La formación política socia de gobierno insiste también en que el real decreto-ley de vivienda tiene que aprobarse «sí o sí» en el próximo Consejo de Ministros
Sumar exige al PSOE que en el próximo Consejo de Ministros vaya la expropiación del piso de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada ese miércoles de una vivienda en el barrio madrileño de Retiro, además del real decreto ley de vivienda.
La propuesta ha sido trasladada por escrito a la parte socialista del Gobierno, según indican fuentes de Sumar.
En este sentido, señalan que el Gobierno de España no puede permitir que el interés especulativo de un «fondo buitre» prevalezca sobre el interés general.
Por lo tanto, ante la negativa a negociar del fondo, entiende que el único camino ahora es la expropiación de la vivienda.
«La recuperación de la casa de Maricarmen será, además, un mensaje para el resto de actores económicos respecto a la determinación del Ejecutivo por la defensa del derecho a la vivienda», apuntan desde Sumar.
Aprobar el martes «sí o sí» el decreto de vivienda
Las fuentes de Sumar insisten también en que el real decreto-ley de vivienda tiene que ser aprobado «sí o sí» en el Consejo de Ministros del próximo martes.
Subrayan que este paquete debe incluir la congelación y prórroga de los alquileres; la regulación de los usos especulativos de la vivienda, como los pisos turísticos, las viviendas de temporada o las habitaciones; y la protección de las familias y los inquilinos frente a «fondos buitre».
Por ello, Sumar apela al PSOE y a todas las fuerzas parlamentarias a «estar a la altura» de la situación y aprobar estas medidas.
«El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí», ha indicado en sus redes sociales la vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.
«La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el real decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí», ha señalado el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, después de que esta mujer haya sido desahuciada del piso en el que llevaba viviendo 70 años y por el que pagaba 500 euros al mes con un contrato de renta antigua.
«El martes que viene, expropiación al fondo buitre de la casa de Maricarmen y Real Decreto de Vivienda. Después de un año negociando, se acabó el tiempo. Sí o sí», ha agregado por su parte en sus redes sociales la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
Mediación del Ministerio de Vivienda
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, subrayó que este miércoles habían mediado para adquirir la vivienda de Maricarmen, pero que la empresa propietaria se «cachondea de las administraciones y de la ciudadanía porque tienen a una presidenta que les protege», en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Mientras se celebra en madrid el evento inmobiliario ‘The District’, y coincidiendo con el desahucio de Maricarmen, el Sindicato de Inquilinas y las organizaciones sociales han aumentado la presión en su lucha por el derecho a la vivienda.
El Gobierno enviará «de manera urgente» el nuevo real decreto de vivienda al Parlamento
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido que el Gobierno enviará al Parlamento «de manera urgente» un nuevo real decreto de vivienda, sin precisar fechas, pero ha pedido «responsabilidad» y «altura de miras» a los grupos parlamentarios para convalidarlo y evitar una nueva «tragedia» como la de Maricarmen.
«El desahucio de Maricarmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista a las instituciones publicas», ha subrayado Sánchez en rueda de prensa en Nueva York, donde ha criticado con dureza tanto al Ayuntamiento de Madrid como al Gobierno autonómico.
Tras señalar que son las administraciones competentes en materia de protección social a personas vulnerables en el ámbito de la vivienda, las ha acusado de estar «más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos de doscientos metros con terraza».
Sánchez ha insistido en que el Gobierno va a hacer «todo lo que está en su mano» y que no descarta nada, pero no ha querido avanzar detalles y en todo momento ha puesto el foco en los grupos parlamentarios, al recordar que este año impidieron convalidar un real decreto ley que habría evitado el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años obligada este miércoles a dejar su piso en Madrid tras siete décadas pagando su alquiler.
Ayuso responsabiliza del desahucio de Maricarman al Gobierno central y a sus socios
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este jueves el aumento de las protestas vinculadas al desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años, y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de generar un clima de tensión que, a su juicio, perjudica la inversión y la seguridad jurídica.
Ayuso ha realizado estas declaraciones durante un acto del Círculo de Empresarios de Madrid, después de que unas 10.000 personas se concentraran el miércoles frente al inmueble adquirido por la Comunidad de Madrid en Chamberí para reclamar que el ático se destine a la anciana. La protesta se produjo tras su desahucio, ejecutado por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial.
La presidenta madrileña ha señalado que el caso de Maricarmen es uno de los aproximadamente 25.500 desahucios que, según sus datos, se producen anualmente en España, y ha insistido en que la Comunidad de Madrid no tomó la decisión. Ha defendido que se trata del cumplimiento de unas leyes que, según ha reprochado, el Gobierno central y sus socios han tenido años para modificar.
Clima de tensión
Las movilizaciones se suman a otros episodios recientes, como la irrupción de tres activistas durante una visita de Ayuso a una feria inmobiliaria, donde lanzaron bombas fétidas y octavillas contra el Ejecutivo autonómico. La presidenta ha asegurado que las protestas son cada vez más violentas y ha acusado a Sánchez de alentarlas y de contribuir a un «clima de tensión totalitaria».
Ayuso también ha comparado la situación de Madrid con otras comunidades, asegurando que Cataluña registra cinco desahucios por cada uno de Madrid y que Andalucía y la Comunidad Valenciana superan igualmente a la región madrileña.
Asimismo, ha criticado la Ley de Vivienda del Gobierno central, al considerar que contribuye al aumento de los precios. Frente a ello, ha defendido la seguridad jurídica, el Estado de derecho y el cumplimiento de las leyes como elementos esenciales para garantizar la convivencia y la prosperidad.
