Es la tercera comunidad con mayor número de personas en el ‘limbo’ de la dependencia
Canarias cerró el año pasado con una subida del 23,1% en la lista de espera de la dependencia, y pese a recibir un aumento presupuestario, hasta sumar un total de 9.950 personas, lo que deja al archipiélago como la tercera comunidad con más personas en el ‘limbo de la dependencia’ –3.585 y un 27,08%–. Son datos facilitados este viernes por la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.
Además, ha habido un aumento del 10,8% de beneficiarios con derecho a prestación mientras que el incremento de beneficiarios que sí reciben la prestación fue del 6,8%.
Según el informe, el año pasado hubo 3.202 fallecidos en lista de espera, 1.107 que se encontraban en el ‘limbo de la dependencia’ y 2.095 pendientes de valorar.
La asociación ha lamentado el plan del Ministerio de Derechos Sociales para reducir la lista de espera de la dependencia y ha puesto el foco en Cataluña, Canarias y La Rioja, donde más personas permanecen en el «limbo de la dependencia».
Según los datos facilitados por la organización, la lista de espera en 2021 solo se ha reducido en 38.807 personas frente a las 60.000 que planteó como objetivo y, aunque han constatado un aumento de los beneficiarios en 97.912 (+8,71%), cree que a este ritmo «se tardaría un lustro en lograr la plena atención».
En 2021 46.671 personas fallecieron en España esperando la ayuda para la dependencia
La asociación ha alertado de que «se está abandonando sin atenciones a las 392.690 personas que están a la espera de un procedimiento», cifran en 421 días el tiempo de espera y asegura que 128 personas fallecen al día en el laberinto burocrático de la ley, una cada 11 minutos. En 2021, 46.671 dependientes murieron esperando la ayuda.
Las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir prestación son Cataluña (32%), La Rioja (31,53%) y Canarias (27,08%); y las que menos Castilla y León (0,17%), Castilla-La Mancha (4,51%) y Galicia (5,82%).
Mientras, Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera del plan de choque.
Además, hay tres comunidades con mayor limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el incremento presupuestario, que han aumentado la lista de espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y Cataluña (+7%).
La burocracia aumenta las listas de espera
La burocracia en los procedimientos y los datos en estas comunidades no han permitido que el Gobierno haya cumplido con el objetivo de reducción de la lista de espera en 60.000 personas comprometidas en el plan de choque.
Las comunidades que más han aumentado las personas beneficiarias con prestación el pasado año han sido la Comunidad Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). Por el contrario, en País Vasco ni siquiera se ha mantenido la tasa de reposición disminuyendo el número de beneficiarios.
Las que más han aumentado las personas con derecho a prestación en 2021 han sido Comunidad Valenciana (+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el contrario, en Cantabria el número de personas con derecho se redujo el año pasado en un 10,9%.
Para la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, estos datos parecen indicar que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se reactiva, pero «ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste dirigidos a los dependientes con Grado I».
Un lustro para lograr la plena atención en la dependencia
Los directores y gerentes consideran que «las prestaciones y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas luces insuficientes para las necesidades de las personas en situación de dependencia».
Alertan que, pasados casi dos años de la pandemia, no se ha logrado recuperar las plazas residenciales y de centros de día, -1.129 plazas residenciales y -4.732 plazas de centros de día, respectivamente.
«A este ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención», considera el colectivo que ve necesarias medidas urgentes para evitar «el sufrimiento y abandono» de las personas más vulnerables. El Gobierno de España y los autonómicos deben acometer reformas que agilicen los trámites.
«Es necesario simplificar los procedimientos y aplicar medidas de suspensión y flexibilidad del servicio o prestación sin necesidad de resolución de un nuevo procedimiento. Hay que avanzar hacia la prescripción social del profesional de referencia como único requisito para la ejecutividad y puesta en marcha de las prestaciones«, reclaman.
