Con un aumento de 39 millones de euros, la nueva asignación supera los 81 millones de euros concedidos previamente por el Estado
La directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias, María Fernández, convocó este lunes a la Mesa del Transporte Terrestre de Canarias. El objetivo de este encuentro dar a conocer que el Gobierno de Canarias logró que el Ministerio incremente a 120 millones de euros la partida destinada a la gratuidad del transporte público, tras las negociaciones mantenidas con el Estado.
Fernández destacó que “este Ejecutivo ha logrado un avance respecto al año pasado. El Gobierno del Estado nos ha reconocido 120 millones de euros, frente a los 81 millones del año anterior”.
Gasto plurianal
Sin embargo, también quiso expresar su preocupación por el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 28 de febrero, en el que se establece que la financiación de esta partida será mediante un gasto plurianual.
“Aunque el incremento en la partida destinada a la gratuidad es una buena noticia, la fórmula establecida por el Ministerio continúa siendo insuficiente para satisfacer, de manera adecuada, las demandas y necesidades reales del transporte público en Canarias. Esta circunstancia, que ya generaba tensiones de tesorería y dificultades en la gestión operativa del transporte público, se verá agravada con la reducción del importe anual dentro de este nuevo esquema de gasto plurianual, que intensificará aún más esta presión y generará un problema para los cabildos y los operadores de transporte, ya que los pagos se repartirán en dos transferencias, una de 78 millones de euros este año, y otra de 42 millones en 2026, lo que complica mucho la planificación financiera”.
En este sentido, Fernández insistió en que “el Gobierno de Canarias, de la mano de los cabildos insulares, elaborará una carta conjunta para enviarla al Ministerio, con el objetivo de gestionar mejor esta buena medida y seguir consolidando el uso del transporte público en Canarias”.
Modificación de la Ley 13/2007
Durante el encuentro, la directora general y el resto de asistentes también analizaron las alegaciones presentadas por el sector a la modificación de la Ley 13/2007 de ordenación sostenible del transporte terrestre de viajeros.
“En la reunión anterior, el sector expresó que el borrador de la legislatura pasada no les resultaba útil, y nos solicitaron que abordáramos un nuevo enfoque. Por eso, en esta ocasión, les vamos a trasladar las conclusiones previas de un informe jurídico que hemos preparado, con el objetivo de seguir avanzando en la modificación de la ley, de manera que se ajuste mejor a las necesidades del sector y a la realidad actual”, añadió Fernández.
Asimismo, destacó que muchas de las propuestas planteadas podrán desarrollarse a través de modificaciones reglamentarias, que son más sencillas, evitando así reformas legislativas complejas.
