Uno de los más destacados fue en de 358 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, que finalmente se evitó con la compra por parte del Gobierno de Canarias del edificio al Bando Santander
El desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en la misma vivienda, ha vuelto a situar el problema de los desahucios en el centro del debate social y político en España. El impacto mediático de caso y la movilización de miles de personas durante los últimos días reclamando medidas para el acceso a la vivienda y evitar situaciones como la de Maricarmen, han impulsado también al Gobierno de España ha aprobar este mismo martes dos reales decretos ley en materia de vivienda.
Una problemática que también ha tenido episodios especialmente significativos en Canarias, donde algunos casos también obligaron a las administraciones públicas a tomar partido. Uno de los más destacados fue el de las 358 viviendas en el barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife, que estuvieron a punto de acabar en manos de un fondo de inversión. La operación amenazaba con dejar en una situación de incertidumbre a cientos de familias que residían en estos inmuebles.
La situación comenzó cuando en 2018 decenas de vecinos empezaron a recibir notificaciones de desahucio. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias iniciaron gestiones para buscar una solución. Finalmente, el Ejecutivo canario adquirió las viviendas al Banco Santander por 25 millones de euros, evitando así el desahucio de la familias.
El caso de Carmen Omaña
Pero Añaza no fue el único caso que puso a Santa Cruz de Tenerife en el foco de la actualidad. La capital tinerfeña también protagonizó otro episodio especialmente significativo con Carmen Omaña, una mujer que había sido desahuciada por Bankia.
En aquella ocasión, el Ayuntamiento intervino para intentar alcanzar un acuerdo con la entidad bancaria, aunque las negociaciones no prosperaron. La situación cambió cuando el Consistorio decidió retirar 1,5 millones de euros que mantenía depositados en el banco, una medida que permitió desbloquear las conversaciones.
A raíz de aquel episodio, Santa Cruz de Tenerife aprobó un protocolo municipal antidesahucios que el propio Ayuntamiento considera pionero en España.
