El TSJC reconoce que la trabajadora social cumple «sobradamente» con los requisitos para cobrar este plus en su labor diaria en un centro cívico
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha reconocido a una trabajadora social del Ayuntamiento de Arona, en Tenerife, el derecho a cobrar un plus de peligrosidad al entender que las labores que realizan cumplen «sobradamente» los requisitos para percibirlo.
En el caso de esta trabajadora, se le deberá abonar 2.000 euros de entre los meses de febrero de 2021 a agosto de 2022. El TSJC rebajó la cifra de los iniciales 4.000 euros fijados por un Juzgado.
Riesgo de agresiones
El TSJC concluye que las labores que desarrolla “cumplen sobradamente los requisitos exigidos para percibir este plus en la medida que existe el riesgo manifiesto de ser objeto de agresiones verbales y físicas cuando lleva a cabo sus cometidos tanto en dependencias municipales como en las visitas”.
La empleada presta sus servicios los martes y jueves en un centro cívico donde los Servicios Sociales ocupan la primera planta. El centro cuenta con ventanas que dan a la calle y atiende tanto a los que acuden con cita previa como a los que no la han concertado.
La trabajadora basa su petición en que el Centro no cuenta con ningún servicio de seguridad privada o policial, “ni botón del pánico”. Únicamente disponen de un bedel en la planta baja que no controla la entrada de usuarios.
La trabajadora alegó que en muchas ocasiones, quienes asisten a las dependencias muestran una conducta violenta, por lo que han tenido que solicitar la asistencia de efectivos policiales. Los agentes también la acompañan el resto de días de la semana a lugares aislados como chabolas o edificios abandonados.
A estos enclaves se desplaza para efectuar el censo de personas desarraigadas, personas con discapacidad psíquica, alcohólicos y drogodependientes. Se queja de que la policía permanece en la entrada mientras ella debe entrar a las viviendas para realizar su trabajo.
En el juicio celebrado en su día compareció como testigo una trabajadora que se encuentra en la misma situación y que también pide que se le aplique el plus de peligrosidad, tal y como se le reconoció en su momento a otra empleada con las mismas funciones.
