Con 202 votos a favor, 141 en contra y 2 abstenciones, el Congreso de los Diputados ha aprobado este jueves la ley de eutanasia, que entrará en vigor dentro de tres meses, y que convertirá a España en el séptimo país en reconocer este derecho
La prestación para la ayuda a morir formará parte de la cartera básica del Sistema Nacional de Salud (SNS) y podrán solicitarla las personas mayores de edad que sufran «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable».
Su aprobación ha sido celebrada con un prolongado aplauso en el hemiciclo, donde los diputados de Vox han mostrado sus portátiles abiertos con la frase «la derogaremos» en la pantalla, mientras que los del PP han permanecido sentados en sus escaños sin aplaudir.
Antes de seguir con las votaciones, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha tenido que recordar a Vox que en la Cámara no se puede hacer uso de pancartas y que la libertad de expresión se ejerce mediante la palabra.
Séptimo país del mundo en legalizar la eutanasia
Con la aprobación de esta ley, España se convierte en el séptimo país del mundo en el que esta práctica es legal después de Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (donde ya se ha aprobado, pero entrará en vigor en noviembre) y Colombia (en este último país por decisión del Tribunal Constitucional, pero sin que el Parlamento haya aprobado una ley que la regule).
La ley ha superado durante su trámite parlamentario los vetos presentados por PP y Vox y ha contado con un amplio apoyo tanto en el Congreso como en el Senado.
Entrará en vigor tres meses después de su publicación en el BOE, plazo con el que cuentan las comunidades autónomas para crear en cada una de las regiones una Comisión de Garantía y Evaluación, órgano encargado de la supervisión de cada caso, formado por médicos, profesionales de enfermería y juristas.
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras recibir información de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso.
La ayuda para morir podrá realizarse tanto en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- como en el domicilio del enfermo y la ley contempla la objeción de conciencia para los profesionales sanitarios que participen en el proceso.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha celebrado la legalización de la eutanasia y ha afirmado que con ella, España avanza en el reconocimiento de los derechos, así como en una sociedad «más justa» y «decente».
El derecho a una muerte digna
La diputada del PSOE María Luisa Carcedo, ponente de la ley, ha dedicado su intervención a todos aquellos que han luchado por conseguir que en España se aprobara la eutanasia, a los que prestaron sus manos, como Ángel a María José, para una muerte digna.
Hoy -ha dicho- una mayoría de parlamentarios, han cogido el testigo de estas personas que llevan años «clamando» por la regulación de este nuevo derecho. Un derecho que permite hacer uso de una libertad «con mayúsculas».
No ha querido olvidarse del doctor Luis Montes, para el que ha tenido un recuerdo especial como «símbolo de muchos profesionales que perseveran a pesar de las crueles persecuciones» a las que son sometidos, y de las asociaciones de defensa del derecho a morir dignamente por su «amparo ante la desesperación de muchas personas».
Por su parte, el diputado del PP José Ignacio Echániz ha asegurado que la eutanasia es un acto antimédico y anticonstitucional y ha advertido del «efecto llamada» que provocará entre las personas más vulnerables, a las que se «empujará» a la eutanasia.
Echániz ha hablado de la «irresponsabilidad» de aprobar esta norma sin desarrollar antes los cuidados paliativos y ha augurado graves consecuencias familiares, sociales y éticas, como la desconfianza entre padres e hijos, entre hermanos y entre médicos y pacientes.
Vox recurrirá ante el Constitucional
Desde Vox, Lourdes Méndez, ha anunciado que su grupo recurrirá la ley ante el TC y solicitarán la paralización de su aplicación hasta que no se dicte sentencia. «Más pronto que tarde les ganaremos y construiremos todo lo que han destruido y les daremos esperanza a quienes la hayan perdido».
«Revertiremos estas leyes, pueden estar seguros y en nuestra sociedad será la vida la que triunfe y no la muerte», ha asegurado.
La diputada de Ciudadanos Sara Giménez ha calificado la ley de «hito histórico» y ha pedido que no se contraponga eutanasia a cuidados paliativos.
Giménez ha afeado al PP y a Vox que quieran «imponer su moral a todos los españoles»: «Ustedes siempre han estado en contra del avance de derechos, porque no quieren la libertad de decidir… pero España va a reconocer este derecho a pesar de su oposición»
Por Unidas Podemos, Rosa María Medel ha acusado a los que se oponen a la ley de ser «rabiosamente intolerantes», hasta el extremo de «querer imponer a los otros cómo deben morir». Pero esta norma «nos hace un poco más libres y eso la derecha no lo puede soportar», ha enfatizado la diputada
Satisfacción en las familias
Mientras, en la calle, familiares de enfermos que lucharon en vida por una ley de eutanasia han celebrado lo que consideran una ley histórica que permitirá evitar el sufrimiento que sus seres queridos padecieron.
Frente al Congreso de los Diputados se han reunido familiares de Luis de Marcos, enfermo de esclerosis múltiple que falleció en 2017; Maribel Tellaetxe, que murió en 2019 con alzhéimer avanzado, y de María José Carrasco, enferma terminal también con esclerosis múltiple y que se quitó la vida con la ayuda de su marido, Ángel Hernández.
«La semilla ya estaba echada. El último impulso puede que lo diéramos María José y yo, pero hay que agradecérselo a Ramón Sampedro, a Luis de Marcos, a Maribel Tellaetxe: son ellos los verdaderos protagonistas», ha señalado Ángel.
Junto a él estaban el marido y los hijos de Maribel, que falleció en marzo de 2019 con alzhéimer avanzado después de hacer prometer a su familia que respetarían su voluntad de no vivir si la enfermedad le hacía perder la cabeza.
«Hoy estaría orgullosa, feliz de la camada que ha dejado, del legado. Mi ‘ama’ siempre fue una luchadora nata, una defensora de lo que consideraba justo, tanto para ella como para los demás», ha asegurado su hijo Danel.
Asun Gómez, emocionada, recordaba también la lucha de su marido, Luis de Marcos, cuando hace cuatro años, ante dolores insufribles, le dijo que no podía más. Este jueves tenía claro cuáles serían sus palabras: «Te dije que lo conseguiríamos».
Quién puede solicitar la eutanasia
El primer requisito es ser mayor de edad y sufrir «una enfermedad grave e incurable» o un «padecimiento grave, crónico e imposibilitante» que afecte a la autonomía y que genere un «sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable». Hay que tener la nacionalidad española, residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a doce meses.
En el caso de que el paciente no se encuentre en pleno uso de sus facultades ni pueda prestar su conformidad libre, voluntaria y consciente, debe haber suscrito con anterioridad un documento de instrucciones previas, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos.
Procedimiento para solicitar la ayuda para morir
El paciente debe formular dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito, dejando una separación de al menos quince días entre ambas, aunque el médico puede acortar ese plazo si cree que existe un riesgo «inminente» de «pérdida de la capacidad» del enfermo para otorgar el consentimiento informado.
El solicitante de la prestación de ayuda para morir podrá revocar su solicitud en cualquier momento o pedir su aplazamiento.
Una vez recibida la primera solicitud, el médico responsable realizará con el paciente un «proceso deliberativo» sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, análisis que se repetirá tras la segunda solicitud.
Después se volverá a preguntar a la persona si desea desistir o continuar. Si mantiene la solicitud, el médico responsable deberá consultar el caso con un «médico consultor», que tendrá un plazo de diez días para corroborar el cumplimiento de las condiciones.
Comisión de Garantía y Evaluación
En cada comunidad autónoma deberá crearse en el plazo de tres meses una «Comisión de Garantía y Evaluación» compuesta por personal médico, de enfermería y juristas y responsable en última instancia de autorizar cada proceso de eutanasia.
Tras ser informado por el médico de una petición, el presidente de la comisión designará a dos miembros que tendrán siete días para verificar que se cumplen los requisitos previstos en la ley.
Las resoluciones desfavorables de la Comisión podrán ser recurridas ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Realización de la eutanasia
El paciente tiene derecho a elegir cómo quiere recibir la ayuda para morir: que el personal médico le administre directamente una sustancia, o que le prescriba o le facilite la sustancia, de modo que se la pueda «auto administrar» para causar su propia muerte.
En el primer caso, la ley establece que el equipo sanitario asistirá al paciente hasta el momento de la muerte. En el segundo, que «mantendrá la debida tarea de observación y apoyo a este hasta el momento de su fallecimiento».
El proceso podrá realizarse en centros sanitarios -públicos, privados o concertados- o en el domicilio del enfermo.
Una vez realizada la eutanasia, el médico responsable tendrá que remitir a la Comisión de Garantía y Evaluación toda la documentación del caso.
De acuerdo con esta ley, la muerte como consecuencia de la prestación de ayuda para morir tendrá la consideración legal de muerte natural.
Garantía de prestación y objeción de conciencia
La prestación de ayuda para morir estará incluida en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y será de financiación pública. Los servicios de salud autonómicos deberán garantizar la prestación.
La ley reconoce a los profesionales sanitarios el derecho a la objeción de conciencia, que deberán manifestar de forma anticipada y por escrito.
Las administraciones sanitarias crearán un registro de objetores, sometido a estricta confidencialidad, para garantizar la adecuada gestión de la prestación.
