El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos reales decretos en materia de vivienda tras el acuerdo alcanzado por los socios de Gobierno esta misma martes sobre las medidas que debían contemplar
El Gobierno de coalición ha aprobado este martes dos reales decretos ley en materia de vivienda que incluyen nuevas medidas para reforzar la protección de los inquilinos, regular los arrendamientos y limitar la adquisición de viviendas por parte de grandes fondos de inversión.
Según ha informado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros contemplan, entre otras cuestiones, la ampliación hasta 2030 de la protección frente a los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y la prohibición de la compra de viviendas por parte de fondos buitre hasta 2028.
Uno de los aspectos destacados del paquete aprobado es la prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028. Esta medida pretende ofrecer mayor estabilidad a los arrendatarios y evitar que miles de hogares tengan que abandonar sus viviendas por la finalización de sus contratos.
Renovación automática de los contratos de alquiler
Además, el Ejecutivo ha alcanzado un acuerdo para establecer la renovación automática de los contratos de alquiler, una medida que se tramitará mediante un segundo real decreto ley.
La renovación automática de los contratos supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.
Una indemnización que los sindicatos de inquilinas habían propuesto que llegara al mes por año de residencia en la vivienda alquilada.
El Ministerio de Vivienda se había negado a incluir esta medida en su decreto, alegando que el PNV y Junts nunca lo apoyarían, pero también por considerar que no pueden calibrar su alcance, al no haber podido realizar informes.
Fuentes socialistas se han quejado en las últimas horas de que Sumar incluyera este «elemento de última hora» que «desmontaba todo el trabajo de meses», por lo que finalmente los socios han acordado aprobar dos decretos.
Respecto a la regulación del alquiler de habitaciones, ésta no se aplicaría en Cataluña, donde tienen su propia regulación por el Código Civil, con el fin de atraer a Junts al acuerdo, según las fuentes.
Las diez medidas más relevantes
- Prórroga de dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028. No son automáticas, sino que los inquilinos las tienen que solicitar.
- Tope del 2 % de subida en la actualización anual de las rentas.
- Regulación del alquiler de temporada y del alquiler por habitaciones, aunque esta última no aplica en comunidades con legislación propia como Cataluña.
- Se establece una duración máxima de doce meses para el alquiler temporal.
- Se extienden a estos contratos las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y los derechos propios del alquiler habitual, como la prohibición de cobrar honorarios, los límites de fianza y la aplicación de los límites de precios.
- Se obliga a justificar la temporalidad del contrato y, si no queda debidamente acreditada, se considerará que el contrato es de vivienda habitual, al igual que cuando se encadenen contratos temporales con el mismo inquilino.
- Los alquileres de habitaciones pasan a tener el precio regulado (la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para las viviendas) y los inquilinos quedan protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de todo un piso.
- Protección antidesahucios de las familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030.
- Prohibición durante dos años a los fondos de inversión de comprar viviendas para uso especulativo.
- Renovación automática de los contratos. El arrendador deberá justificar la no renovación del contrato o, en caso contrario, indemnizar al inquilino.
- Tributación de los pisos turísticos con un 10 % del IVA.
- Reducciones fiscales para caseros que rebajen la renta respecto al contrato anterior, bonificaciones fiscales para inquilinos con ingresos inferiores a los 33.000 euros y préstamos del ICO al 0 % para la entrada en la compra de la primera vivienda, hasta el 20 % del valor de la casa, con un máximo de 50.000 euros.
- Incremento en la fiscalidad de las socimi (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) del 15 % al 25 % de los beneficios no distribuidos.
- Los ayuntamientos podrán cobrar el doble de IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) a las casas que lleven cerradas más de tres años.
El Gobierno busca acelerar la entrada en vigor de las medidas
La aprobación de estos dos textos legislativos llega en un contexto de creciente preocupación por el acceso a la vivienda y el encarecimiento de los alquileres. El Ministerio considera que las medidas permitirán reforzar los derechos de la ciudadanía y ofrecer mayor seguridad a las personas que viven de alquiler.
Debido a la importancia del paquete normativo, el Gobierno ha solicitado al Congreso de los Diputados la convocatoria de un pleno extraordinario este mismo viernes para someter ambos reales decretos ley a convalidación.
La Junta de Portavoces, en este sentido, ha acordado celebrar el viernes un pleno extraordinario para debatir y votar la convalidación de los dos decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros, han confirmado fuentes parlamentarias.
Tras solicitarlo el Gobierno, la Junta ha decidido convocar la sesión el viernes a las 11:00 hora peninsular, cuando se comprobará si el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar reúne los votos suficientes para sacar adelante los dos decretos ley.
Acampada en la Puerta del Sol
Mientras tanto, por el momento continúa la acampada por cuarto día consecutivo en la Puerta del Sol, que surgió tras la manifestación de apoyo a Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años que fue desahuciada de un piso de Madrid en el que llevaba viviendo desde hace 70 años con un contrato de renta antigua.
Tras este desahucio, que ha sido el detonante para la protesta ciudadana contra la crisis de vivienda que atraviesa España, Sumar buscó acelerar la aprobación del real decreto ley de vivienda que el Gobierno buscaba sacar adelante en julio pasado, pero que tuvo que demorar por falta de acuerdos.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha anunciado este martes que el Gobierno madrileño ha enviado un requerimiento al delegado del Gobierno para que, en el plazo máximo de 48 horas, dé las instrucciones oportunas para desalojar la Puerta del Sol. En caso de no hacerlo, ha advertido, la Comunidad de Madrid presentará el correspondiente recurso contencioso administrativo, con petición de medidas cautelares ante el órgano judicial correspondiente en defensa del interés de todos los madrileños.
Rechazo del PP
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha afirmado este martes que las medidas sobre vivienda que incluyen los dos decretos aprobados por el Consejo de Ministros van orientadas a «destruir todavía más el mercado».
Así lo ha afirmado en una rueda de prensa en el Congreso, en la que ha criticado que el Gobierno quiera arreglar en 24 horas «lo que ha destruido en ocho años» y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no haya llamado al PP para negociar los decretos.
