El Ejecutivo declara urgente el procedimiento para actualizar un marco jurídico que tiene su origen en la Ley 14/1990 e incorporar la evaluación de políticas públicas, la capacitación digital y el uso de la inteligencia artificial
El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes tramitar por vía urgente el procedimiento de elaboración y aprobación del anteproyecto de Ley del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de actualizar de forma integral el marco jurídico que regula la organización y el funcionamiento del sector público autonómico.
La declaración de urgencia pretende reducir los plazos tanto de elaboración como de aprobación de una iniciativa legislativa acordada por el Consejo de Gobierno en diciembre de 2024 y acelerar su remisión al Parlamento, según señala el Gobierno en una nota.
El anteproyecto cuenta ya con un texto articulado y una memoria justificativa, elaborados a partir del trabajo desarrollado por una comisión creada específicamente para estudiar la futura norma.
Simplificación y eficiencia administrativa
La tramitación corresponde a la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia. En el proceso han participado profesionales del sector público y representantes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias.
La futura ley pretende establecer una regulación del sector público institucional de Canarias basada en parámetros modernos, con el objetivo de asegurar la eficiencia y la efectividad de la actuación administrativa, según recoge la nota del Ejecutivo.
El nuevo marco normativo busca garantizar de forma permanente la simplificación administrativa en todas sus dimensiones, identificar el régimen jurídico aplicable a las entidades que integran el sector público institucional autonómico, regular las relaciones interadministrativas y definir el marco normativo de la planificación.
Evaluación de las políticas públicas
Entre las principales novedades figura el diseño de un sistema de evaluación de las políticas públicas, que permitirá analizar las intervenciones del Ejecutivo y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas.
La iniciativa también vincula la nueva regulación con el proceso de transformación tecnológica de la Administración autonómica y pretende establecer un marco jurídico para cuestiones como la capacitación digital del personal, el gobierno del dato y la utilización de la inteligencia artificial en el sector público.
Un marco jurídico con más de tres décadas
El Gobierno de Canarias considera necesario superar un régimen normativo cuyo origen se encuentra en la Ley 14/1990, cuyo articulado ha quedado ampliamente afectado por las sucesivas reformas y por la aprobación de nuevas normas reguladoras de los municipios y los cabildos de Canarias.
La propuesta tiene en cuenta además la evolución de la legislación estatal básica desde 2015 y las nuevas competencias asumidas por la Comunidad Autónoma tras la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 2018.
