Varias ONGs señalan en un comunicado conjunto que el proceso actual vulnera gravemente los derechos de la infancia
Diversas ONG piden de forma urgente seguir adelante con la tramitación de la reforma del procedimiento de determinación de la edad a menores migrantes no acompañados. Así los exigen en un comunicado conjunto: Plataforma de Infancia, Fundación Raíces, Andalucía Acoge, Save The Children y la Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (fapmi-ECPAT España).
La propuesta consta de 2 proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros que busca proteger los derechos de los menores con medidas como la prohibición de desnudos integrales y otras pruebas invasivas.
Con las modificaciones propuestas, el proceso pasa a ser un proceso judicial de orden civil. Por tanto, se regirá por el principio del superior interés del menor, la presunción de minoría de edad, el derecho a ser oído y tomar parte en el procedimiento.
Garantías esenciales
Ante esta iniciativa, las entidades celebran que el Gobierno haya decidido iniciar esta regulación y urgen su tramitación en el Congreso, ya que el procedimiento actual vulnera gravemente los derechos de la infancia y tiene consecuencias muy graves.
Recuerdan que así lo indican diferentes organismos como el Defensor del Pueblo, el Comité de los Derechos del Niño, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Por ello, valoran «muy positivamente» la propuesta del Gobierno, que incorpora algunas garantías esenciales, como su configuración como un procedimiento judicial o la previsión de la asistencia jurídica gratuita.
Una propuesta de enmiendas a los proyectos de ley
Sin embargo, no creen que este nuevo procedimiento cumpla plenamente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, los dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, las recomendaciones del Defensor del Pueblo ni las directrices acordadas al respecto por el Consejo de Europa.
Por ello, estas y otras entidades como Amnistía Internacional o Servicio Jesuita a Migrantes han hecho llegar a los diferentes grupos políticos una propuesta de enmiendas a los proyectos de ley para subsanar algunos riesgos del procedimiento que se plantea.
Alertan de que este permite no dar validez a la documentación emitida por los países de origen, genera gran inseguridad jurídica en la configuración del procedimiento como urgente, sin un trámite de alegaciones. Además, es contrario al interés superior del menor en cuanto a la falta de previsión de recurso ante la denegación de las medidas cautelares de protección del niño.
Por todo ello, consideran que la reforma debe continuar su trámite parlamentario y pasar a la fase de enmiendas al articulado para incorporar todas estas garantías de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño. De esta forma, «los derechos de miles de niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados dejen de vulnerarse de forma sistemática».
