Los sindicatos acusan al ministerio de no cumplir con las indemnizaciones por despido que exige Europa, mientras que la patronal quiere evitar el debate y recuerda que la reforma laboral se firmó hace tres años
El Ministerio de Trabajo abrió este lunes la mesa de diálogo social para la reforma integral del despido. Los sindicatos quieren que se acomode a las resoluciones del Comité Europeo de Derecho Sociales (CEDS), que ha advertido a España de que las indemnizaciones por despido improcedente son insuficientes para compensar el daño moral que sufre la persona despedida.
A la espera de que Trabajo traslade su propuesta de reforma a los agentes sociales, la patronal CEOE ha manifestado públicamente que no volverá a la mesa porque considera que el Tribunal Supremo ya se ha manifestado a favor de los empresarios.
El Supremo, en una sentencia del pasado julio, concluyó que las decisiones del CEDS no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares, y recordó que la doctrina constitucional ha manifestado que la indemnización tasada de la legislación española es oportuna.
Un nuevo modelo de despido
Por su parte, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la figura del salario de tramitación, suprimida con la reforma laboral de 2012 y que daba derecho a cobrar la nómina entre el despido y la sentencia judicial que declaraba su improcedencia o nulidad, pero ha abogado por un nuevo modelo de despido que compense el daño de otra forma.
«Claro que sí», ha contestado la vicepresidenta segunda del Gobierno cuando le han preguntado en TVE por la conveniencia de recuperar el salario de tramitación, aunque al mismo tiempo ha apostado por avanzar hacia un despido restaurativo, en el que la indemnización se adapte a las circunstancias de la persona despedida.
Fuentes del Ministerio de Trabajo han explicado que los salarios de tramitación no entran en la lógica de ese despido restaurativo, sino en la del despido tasado, el que indemniza con 33 días por año trabajado cuando no está justificado (improcedente). No obstante, añaden que los salarios de tramitación se usaron para proteger a las personas con menos antigüedad y mayor precariedad, y que esa filosofía tendría que mantenerse en el cambio de modelo.
