El Gobierno de España prorroga las medidas en respuesta a las consecuencias del volcán de La Palma sociales y económicas. Con esta prórroga, pretende proteger a la población y el tejido productivo mientras se avanza en la recuperación de la Isla
El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este sábado ha aprobado el Real Decreto Ley. Decreto por el que se adoptan y se prorrogan las medidas para responder a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania; para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica; y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
Este Real Decreto Ley incluye, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, la prórroga de algunas de las medidas adoptadas para hacer frente a la emergencia generada por la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
De esta manera, se prorrogan las medidas hasta el 31 de diciembre los ERTEs y la prestación por cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados. Se extienden también por tres meses los aplazamientos y las moratorias en el pago de cuotas de la Seguridad Social. Se prorroga el plazo de solicitud de ayudas por parte de los afectados, que dispondrán hasta 6 meses después de la declaración de fin de la emergencia.
Objetivo: proteger a la población y el tejido productivo
La erupción del volcán de Cumbre Vieja en La Palma el pasado 19 de septiembre obligó a evacuar amplias zonas de esta isla ante el avance de la lava. Afectó de forma directa a la actividad económica y generó una situación similar a la ocasionada por la COVID-19 en lo que respecta a las consecuencias para empresas y personas trabajadoras.
Esto hizo necesario establecer la posibilidad de que las empresas y personas trabajadoras afectadas se beneficiasen de medidas extraordinarias. Medidas en materia de cotización y protección por desempleo, siguiendo el esquema previsto para los expedientes relacionados con la COVID-19.
Efectos laborales y sociales que persisten
Las medidas extraordinarias se incluyeron en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo, cuya vigencia fue extendida por el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero.
El vencimiento de estas medidas estaba previsto para el próximo 30 de junio. Sin embargo, y dado que los efectos laborales y sociales provocados por la erupción persisten, se ha propuesto prorrogarlas. El objetivo es seguir protegiendo a la población y al tejido productivo mientras se continúa avanzando a su vez en la recuperación económica y social. Así como en la reconstrucción de la isla. El trabajo se realiza en colaboración y coordinación con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados.
Según el Gobierno, los trabajos allí no terminarán hasta que todos y cada uno de sus habitantes hayan recuperado sus proyectos de vida.
