Otros dos investigados por el ‘caso Valka’ también guardan silencia en su comparecencia ante el Juzgado que instruye la posible trama urbanística
Otros dos investigados del ‘caso Valka’, la gerente de la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística de Las Palmas de Gran Canaria (Geursa), Marina Más, y el jefe de su oficina técnica de Movilidad y Obras, Carlos Cabrera, se han acogido a su derecho a no declarar este miércoles al comparecer ante el Juzgado que instruye la posible trama urbanística.
Tanto Más como Cabrera han preferido guardar silencio ante el magistrado de Instrucción número 2 de la capital, Rafael Passaro, y tampoco han querido hacer declaraciones a los periodistas que esperaban su llegada en la Ciudad de la Justicia.
Los dos imputados han llegado junto a sus abogados después de que lo hiciera el letrado de Geursa, Miguel Ángel Pérez Diepa, a quien también se le citó para comunicarle el supuesto delito de revelación de secretos que se imputa a la sociedad municipal como persona jurídica, según ha indicado a los periodistas, a las puertas de la Ciudad dela Justicia.
Pérez Diepa ha señalado posteriormente, tras comparecer ante el magistrado, que ha pedido que se le trasladen las actuaciones para estudiarlas y demostrar que Geursa no tiene responsabilidad alguna sobre el supuesto delito que se le achaca como persona jurídica.
Ha indicado también que los otros dos investigados se han acogido a su derecho a no declarar hasta conocer los hechos de los que se les hace responsables.
Silencio por el momento de los investigados
Los dos primeros citados a declarar por el juez, el pasado viernes, fueron el excoordinador de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Setién, y el exjefe de Parques y Jardines del Consistorio capitalino, Miguel Ángel Padrón.
Como ha ocurrido este miércoles con Marina Mas y Carlos Cabrera, ambos prefirieron no responder a ninguna pregunta.
En el denominado ‘caso Valka’ se indaga la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.
