El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 1.000 millones de euros, también baraja Galicia y Andalucía como posibles emplazamientos.
Iberdrola proyecta el que será el primer parque eólico marino flotante de España, al que destinaría más de 1.000 millones de inversión para la puesta en marcha de 300 MW de energía limpia, que podría levantarse en Canarias, en la costa gallega o en la andaluza.
Según ha informado la compañía, la instalación renovable se convertiría en polo de industrialización y empleo en el país y está previsto que el estudio, diseño e ingeniería podría iniciarse este año y hasta su entrada en operación, prevista en 2026.
El proyecto generaría más de 2.800 empleos anuales y requeriría la participación de 66 empresas y centros tecnológicos españoles, incluyendo 52 pymes.
A corto plazo, en el escenario 2021-2022 y antes el arranque de la fase de construcción, la iniciativa podría generar entre 1.000 y 2.000 empleos.
Este proyecto innovador y pionero sería punta de lanza para el desarrollo de hasta 2.000 MW eólicos marinos flotantes que la compañía ha identificado y que podrían levantarse en la costa gallega, la andaluza o en Canarias.
Esta actividad implicaría, según las estimaciones de Iberdrola, a nueve comunidades autónomas, contribuyendo así a la vertebración del territorio y a la creación de oportunidades industriales y de innovación en un mercado en crecimiento, con un alto componente exportador.
El proyecto contribuiría, asimismo, a la lucha contra el cambio climático, evitando la emisión a la atmósfera de 202.500 toneladas de CO2 al año.
El proyecto forma parte de las 150 iniciativas presentadas por la compañía al programa Next Generation UE -en los ámbitos de la electrificación del calor, ‘offshore’ flotante, movilidad sostenible, hidrógeno verde, renovables innovadoras, redes inteligentes, economía circular y almacenamiento energético-, que movilizarían inversiones de 21.000 millones e involucrarían a cientos de pequeñas y medianas empresas.
Además, permitirían generar 45.000 puestos de trabajo al año, un crecimiento económico de más del 1,5 % del PIB, la mejora de la competitividad y de la balanza de pagos -entre 500 y 1.000 millones de euros al año- y la contribución al reto demográfico, ya que se incluyen más de 7.000 millones euros en entornos rurales, asegura Iberdrola.
