El pleno convalida con el apoyo de CC, PP, Vox, ASG y AHI, y el rechazo de PSOE y NC-BC, el decreto del Gobierno de medidas urgentes en vivienda que no será tramitado como proyecto de ley
El Pleno ha convalidado con el apoyo de CC, PP, Vox, ASG y AHI, y el rechazo de PSOE y NC-BC, el decreto del Gobierno de medidas urgentes en vivienda que no será tramitado como proyecto de ley.
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha señalado que «había que hacer algo más» porque el plan canario de vivienda es «insuficiente», con solo 2.000 viviendas planificadas.
Ha dicho que el decreto trata «hacer cosas distintas» y facilitar la disponibilidad de suelo, la construcción de vivienda protegida, simplificar trámites administrativos, transformar locales y oficinas en vivienda, reconvertir edificios terciarios en viviendas dignas o terminar viviendas inacabadas «y sin consumir más suelo del planificado». El consejero ha criticado la «falsedades y medias verdades» de algunas fuerzas de la oposición pues el decreto «no vulnera la autonomía local» ni es un «golpe de estado», defendido por el Consejo Consultivo y la propia Fecam.
En todo caso ha explicado que «no es el punto y final» de la política de vivienda pues va a haber un programa para actuar sobre las 20.000 viviendas vacías que hay en las islas y se va a recuperar el de ‘hipoteca joven’. El objetivo, ha apuntado, es incentivar a que el sector privado construya vivienda pública.
Patricia Hernández (PSOE) ha cuestionado el «cuajo» de Rodríguez al atacar al anterior Gobierno cuando «no construyó ni una vivienda» entre 2015 y 2019 y ahora cree que al nuevo Ejecutivo se le «ve el plumero» porque el decreto no va a mejorar la emergencia habitacional dado que no regula precios, no pone límites al alquiler vacacional ni pone viviendas vacías en el mercado.
Ha señalado que los constructores «aplauden con las orejas» el nuevo decreto porque van a «hacer negocio» y ha echado en falta a la Consejería no hacer un buen diagnóstico de la situación. «No priman el interés de los vulnerables», ha comentado. En su opinión, el Gobierno trata de «enterrar las leyes y los planeamientos» con un «disparate» pues se puede construir vivienda a costa de equipamientos públicos y «favorecer a los de siempre».
Raúl Acosta (AHI) ha mostrado el apoyo de su grupo al decreto porque se ha actuado «rápido» para tratar de buscar soluciones al problema de la vivienda, subrayando que tanto cabildos como ayuntamientos están «cómodos» con la norma, que permite actuar con instrumentos «extraordinarios».
«No deberíamos ralentizar este proceso», ha señalado, de ahí que se oponga a su tramitación como proyecto de ley.
Melodie Mendoza (ASG) ha dicho que todos los grupos deben hacer aportaciones al decreto, que sirve para «paliar» la «difícil situación» que se sufre en el mercado de la vivienda tras muchos años de «escasa gestión».
Ha indicado que el decreto ha pasado el filtro del Consejo Consultivo si bien hay «controversia» por un voto particular que entiende que hay dos artículos inconstitucionales, al tiempo que ha tildado de «injusto» que no se reconozca el trabajo que hizo el Gobierno anterior con la redacción del plan de vivienda.
Vox: «Hasta ahora se ha hecho bien poco»
Paula Jover (Vox) ve «imprescindible» que se garantice el acceso de las familias a una vivienda digna y por ello exige un «cambio» en la política de vivienda porque «se ha hecho bien poco» cuando hay una «emergencia habitacional» en el archipiélago. Ha cargado contra la ley estatal de vivienda y sus efectos en Canarias y aunque ha reconocido la oposición del Cabildo de Fuerteventura, ha destacado que el decreto no vulnera la autonomía de las corporaciones locales.
La diputada conservadora ve con «inquietud» que la emergencia se pueda mantener en el tiempo dado que el decreto deja a un lado el planeamiento, al tiempo que ha advertido de que los locales finalmente no sean dedicados al uso de vivienda.
Luis Campos, portavoz de NC-BC, ha destacado que la política de vivienda «es la más importante» del Gobierno regional y reivindicado la gestión del ‘Pacto de las Flores’, con un plan de vivienda dotado con 600 millones. Ha dicho que no hace falta construir más viviendas para favorecer la «especulación inmobiliaria», ha acusado al Gobierno de «secuestrar» el debate, sin participación de cabildos, ayuntamientos y ciudadanía y solo pactado con el sector empresarial «en un chalet con piscina».
Ha indicado que es un decreto «desarrollista que se salta el planeamiento» y está centrado en la búsqueda de nuevos suelos para fomentar la construcción «y sin ningún tipo de límite ni estudios previos».
Jennifer Curbelo (PP) ha comentado que el ‘Pacto de las Flores’ dejó a Canarias con la tasa más alta de población en dificultades para afrontar el pago de la vivienda y el parque público es «insuficiente», pues no llega ni al 1% cuando la media europea es del 9%. Ha dicho que el plan de vivienda de la pasada legislatura no se ejecutó y fue una más de las «mentiras» del Gobierno de Torres, lo que obliga al Ejecutivo a presentar un decreto urgente dado que «no hay ni un minuto más que perder».
CC no ve vulneración de competencias
Javier Pérez Llamas, del Grupo Nacionalista, ha indicado que el decreto ley llega en un «buen momento» pues los precios están un 35% por encima de la ‘crisis del ladrillo’ de 2008 y apenas se han entregado 100 viviendas públicas del plan regional. Ha indicado que el decreto no invade competencias de cabildos y ayuntamientos, es constitucional y está avalado por el Consejo Consultivo ante la necesidad urgente de actuar sobre el mercado de la vivienda.
Otros acuerdos
Entre los primeros acuerdos el pleno ha acordado, con la abstención de Vox, instar al ejecutivo canario para que en el plazo de un año apruebe una estrategia del talento innovador de Canarias, y que se dote de los fondos necesarios para desarrollar las acciones que contenga.
Esta petición se hace en una proposición no de ley del grupo Socialista, que aceptó una enmienda de los grupos que apoyan al gobierno regional para que el plazo de aprobar la estrategia sea de un año, en lugar de seis meses como había planteado el PSOE.
La proposición no de ley ha sido defendida por la diputada Elena Máñez, anterior consejera de Economía del Gobierno canario, que no aceptó dos enmiendas de Vox porque, ha dicho, se trata de una formación sectarista.
Según se indica en la propuesta, la estrategia debería abarcar fases como detección, desarrollo, retención y atracción del talento así como conectarlo con el exterior. Además, se pide que no se olvide la perspectiva de género en todas las acciones a desarrollar.
Traslado de la momia guanche a Tenerife
El pleno también ha aprobado, con el rechazo de Vox, una Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista en la que se solicita el traslado de la momia guanche que se exhibe desde 2015 en el Museo Arqueológico a Nacional hasta Tenerife.
La momia guanche, única por su excelente estado de conservación, procede del barranco de Erques, entre Arico y Güímar, y se cree que pertenecía a la gran cueva sepulcral en la que fueron halladas centenares de momias, según cuenta el historiador Viera y Clavijo (1772-1773), que fecha el hallazgo entre 1763/64.
Así, se sabe que era un varón de unos 30 o 40 años, de 1,62 metros de altura, con toda su dentadura conservada y que vivió en Tenerife hace más de 850 años.
Está en Madrid desde 1763
La momia se encuentra en Madrid desde 1763 cuando fue entregada al rey Carlos III como un regalo. El monarca la incluyó en su Gabinete de Historia Natural y más tarde pasaría por otras colecciones privadas y museos hasta que llegó a manos del doctor Velasco, un médico, paleontólogo y taxidermista que la sometió a un tratamiento que permitiría su mejor conservación.
La diputada del Grupo Nacionalista Ana Oramas ha recordado la figura de algunos políticos que defendieron el «trabajo común» por Canarias como Jerónimo Saavedra, Juan Carlos Alemán o Adán Martín, y apelando a esa forma de concebir la política, ha reclamado la vuelta de la momia guanche a Tenerife.
Ha lamentado que todos los gobiernos nacionales se han opuesto a este trasladado por razones políticas o cuestiones «técnicas», como los «riesgos irreparables» que podría suponer el traslado, algo que Oramas ha dado por «superado» pues ha habido congresos de momias en Canarias e incluso, en 2013 llegaron dos desde Argentina que se exhiben ahora en Tenerife.
Yone Caraballo (NC-BC) ha comentado que esta propuesta «une» a los nacionalistas canarios porque sirve para «visibilizar» la memoria histórica de las islas, que ha estado «invisibilizada» tras la llegada de los conquistadores castellanos. Ha dicho que hay que tener una visión «más humanista y ética» en el tratamiento de los restos humanos y ha solicitado también que se cree una comisión para abordar como se deben exponer las momias en los espacios museísticos –enmienda descartada por CC, que ha pedido una iniciativa en solitario–.
Raúl Acosta (AHI) ha afirmado que Canarias cuenta con un «rico patrimonio arqueológico» en todas las islas y no ve «justificable» que la momia se exhiba fuera de Tenerife cuando se dan las condiciones técnicas en la isla. «La negativa del Gobierno no tiene sentido con los actuales medios», ha señalado.
Melodie Mendoza (ASG) ha reconocido la «complejidad» de este posible traslado pues hay riesgos de que sufra algún «deterioro» y lamentado que se lleve unos 30 años con esta reivindicación. «Nuestro deseo es que podamos tenerla pronto en Canarias», ha apuntado.
Tamara Raya (PSOE) ha apuntado que «proteger y difundir» el patrimonio es una obligación, y el traslado de la momia a Tenerife forma parte de la «identidad» de las islas y «es un derecho» de Canarias a conservar su historia.
El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha afirmado que la PNL tiene un error técnico con el origen del museo y ha defendido que el Museo Arqueológico Nacional recibe hasta seis veces más visitantes que el MUNA y, por tanto, conocen más la cultura canaria si la momia sigue ahí. «Traerla sería un error», ha señalado.
Rebeca Paniagua (PP) ha apuntado que el Cabildo de Tenerife ya ha cursado también la reclamación del traslado de la momia, algo que se ha hecho hasta en ocho ocasiones, y entiende que ahora se trata de que todas las instituciones estén «a una» dado que ya se dan las condiciones técnicas para poder hacerlo hasta el MUNA.
Carreteras afectadas por el volcán de La Palma
El Parlamento ha aprobado una proposición no de ley que declara de emergencia las obras de reconstrucción de las infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal, insular o autonómica, en especial la red de carreteras, afectadas o destruidas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma.
Con la proposición de ley, que no es vinculante y ha sido aprobada con los votos a favor de los grupos políticos que apoyan al Ejecutivo canario, el Parlamento insta al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que realice las modificaciones legislativas oportunas, a fin de que las obras de reconstrucción afectadas o destruidas por la erupción del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, se declaren de emergencia.
También la cámara insta a que realice las modificaciones legislativas oportunas para que los expedientes de contratación referidos a las obras de reconstrucción estén excluidos de la evaluación de impacto ambiental, así como de los informes o autorizaciones exigibles por la legislación sectorial.
El diputado de CC José Pérez ha denunciado que durante la erupción volcánica de 2021 en La Palma se comprobó que la legislación no siempre protege al ciudadano, pues «la parte técnica, la parte política y los ciudadanos no siempre van de la mano». No obstante, ha puesto en valor el trabajo técnico de profesionales «que en infinidad de ocasiones se ven condicionados a dar una negativa a proyectos e informes que con el corazón firmarían con los ojos cerrados».
Respecto a la enmienda que ha presentado Nueva Canarias, que ha sido rechazada y proponía, según ha precisado la diputada Esther González «más razonable y viable» para que los procedimientos se lleven a cabo mediante imperiosa urgencia, ha dicho que no se puede aceptar porque cambia «totalmente» la PNL.
A su juicio, Nueva Canarias no han comprendido el fondo de la PNL, pues no se pretende saltarse la legalidad vigente, sino que» el Gobierno de España empatice con la isla de La Palma y con los tres municipios afectados por la erupción volcánica».
«Nos hubiera gustado contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas y que se entendiera a separar entre urgencia y emergencia, que no es lo mismo», ha lamentado el diputado de CC, quien no ha contado con los votos de NC, PSOE y VOX, que consideran que el procedimiento de urgencia solo es para situaciones extraordinarias y han defendido otras vías.
Empleo público
El Parlamento también ha instado al Gobierno español a modificar las leyes que sean precisas para cumplir con la sentencia europea sobre empleo público temporal, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya instado a España a convertir en fijos a los trabajadores interinos públicos de larga duración.
La Cámara ha dado por unanimidad el visto bueno a una proposición no de ley que, aunque no es vinculante, insiste en la necesidad de que el Ejecutivo español lleve a cabo las modificaciones normativas que procedan en la legislación en materia de empleo público temporal para dar cumplimiento a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La diputada de CC Socorro Beato, que ha defendido la propuesta, ha reclamado que se haga justicia con el personal de las administraciones públicas en abuso de temporalidad, ya que, según ha dicho, hay miles de empleados públicos en todas las administraciones canarias en situación de abuso de temporalidad por haber encadenado contratos durante décadas en las áreas de sanidad, de educación y en la administración general.
