Canarias no los aceptará en los centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada
El Gobierno de Canarias ha publicado en su boletín oficial un protocolo que resume su postura en su pulso legal que ha abierto respecto a la tutela de los menores llegados en patera. Competen inicialmente al Estado y no los aceptará en sus centros de acogida si no llegan correctamente identificados y con una asignación individualizada.
La red de menores de Canarias lleva meses desbordada por la continua llegada de pateras y cayucos a las islas y el bloqueo de la reforma legal que pretendía distribuir de forma obligatoria su acogida entre todas las comunidades. En vista de que los traslados voluntarios pactados con otras autonomías no han funcionado.
Más de 5.300 menores acogidos en Canarias
Con más de 5.300 menores africanos en sus recursos sociales, hace dos semanas se produjo un incidente en El Hierro (donde no quedaban ya plazas) que llevó al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a anunciar que iba a tomar medidas de carácter legal. Para proteger los derechos de los menores y evitar riesgos jurídicos a los trabajadores de los centros de menores (tanto empleados públicos como de ONG).
En la misma línea, adelantó que, en adelante, el Gobierno canario entendería que un menor rescatado por Salvamento y entregado a la Policía en el puerto o interceptado por las Fuerzas de Seguridad en la costa «no está abandonado ni desamparado, sino bajo custodia del Estado». Por lo que no compete directamente a la comunidad autónoma su acogida. Y exigió, además, que si después ese niño es entregado al Gobierno de Canarias para que lo tutele, «se cumplan los protocolos».
«Poner fin al desorden»
El Boletín Oficial de Canarias publicó el 12 de septiembre un protocolo con el que el Gobierno de Clavijo dice expresamente que quiere poner fin al «desorden» que observa desde hace meses en la entrega de menores inmigrantes a la comunidad. Lo que con frecuencia se hace solo con «un acta o listado» que no permite identificar a cada chico, poniendo así en peligro sus derechos, advierte.
«La debida trazabilidad del menor está en riesgo y se posibilita la confusión de identidades entre menores, como ha ocurrido», dice ese texto. Lo hace en los fundamentos que preceden a los artículos con las condiciones de entrega que Canarias exige al Estado que respete.
Este es un resumen de sus principales puntos:
1) Canarias entiende que los menores llegados a la costa en pateras o cayucos «no están desamparados, porque cuentan con la atención inmediata del Estado. Que asume responsabilidades internacionales de rescate en el mar y las competencias constitucionales de control de fronteras y de flujo migratorio hasta su debida asignación o ubicación. Según la situación jurídica en que se encuentren».
2) Antes de asignar a un menor a la comunidad de Canarias, este debe ser oído, «con intervención del Ministerio Fiscal en salvaguarda de sus derechos«.
3) Para que un menor sea aceptado en la red de Canarias, antes ha de estar identificad. Hay que inscribirlo en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañado. Y es preciso que se dicte una «resolución individualizada por el órgano correspondiente del Estado, previa audiencia del menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal».
Disponibilidad de plazas
4) La entrega se producirá cuando la comunidad de Canarias «verifique» que tiene plazas disponibles.
5) El menor deberá contar con «documentación individualizada. Que garantice su correcta identidad y circunstancias individuales, entre ellas las circunstancias en que fue hallado y cuantos datos sean de interés para los derechos del menor».
6) Antes de ser entregado a Canarias, el Estado debe entrevistar al menor para conocer si es un potencial solicitante de refugio, asilo o protección internacional (materias que no son competencias de la comunidad). O si tiene algún familiar en España o cualquier otro país de la Unión Europea «que lo pueda acoger».
7) Si existen dudas de que se trate de un menor, se exigirá una resolución cautelar o urgente del Ministerio Fiscal. Que determine si debe ir a una recurso con otros niños y adolescentes. O, por el contrario, se le ha de ofrecer ayuda en un centro de adultos.
8) Toda la documentación entregada con el menor para cumplir este protocolo será comprobada por la Policía Canaria o «por un funcionario público autonómico».
Clavijo defiende que el acuerdo sobre la tutela de menores migrantes vela por su seguridad
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado que el acuerdo del Consejo de Gobierno del pasado 2 de septiembre sobre la nueva forma de interpretar a quién le corresponde la tutela de los menores migrantes llegados por mar a las islas «vela por la seguridad jurídica del menor» y está avalado por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma.
«No se puede entregar un menor con una hoja de albarán, sin una fotografía, sin una reseña, sin una toma de una huella dactilar… Lo que nos preocupa a todos es la seguridad jurídica del menor», ha defendido el presidente autonómico. Clavijo ha ahondado en que la situación de emergencia «se estaba convirtiendo en una situación de absoluta normalidad».
«Y para nosotros no es normal que no se respeten los derechos de los menores. No es normal que no se respeten los tratados internacionales. No es normal que en el primer mundo que se supone que estamos les demos un trato de esa manera a esos niños y esas niñas. Que, insisto, muchos han visto cómo hermanos, padres, tíos o madres han sido tirados por la borda de la travesía porque han muerto», ha concluido.
Los servicios jurídicos del Gobierno de España analizan el protocolo
Los servicios jurídicos del Gobierno de España están analizando el protocolo respecto a la tutela de menores migrantes no acompañados. Así lo ha anunciado el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El ministro ha precisado, eso sí, que este análisis jurídico se lleva a cabo con cualquier publicación que se haga en los boletines oficiales de las comunidades autónomas y de las provincias.
«Se ha publicado un protocolo en el Boletín Oficial de Canarias está siendo analizado, obviamente, por los servicios jurídicos del Gobierno de España. Por si pudiera tocar alguna competencia que es estatal, algo que se hace siempre que se hace alguna publicación«, ha dicho Ángel Víctor Torres.
Ha vuelto a insistir en que se debe ser «responsable» en las afirmaciones que se hagan respecto a la situación migratoria por la que atraviesan Canarias y Ceuta. Sobre todo «si realmente se cree que los menores que llegan son población vulnerable».
Denuncia de una ONG
Por otra parte, la Red Española de Inmigración y Atención al Refugiado ha presentado un recurso contencioso administrativo por la posible vulneración de derechos en el protocolo de acogida de menores en Canarias.
