La Fiscalía acusa a Solveida Clemente de sacar a concurso una instalación en Los Pescantes pese a los informes desfavorables de Costas y solicita diez años de inhabilitación
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife celebrará los días 8 y 9 de octubre, en San Sebastián de La Gomera, la vista contra la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente (ASG), a quien la Fiscalía acusa de un presunto delito de prevaricación por sacar a concurso un quiosco situado en el ámbito de Los Pescantes pese a los informes negativos de Costas.
El Ministerio Público solicita para quien ocupó la Alcaldía durante el mandato 2011-2015 y volvió a asumirla en el actual una pena de diez años de inhabilitación para desempeñar un cargo público.
Un concurso pese a los reparos de legalidad
Según la Fiscalía, Clemente se dirigió a la Secretaría municipal para que elaborara los pliegos destinados a sacar a concurso el quiosco, pese a conocer las advertencias y reparos a la legalidad recogidos en un informe del propio departamento.
El dictamen señalaba que el Ayuntamiento no contaba con la preceptiva concesión administrativa de Costas para explotar la instalación, ubicada en dominio público marítimo-terrestre. Además, el quiosco tampoco disponía de espacios recreativos, servicios para los clientes ni medidas de seguridad, por lo que el informe resultó desfavorable.
La Fiscalía cuestiona las resoluciones de Alcaldía
A partir de ese momento, según la acusación pública, la alcaldesa inició un expediente sancionador contra el secretario y lo apartó de sus funciones. Posteriormente anunció el inicio del procedimiento para adjudicar mediante concesión administrativa el uso de las instalaciones municipales por procedimiento urgente.
El Ayuntamiento publicó el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, pero el concurso quedó desierto. Acto seguido, según el relato de la Fiscalía, el Ayuntamiento decidió asumir directamente la explotación de las instalaciones.
El Ministerio Público cuestiona la legalidad de varias resoluciones emitidas desde la Alcaldía, entre ellas las cláusulas del concurso, la apertura y tramitación urgente del procedimiento de adjudicación y la providencia dirigida a Secretaría para que informara sobre la legislación aplicable y los pasos que debían seguirse.
La acusación también tiene en cuenta la resolución de Alcaldía mediante la que se anunció el procedimiento para adjudicar mediante concesión administrativa la utilización de las instalaciones y posteriormente se declaró desierta la concesión.
