La Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias registró 28 casos en agosto y reclama más recursos especializados para atender a menores con problemas de salud mental, adicciones o patología dual
La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha expresado este lunes su preocupación por la cifra registrada en materia de adopción durante agosto, cuando 28 recién nacidos quedaron bajo el sistema de protección después de que sus madres renunciaran a su guarda y custodia por encontrarse en situación de vulnerabilidad.
Durante una comparecencia en comisión parlamentaria, Rodríguez explicó la labor de su departamento en prevención y apoyo a las familias canarias, mediante la coordinación entre administraciones, los servicios especializados, el acogimiento y la protección ante situaciones de desprotección infantil, además de la preparación de los menores para la vida adulta.
La directora general subrayó la importancia de trabajar desde la “transversalidad” para prevenir situaciones que afectan e influyen en los menores y avanzó que su departamento trabaja en alternativas jurídicas que permitan realizar una inversión plurianual destinada a los ayuntamientos en materia de servicios sociales.
Más recursos para los servicios sociales
Rodríguez explicó que actualmente existe una aportación anual de 7 millones de euros a los ayuntamientos y que la Dirección General busca una fórmula que permita convertirla en plurianual una vez se aprueben los reglamentos de la Ley de Servicios Sociales.
“Como saben, hay una aportación anual a los ayuntamientos que asciende a los 7 millones y, ahora mismo, buscamos la fórmula para que, en tanto salen los reglamentos de la Ley de Servicios Sociales, que nos permitirá conveniar con los ayuntamientos, pasar de una aportación anual a una plurianual”, añadió.
La responsable autonómica defendió también una ampliación de competencias para mejorar el abordaje social y puso de relieve la necesidad de aumentar los recursos humanos de la Dirección General para reforzar la prevención de las situaciones de desprotección infantil. “Hay un déficit importante de personal en Las Palmas”, señaló.
Un programa para menores inimputables
En paralelo, el departamento regional prevé poner en marcha próximamente un nuevo programa dirigido a menores inimputables, es decir, menores de 14 años que cometen sus primeros delitos y a los que, por su edad, no se puede imponer ninguna medida judicial o de justicia juvenil.
“Esas familias necesitan ese refuerzo para atender y encauzar la situación con cada uno de estos menores. La idea es que en enero ya esté arrancado. Actualmente, se está testando en ambas provincias”, explicó Rodríguez.
Falta de recursos especializados
La directora general recordó también la preocupación de su departamento por la falta de recursos especializados y diferenciados del sistema de protección para niños y niñas con patologías de salud mental, adicciones o patología dual.
Según Rodríguez, muchas de estas situaciones afectan también a las familias, que actualmente no cuentan con suficientes apoyos para afrontarlas. “Tenemos muchos menores cuyas familias renuncian a la guarda de sus hijos porque no son capaces de dar respuesta a este tipo de situaciones”, afirmó.
Rodríguez consideró “fundamental” replicar la actual red de atención en salud mental y adicciones mediante una red específica para la población infanto-juvenil.
El acogimiento familiar, una prioridad
La situación registrada en agosto ha llevado al departamento a estudiar qué factores pueden explicar que 28 madres renunciaran a la guarda y custodia de sus recién nacidos en un solo mes.
“Estamos estudiando este momento singular porque 28 bebés en un mes, es importante”, señaló Rodríguez. La directora general explicó que el sistema consiguió “familias de las que tirar” y que, por ese motivo, ninguno de los recién nacidos pasó por acogimiento residencial.
“Esto nos lleva incluso a plantearnos qué debemos corregir para que estas situaciones no continúen sucediendo. Soy consciente que, para ampliar el acogimiento familiar, es necesario no sólo captar familias, sino hacerles un acompañamiento, darles formación, y ello ya se está implantando desde el servicio de adopción”, afirmó.
Rodríguez recordó además que “La adopción no es un derecho de la familia, de quien quiere ser madre o padre. La adopción es un derecho del menor. Es la última de las medidas del sistema de protección” y destacó la importancia de priorizar el trabajo con la familia de origen.
En este ámbito, la directora general concretó que 189 menores han retornado con sus familias durante los últimos dos años.
