El juez Peinado recoge el auto de 12 de junio de la Audiencia de Madrid, en el que avalaba la investigación por un posible delito de malversación
El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, imputa a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, por un delito de malversación por la contratación de Álvarez y las cita a declarar de nuevo los próximos 10 y 11 de septiembre.
Peinado ya investiga a la mujer de Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida.
Peinado recoge el auto de 12 de junio de la Audiencia de Madrid, en el que avalaba la investigación por un posible delito de malversación, relacionado con presuntas gestiones de la asesora en la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.
El Tribunal Supremo archiva la investigación a Félix Bolaños
Ahora bien, el juez retoma esta investigación después de que el Tribunal Supremo archivase su petición de investigar al ministro, Félix Bolaños, por la contratación de Cristina Álvarez.
La Audiencia de Madrid dijo que «la investigación tendrá que centrarse en si (Álvarez) se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».
«Datos indiciarios, suficientes en este momento procesal»
Entre los indicios, la Audiencia citó la declaración del vicerrector de la Universidad Complutense, Juan Carlos Doadrio, que dijo «tener muchos correos» con Begoña Gómez y su asistenta Cristina Álvarez Rodríguez, añadiendo que «esta última era la persona de confianza, ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».
También «un ‘email’ dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros, solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones».
«Datos indiciarios, suficientes en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada, lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración», añadió la Audiencia.
«La amistad personal»
Otro dato más a considerar, continúa, es el de «la amistad personal», siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, «sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez, que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados».
«Y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia, como es la Presidencia Del Gobierno».
Por todo ello, «procede continuar con la investigación oportuna, en la pieza separada» que abrió por malversación «y derivado de lo contenido en el auto de Audiencia Provincial de Madrid».
Torres pide que se respete la presunción de inocencia
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, pidió que se respete la presunción de inocencia de Gómez y Álvarez. El ministro expresó su respeto a las decisiones judiciales. Sin embargo, manifestó que «el Tribunal Supremo ya dejó claro que no había ningún supuesto delito de malversación».
Además, mencionó «los antecedentes de ese mismo juez» hacia personas aforadas a las que el Tribunal Supremo ha dado la razón.
Torres hizo estas declaraciones durante una comparecencia ante los medios en Lanzarote tras una reunión de Pedro Sánchez, con el presidente canario, Fernando Clavijo.
