuevos casos con 2.654 acumulados y 876 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 1.281 casos acumulados con 20 casos más que la jornada anterior y 223 activos. La Palma no registra nuevos casos y cuenta con 329 acumulados y 3 casos activos; La Gomera sin nuevos casos, se mantiene en los 207 acumulados y 9 activos. Por su parte, El Hierro suma un nuevo caso y tiene 115 acumulados y 12 activos.

Hasta hoy se ha realizado un total de 740.412 pruebas PCR en las Islas, de las que 2.460 se corresponden al día de ayer.

La lluvia caída en enero provoca en La Palma la aparición de la «uva destemplada»

Uva «destemplada» en La Palma. Fotograma RTVC

Racimos que no se van a desarrollar en su totalidad porque la época de poda comienza en unas semanas.

El sector primario ha agradecido la lluvia caída durante el mes de enero que ha permitido llenar embalses y revitalizar los cultivos. Pero la naturaleza también se ha visto sorprendida ante tanta agua. En La Palma ha provocado la aparición de la llamada ‘uva destemplada’.

Inesperada maduración de una uva ante un aguacero lejos de los datos pluviométricos de los últimos años. El campo es agradecido cuando se riega de forma natural y más aún cuando se acumula casi una década de sequía.

Racimos que no se van a desarrollar en su totalidad porque la época de poda comienza en unas semanas.

Frío en invierno, lluvias durante unos meses y el calor del verano. Este es el ciclo natural de las viñas para alcanzar la mejor vendimia posible. El agua caída en enero ya garantiza una buena cosecha.