El acuerdo con ERC y EH-Bildu desbloquea la Ley de Vivienda, uno de los requisitos exigidos por Bruselas para recibir el cuarto tramo de los fondos de recuperación
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para introducir en la Ley de Vivienda un tope del 3 % en las renovaciones anuales de los contratos de alquiler en 2024, mientras que en 2025 se creará un nuevo índice «más estable e inferior a la evolución del IPC».
En rueda de prensa, el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, ha celebrado este viernes un acuerdo «importante, de enorme trascendencia en lo social y político», que además de eliminar el IPC como índice de referencia para la actualización anual de la renta de los contratos, incorpora nuevas medidas de protección frente a desahucios.
Para ERC y EH Bildu, el IPC «ha demostrado ser un índice que puede generar en pocos meses fluctuaciones enormes con aumentos disparatados que encarecen sin límite las rentas de alquiler al estar la renovación de los contratos indexados al mismo».
Para evitar «estos aumentos descontrolados», durante 2023 se aplicará el límite del 2 % en vigor, mientras que en 2024 será del 3 % y en adelante se creará un nuevo índice en estos términos, «más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual».
Definición de «gran tenedor»
Por otro lado, el acuerdo incorpora cambios en la definición de «gran tenedor», de modo que las comunidades autónomas podrán, en función de sus competencias y atendiendo a sus realidades, rebajar esta condición de los diez inmuebles establecidos por el proyecto del Gobierno a los cinco que finalmente se incluirán en la Ley.
Así, los propietarios que posean cinco o más inmuebles en un área tensionada, se considerarán grandes tenedores y se aplicarán las medidas y especificidades concretas para este tipo de propietario, con lo que se pretende evitar la especulación y el acaparamiento de inmuebles de los «fondos buitre» y demás fondos de inversión.
Desahucios
En materia de desahucios, se prohibirán aquellos sin fecha y hora predeterminada, una «demanda histórica de los movimientos por la vivienda para acabar con la incertidumbre e indefensión de los inquilinos», según ERC y EH Bildu.
También se incluyen nuevas prórrogas en los procedimientos de lanzamiento, que aplazarán los procesos más de dos años, y se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para las personas vulnerables.
Además, las comunidades autónomas podrán articular mecanismos propios de mediación y alternativa habitacional que consideren oportunos, forzando a los grandes tenedores que realicen desahucios a someterse a los mismos.
Por primera vez se reconocerá la capacidad de poder utilizar los fondos de los planes estatales de vivienda a ofrecer alternativas habitacionales para personas en riesgo de desahucio mediante alquileres sociales bonificados, realojamientos de personas en situación de vulnerabilidad o cualquier otra política similar.
Protección a los inquilinos
El acuerdo conocido hoy también contempla medidas de protección a los inquilinos; así, los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble correrán siempre a cargo del propietario.
Asimismo, se prohíbe aumentar las rentas de alquiler por la vía de nuevos gastos, que obligarían a los inquilinos a abonar gastos de comunidad, tasas de basura o cualquier otro no atribuible que no estuvieran acordadas previamente.
Del mismo modo, se eliminan las cláusulas que permitían la no aplicación de las medidas que contiene la Ley de existir un acuerdo entre las partes.
Antes del 28M
El Gobierno quiere que la Ley de Vivienda esté aprobada definitivamente en el mes e mayo antes de las elecciones autonómicas y municipales del 28M, y para ello intentará que se agilicen todos los trámites parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado.
Lo ha asegurado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde Leganés, donde ha visitado proyectos en materia de vivienda acometidos por el ayuntamiento de esta localidad madrileña, encabezado por el alcalde socialista Santiago Llorente, candidato a la reelección.
Mientras fuentes parlamentarias han apuntado el 11 de mayo como la fecha en que muy probablemente el pleno del Congreso dará luz verde a esta norma para su remisión al Senado, el ministro ha asegurado que el objetivo del Gobierno es que en el mes de mayo «esté ya aprobada» en las dos cámaras legislativas a fin de que «sea realidad muy pronto».
