Rodríguez, a favor de que Visocan «pueda endeudarse» para promover la construcción de vivienda pública

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, dice que Visocan tiene suelo que podría hipotecarse y hacer promociones con fondos pero habriá que buscar «el encaje legal»

Vídeo RTVC.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado este jueves que hay que buscar «la fórmula» para que Visocan «pueda endeudarse» y así poder impulsar la construcción de vivienda pública.

En respuesta a una pregunta de NC-BC en comisión parlamentaria ha indicado que la empresa, una sociedad mercantil que dependen del Gobierno canario, «tiene un patrimonio en activos de cientos de millones de euros» como propietaria de viviendas «pero no puede ni hipotecarlas ni endeudarse porque está consolidado en el marco del presupuesto».

Ha comentado que Visocan «tiene mucho suelo, puede hipotecar el suelo y hacer promociones de vivienda con fondos» pero hay que buscar el encaje legal pues, por ejemplo, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) tiene interés en la empresa porque hay «garantías de cobro», pero «el problema es que computa en el endeudamiento conjunto de la comunidad autónoma y eso es una limitación a día de hoy para poder hacer promociones».

La demanda de vivienda pública «ya no tiene el mismo perfil»

Rodríguez ha dicho también que la demanda de vivienda pública en las islas no tiene el mismo perfil pues «lo que antes afectaba a jóvenes en familias más vulnerables» hoy lo sufre «gran parte de la población» pues hay un problema de oferta debido al crecimiento demográfico.

«El problema es que hay una falta de stock de vivienda que hoy va usted a cualquier portal para no hacer publicidad y no encuentra vivienda aunque tenga un gran sueldo, entonces nos hace falta actuar en todos los ámbitos», ha dicho la diputada de NC-BC, Carmen Hernández.

El consejero ha defendido la coordinación entre Visocan y el Icavi pues en el último año y medio se ha iniciado la construcción de más de 1.000 viviendas.

El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, se reúne en Bruselas con la responsable de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Dirección General de Movilidad de la Comisión Europea
El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez. EP

Carmen Hernández ha incidido en la «falta de coordinación» entre el Icavi y Visocan, tal y como refleja el último informe de la Diputación del Común, que alerta de una «desconexión» entre ambas entidades, que achaca quizás a una «falta de cultura de trabajo coordinado» a un «recelo funcionarial».

Ha señalado que Visocan «ha jugado a lo largo de la historia de esta tierra un papel crucial en la construcción de vivienda pública y lo han hecho bien en la mayoría de los parques» y no entiende «por qué se lleva más sin una verdadera apuesta por construir nueva vivienda».

NC-BC critica el uso de la RIC para vivienda

«Cuando le he preguntado a los que saben me han contestado porque no tienen suficiente dinero porque no se les permite usar la deuda pública para construir y porque hay falta de coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda», ha comentado, abriendo la puerta también a la diferencia de intereses de CC y ASG, que gestiona Visocan.

Por ello ha pedido al consejero que «no mantenga esa actitud continuista» y se atreva a hacer cambios con una «apuesta decidida» para que Visocan «cumpla su misión social que es construir vivienda».

La diputada canarista ha criticado la reforma del REF para que se pueda usar la RIC en la construcción de vivienda porque va a «favorecer la especulación» con el negocio de la vivienda, lo que demuestra cuáles son sus «prioridades políticas».

En ese sentido se ha preguntado «quién va a atender» la lista de espera de los casi 30.000 demandantes de vivienda pública pues la RIC se va a materializar en vivienda libre «a precio asequible», un concepto jurídico «indeterminado, es decir no se sabe qué dice».

Así, ha explicado que si el precio lo «marca el mercado» habrá un problema porque los precios en el archipiélago están «disparatados».

En su opinión, «el Gobierno va a favorecer que los grandes inversores y las grandes empresas utilicen su ahorro fiscal en construir vivienda no para resolver el problema de la vivienda de las clases trabajadoras ni de los jóvenes, sino para aumentar su patrimonio, que cinco años después de haberla puesto en alquiler a precios disparatados porque son precios de mercado, lo recuperarán con patrimonio, y por tanto aquí no habremos resuelto nada».

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