Se abre el proceso para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria

El Gobierno avanza que el miércoles se hará la misma publicación relativa al archipiélago formado por las Illas de San Simón y San Antón, en Pontevedra

El BOE publica este martes el acuerdo del 19 de agosto, que se abre el proceso para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria, en coincidencia con la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez y de la comisionada para la celebración de 50 años en Libertad, Carmina Gustrán.

Se abre el proceso para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria. Imagen de archivo del Pazo de Meirás, en Galicia.
Se abre el proceso para declarar el Pazo de Meirás como Lugar de Memoria. Imagen de archivo del Pazo de Meirás, en Galicia.

Los Lugares de Memoria Democrática son una figura recogida en la Ley de Memoria Democrática de 2022 y que promueve la publicidad y conocimiento de los mismos, con el objetivo de conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollado hechos de singular relevancia para la memoria democrática.

El BOE publica este martes el acuerdo del 19 de agosto, en coincidencia con la visita del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, al Pazo de Meirás, y de la comisionada para la celebración de 50 años en Libertad, Carmina Gustrán para declararlo Lugar de Memoria.

A través de un comunicado, el Gobierno avanza que el miércoles se hará la misma publicación relativa al archipiélago formado por las Illas de San Simón y San Antón (Redondela, Pontevedra), que las visitarán esa misma jornada.

Proceso de doce meses

El procedimiento, que tiene una duración máxima de doce meses, empieza con la propuesta de medidas de protección genéricas y medidas de difusión e interpretación, que implican el impulso de «recursos audiovisuales y digitales explicativos» junto con la promoción de «la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como se señalización de punto de reconocimiento de las víctimas».

El Pazo de Meirás, construido a finales del siglo XIX, fue el lugar de trabajo de la escritora Emilia Pardo Bazán y, en 1938, entregada al dictador Francisco Franco para sus vacaciones estivales, tras una recaudación forzosa de fondos y expropiación de terrenos impulsada entonces por una junta de afines al bando sublevado.

A partir de ahí, fue la residencia oficial de verano del dictador y, posteriormente, pasó a su familia hasta que la Justicia determinó en 2020 que el proceso de venta fue fraudulento y que la propiedad era del Estado, debido a su prolongado uso público.

Illas de San Simón y San Antón

Las Illas de San Simón y San Antón, por su parte, se diseñaron como un lazareto -están repletas de árboles medicinales plantados de forma específica y ese fue su uso más prolongado- y se utilizaron como campo de concentración franquista tras el estallido de la Guerra Civil y hasta principios de la década de 1940.

A partir de octubre de 1936, la Illa de San Simón se convirtió en una colonia penitenciaria en la que los sublevados recluyeron a presos republicanos llegados en un primer momento de la provincia de Pontevedra y de toda Galicia, y, posteriormente, de otros lugares de la geografía española, especialmente desde Asturias.

El penal, donde se amontonaban los presos, estuvo abierto entre octubre de 1936 y el 15 de marzo de 1943. Por allí pasaron más de 5.600 personas recluidas. A finales de enero de 1943, apenas dos meses antes de que fuera clausurado, ingresó el recluso que hacía el número 5.616, aunque en ningún momento llegaron a coincidir al mismo tiempo más de 2.000 prisioneros.

Desde febrero de 1939, y hasta que el penal se desmanteló a principios de 1943, se vivió la etapa más funesta de este espacio, con la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española. Entre sus muros se tienen contabilizadas más de 517 muertes, además de las que se produjeron por ‘paseos’ y fusilamientos, según un comunicado del Ministerio de Memoria Democrática.

Sobre la declaración del Pazo de Meirás, 25 colectivos memorialistas gallegos denunciaron este lunes su exclusión del proceso por parte del Gobierno -pues el expediente se incoa de oficio al dejar caducar en junio la petición de estas entidades- y el blanqueamiento del expolio de los Franco

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