La existencia de un registro de sanitarios objetores de conciencia permitirá garantizar el acceso al aborto a todas las mujeres, independientemente de su comunidad de residencia, en centros públicos
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el próximo martes el proyecto de la futura ley del aborto. Una ley que, entre muchos objetivos, busca garantizar que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen en todos los centros públicos. Muchos médicos, objetores de conciencia, provocan que muchas mujeres se vean en la necesidad de cambiar de provincia de residencia para poder llevar a cabo un aborto.
En esta línea, casi el 85% de los abortos de 2020 se hicieron en hospitales privados. El Ministerio de Igualdad relaciona estos datos con la objeción de conciencia. Puntualiza que eso no puede suponer que se impida la interrupción del embarazo en los centros públicos.
Ese es uno de los puntos destacados del proyecto de ley: Acabar con al disparidad territorial. Un problema que obliga a muchas mujeres a cambiar de residencia para poder interrumpir el embarazo.
Cataluña , Asturias y Baleares van a la cabeza en número de interrupciones voluntarias de embarazo. Sin embargo, otras doce provincias no han notificado ningún registro, ni en centros públicos ni privados. La nueva ley aborto prevé la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores que facilite los recursos en todo el territorio.
En palabras de Ada Santana, presidenta de la Federación de Mujeres Jóvenes Feministas, «se debe garantizar que las mujeres puedan interrumpir voluntariamente su embarazo».
A este respecto, Begoña Vera, periodista y activista, asegura que «las diferentes consejerías de las distintas Comunidades Autónomas, tienen la obligación de cubrir esas necesidades para todas las mujeres independientemente de cuál sea el lugar en el que habita».
