Lamentan que la ley de vivienda vulnera el derecho a la propiedad privada y «favorece» la okupación
El secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria y diputado por esta isla, Pablo Rodríguez, ha afirmado este viernes que la ley estatal de vivienda que se está tramitando en el Congreso «invade» las competencias autonómicas. Y, además, favorece y protege a los okupas frente a los propietarios.
En una rueda de prensa en la que también han participado la portavoz de CC María Fernández y la diputada por Tenerife en la Cámara regional Socorro Beato, los nacionalistas han lamentado que la ley de vivienda vulnera el derecho a la propiedad privada y «favorece» la okupación.
De este modo, María Fernández ha insistido en que la ley invade las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio. Y, por tanto, «un partido nacionalista no puede apoyar una iniciativa de este tipo».
A juicio de Fernández, la propuesta va a afectar a miles de familias en Canarias, en concreto a más de 5.000 en Gran Canaria, a las que esta ley «pondrá en jaque».
«Este proyecto favorece la okupación y tiene un gran impacto en la vivienda pública ya construida y pensada para dar respuesta a familias vulnerables y para las que esperan familias. Con esta ley se puede dar circunstancias tan peregrinas como que una familia vulnerable que necesita una vivienda no pueda acceder a ella porque está okupada», ha aseverado Fernández, que, según el pacto firmado en 2019 entre CC y NC, será diputada nacional en junio en sustitución de Pedro Quevedo (NC).
Fernández ha tachado la nueva ley de «propaganda», ha asegurado que no tiene «ni una sola medida» para la construcción de vivienda. Y ha acusado al Gobierno de España de «apoyarse» en la propiedad ajena y privada para fundamentar esta norma.
En este sentido ha matizado que el Estado tiene la obligación de promover con herramientas y partidas presupuestarias la construcción de vivienda y que esta ley no contempla medidas o ayudas de renta para ello.
Por su parte, la diputada regional Socorro Beato ha anunciado que su partido presentará hasta 23 enmiendas al articulado de la ley. Fundamentalmente relacionadas con esa «invasión de competencias» que han denunciado. Y, por otro lado, con la protección del derecho a la propiedad privada.
Competencias regionales
«Cualquier decisión del estado respecto a la vivienda tiene que respetar las competencias autonómicas. No podemos avalar una ley que invade las competencias de Canarias y va en contra del Estatuto de Autonomía». Ha señalado la diputada regional, que ha pedido adaptaciones a la ley para que contemple las necesidades del archipiélago.
«Si la ley prosperase, será el Estado el que le diga a los propietarios qué tienen que hacer con su propiedad», ha advertido Beato. Que ha afirmado que el tenedor de una segunda vivienda se tendrá que justificar ante el Gobierno por qué no la alquila. A la par que estará expuesto, a su juicio, a la okupación.
«Esta ley considera vulnerable solo al okupa, pero no el okupado. Quien ha hecho un esfuerzo para tener una segunda residencia va a tener que soportar la okupación y va a tener que soportar los gastos e impuestos de una vivienda okupada», ha insistido.
Por su parte, Pablo Rodríguez ha señalado que la ley «imposibilita el derecho a la vivienda» de familias que llevan años en régimen de alquiler en viviendas protegidas. Como sucede en zonas de Gran Canaria como Jinámar o la ciudad alta de Las Palmas de Gran Canaria, lo que, a su juicio, hace que esta ley sea una «normativa completamente injusta».
