La fiscal María Rosa Rubio subraya que la intervención judicial debe ser el último paso y reclama más apoyo social y sanitario para atender a las personas vulnerables.
El incremento de personas en situación de sinhogarismo preocupa cada vez más a la Justicia, que se ve limitada a la hora de intervenir. La Fiscal Delegada de Civil y de Discapacidad y Mayores, María Rosa Rubio, ha explicado hoy en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que la actuación judicial requiere un informe médico que acredite el deterioro cognitivo de estas personas, pero ha insistido en que el primer paso debe ser social y no judicial.
“La intervención de la Justicia debe ser el paso posterior. Primero se debe atender a estas personas desde la perspectiva social, tratando de ayudarles en las distintas problemáticas que presenten. Si no, difícilmente la justicia va a solucionar sus problemas”, ha señalado Rubio.
La Fiscal destacó que el punto de partida para que pueda intervenir es la existencia de una discapacidad o deterioro cognitivo que impida a la persona tomar decisiones por sí misma. Esto, unido a la situación social de desamparo que atraviese.
“El hecho de que no reciba ningún tipo de apoyo para poder vivir en condiciones de dignidad es determinante”, ha añadido.
«Muchas familias podrían ayudar a sus mayores si recibieran más apoyo»
En La Radio Canaria, Rubio ha alertado también sobre la situación de las personas mayores con alta médica que permanecen en hospitales canarios, un fenómeno que ha atribuido a distintas circunstancias: falta de familiares, imposibilidad de sus allegados para hacerse cargo o casos de abandono directo.
“Lo importante es que vamos a actuar siempre en defensa de la persona abandonada en el hospital. Le vamos a proporcionar los medios jurídicos para que la Administración la pueda sacar del centro y para que pueda actuar respecto a los bienes o ganancias que pueda tener”, ha explicado.
Por último, Rubio ha recordado que muchas familias podrían atender a sus mayores si recibieran más apoyo por parte de las administraciones públicas, y pidió reforzar los recursos sociales para evitar que la falta de asistencia termine convirtiéndose en un problema judicial.
