La ONG acusa a las fuerzas de seguridad mauritanas de torturas, abusos sexuales y expulsiones sumarias entre 2020 y 2025, y critica el respaldo de la UE y España a su política migratoria
Las fuerzas de seguridad de Mauritania cometieron “graves violaciones” de derechos humanos desde 2020 hasta principios de 2025 contra migrantes y solicitantes de asilo, según denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
En un informe, la organización detalla torturas, violaciones, detenciones arbitrarias, acoso sexual, extorsión y expulsiones sumarias durante operativos fronterizos y de control migratorio contra personas procedentes principalmente de África Occidental y Central, que pretendían llegar por mar a Canarias.
Acusaciones contra las fuerzas de seguridad mauritanas
El documento acusa a la Policía, Guardia Costera, Marina, Gendarmería y Ejército de Mauritania de perpetrar estos abusos y critica el respaldo de la Unión Europea (UE) y España a la externalización del control migratorio, lo que, según HRW, ha contribuido a agravarlos.
La ONG asegura haber documentado violaciones entre 2020 y 2025 contra 77 personas, incluidos hombres, mujeres y menores. “Durante años, las autoridades mauritanas aplicaron un modelo represivo de control migratorio violando los derechos de las personas migrantes”, señaló la investigadora de HRW, Lauren Seibert, aunque reconoció que los compromisos recientes del Gobierno mauritano podrían mejorar la situación.
El informe recoge expulsiones sin proceso legal hacia zonas peligrosas como Mali, así como detenciones en condiciones inhumanas. Entre 2020 y 2025, HRW entrevistó a cientos de personas en distintos países africanos, incluidas víctimas, testigos y funcionarios.
En 2024, Mauritania firmó un acuerdo migratorio con la UE por 210 millones de euros para reducir la migración irregular, mientras España incrementó su apoyo bilateral. Ese mismo año se registró un récord de 46.843 llegadas en barco a Canarias por la denominada “ruta atlántica”, y en la primera mitad de 2025 la cifra ya alcanzaba las 11.500 personas.
HRW insta a Mauritania a poner fin a las expulsiones colectivas y abusos, y pide a la UE y España priorizar la protección de derechos humanos en su cooperación migratoria.
