La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado la cancelación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos y que había concedido Joe Biden en 2021

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado la cancelación del Estatus de Protección Temporal, (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos en su territorio. Esta medida afectará a 250.000 personas del país latinoamericano.
En 2021, el gobierno de Joe Biden aprobó esta medida temporal que acabará el próximo 10 de septiembre.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha emitido un comunicado en el que ha instado a los ciudadanos venezolanos a «aprovechar una forma segura de autodeportarse que incluye un billete de avión de cortesía, 1.000 dólares y posibles oportunidades futuras de inmigración legal». Pueden solicitarlo al menos 60 días antes de que expire la protección.
Fin del TPS
Según el departamento estadounidense, el TPS «socava los esfuerzos de la Administración (del presidente, Donald) Trump por asegurar (su) frontera sur y gestionar la migración eficazmente», a lo que se suma el «importante papel» de Caracas y el «efecto de atracción» de este programa en el impulso de la migración irregular.
Desde la cartera ministerial han aseverado que «permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos».
El Departamento ha hecho el anuncio asimismo en en redes sociales, en un mensaje dirigido a los venezolanos a quienes ha dicho que «su estancia gratuita en América ha terminado, deben regresar a casa inmediatamente».
Contradicciones con algunos tribunales federales
Un tribunal federal de apelaciones determinó el pasado viernes que Administración Trump probablemente actuó de forma ilegal al intentar cancelar el TPS, que permitía a cerca de 600.000 venezolanos vivir y trabajar en Estados Unidos, una postura defendida previamente por otro juez federal, que ordenó posponer el fin de este programa.
La reversión de la extensión del Estatus de Protección Temporal, otorgada inicialmente por el exsecretario Alejandro Mayorkas, dejó sin protección a aproximadamente 350.000 venezolanos en abril. En el marco de esta misma decisión, se estima que otros 250.000 podrían perder su estatus en septiembre, en función de como se vaya desarrollando el proceso judicial.
La decisión llega además en medio de las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas, que ha llegado a su punto álgido este martes cuando el Ejército estadounidense atacó una embarcación en aguas de Venezuela, asegurando que transportaba drogas, y matando a once personas, a las que acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua.