El presidente de COAG Canarias, Rafael Hernández se ha acogido a su derecho a no declarar por presunta explotación laboral a menores migrantes
El presidente de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG) en Canarias, Rafael Hernández, y su hija, Elisa Hernández, se han acogido a su derecho a no declarar ante la Fiscalía de Las Palmas de Gran Canaria este lunes, en el marco de la investigación que los señala como presuntos autores de un delito de trata con fines de explotación laboral a menores migrantes.
Ambos comparecieron en calidad de investigados tras la denuncia presentada por un vecino de la finca de Hernández, quien alertó a las autoridades de la presencia de menores migrantes trabajando en las plantaciones.
Declaraciones de los testigos
Previamente a la comparecencia de Rafael Hernández, declararon dos testigos clave: un extrabajador de la ONG Oportunidad de Vida, presidida por Hernández, y su esposa, ingeniera agrónoma que trabajó como docente en la organización.
El extrabajador, Juan Carlos G., denunció haber sufrido un «fuerte y duro hostigamiento judicial» a raíz de este caso. Aportó además información que corrobora la presencia de menores trabajando en la finca de Hernández, hecho que también confirmó la Inspección de Trabajo.
Expediente sancionador suspendido
Cabe destacar que, como consecuencia de la denuncia inicial, la Policía de Extranjería y la Inspección de Trabajo levantaron un expediente sancionador contra Hernández. Este expediente ha sido suspendido cautelarmente a la espera del resultado de la investigación penal, pero según el citado testigo, «acredita los hechos» denunciados.
