El ministro destaca que el Gobierno sigue defendiendo la actuación del fiscal general del Estado «en pro de la defensa de la verdad y la persecución de los delitos»
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha justificado este miércoles, en pro «de la verdad», la defensa del Gobierno de España al fiscal general, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo (TS) respalde la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos.
Torres matizó que el caso está en un «proceso de investigación, que tiene sus fases y en el que no unánimemente el Tribunal Supremo ha tomado una decisión», poniendo en valor que «hay un voto particular».
«El Gobierno de España sigue defendiendo la actuación del fiscal general del Estado en pro de la defensa de la verdad y la persecución de los delitos. Y por tanto, con el máximo respeto a las decisiones judiciales, también lógicamente al amparo que tiene la presunción de inocencia de cualquier persona, sí que ratificamos ese apoyo al fiscal general del Estado», apostilló.
De todos modos, criticó a quienes «piden responsabilidades a otros y no las asumen cuando ocurre en carne propia». Así, señaló que el PP, por ejemplo, ha reclamado dimisiones cuando, «ante circunstancias semejantes, han hecho que permanezcan en sus puestos responsables de su organización».
La DANA
Torres ha manifestado que ha solicitado, por escrito, al comisionado de la DANA de Valencia, José María Ángel, la documentación en relación a las acusaciones de haber falsificado su título para convertirse en funcionario. Asimismo, apuntó, que cuando tengan la información, la analizarán y adoptarán la «decisión pertinente».
El ministro aseguró que desde el Ministerio de Política Territorial se comunicó al comisionado de la DANA por escrito que trasladara «toda la información, todos los datos, acorde a lo que se había publicado» para que pueda, «con absoluta transparencia y objetividad, analizar toda» esa documentación.
Añadió que se está a la espera de que «eso se produzca» para analizar lo que se les entregue y tomar la decisión pertinente. «Ya hemos actuado al margen de lo que se publica», apuntilló para agregar que se estudiará la comunicación que se les presente con «absoluto rigor» y «se tomarán las decisiones oportunas».
Migración
Por su parte, Ángel Víctor Torres, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que diga si, en caso de gobernar, modificaría la ley que permite el reparto de menores inmigrantes entre las comunidades autónomas.
De hacerlo, «condenaría a esos menores a estar hacinados y a una comunidad a tener que asumir ella sola 6.000 menores, cuando hay comunidades con 8, 7, 6 millones de habitantes que dicen estar saturadas con apenas 600 menores».
«No es lógico que tengamos en Canarias 6.000 menores con una población de 2 millones de habitantes y siete islas», ha insistido Torres. Asimismo, el ministro ha pedido a las comunidades autónomas que tengan en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores inmigrantes solicitantes de asilo que lleguen a sus territorios.
«Son menores que han solicitado asilo, que están huyendo de una guerra, de una situación lamentable en sus países de origen, que han abandonado su hogar, que se han dejado atrás a sus hermanos, sus padres, su familia, que han llegado solos», ha destacado.
«Estamos hablando de personas vulnerables que están integradas en muchos casos en los colegios y centros educativos de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Baleares, de Andalucía».
El Supremo apremia al Estado
Así, el Tribunal Supremo ha dicho constatar que el Gobierno está trabajando para tramitar las solicitudes de los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo en Canarias. Aunque, ha insistido en que debe avanzar hacia su «pronta y completa» integración en el sistema de acogida de protección internacional.
Así lo ha señalado el alto tribunal en un auto, dado a conocer este miércoles, en el que analiza los pasos dados por el Ejecutivo para cumplir con su orden, emitida el pasado mes de marzo, de que acoja en sus recursos a los jóvenes peticionarios de protección internacional.
En su escrito, el Supremo dice haber constatado que este ha iniciado «casi la totalidad» de los expedientes para resolver las solicitudes de protección internacional, uno de los requerimientos que había hecho el Supremo.
Respecto al segundo extremo, el auto destaca que solo se ha cumplido con un reducido número de afectados. El tribunal dice ser consciente de las dificultades para llevar a cabo esta integración por la carencia de instalaciones del Estado para las especiales condiciones de estos menores pero subraya que, «a la vista de las circunstancias extremas en que se encuentran», la situación requiere de actuaciones «igualmente excepcionales».
