La consejera de Turismo y Empleo adelanta que la norma podría flexibilizarse para las Islas Verdes y que los Cabildos podrían asumir las inspecciones.
La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, ha avanzado hoy en De La Noche Al Día de La Radio Canaria que este viernes se debatirán las enmiendas a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, la norma que regulará el alquiler vacacional en el Archipiélago.
El objetivo del Ejecutivo es que la ley salga adelante el próximo mes de noviembre, aunque la consejera ha recordado que su tramitación ha sufrido varios retrasos deliberados por parte de la oposición, con hasta siete prórrogas, pese a la urgencia reconocida de su aprobación.
Sobre el contenido del texto final, De León ha destacado que todos los grupos parlamentarios coinciden en un punto clave: otorgar un estatus diferenciado a las Islas Verdes.
«Por lo que yo he visto de los grupos parlamentarios, todos coinciden en algo: las Islas Verdes tienen que tener un régimen específico en prácticamente todos los párrafos de la ley. Por lo tanto, se flexibilizará para las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro», ha señalado.
Otra de las cuestiones que podría modificarse es la administración competente para realizar las inspecciones. Hasta ahora, el texto contemplaba que fueran los ayuntamientos los encargados, pero algunos grupos políticos proponen que los Cabildos asuman esa función junto al Gobierno regional.
Pese a los posibles ajustes, la consejera espera que la norma mantenga su espíritu inicial:
“Se pararán las licencias durante cinco años o hasta que los ayuntamientos ordenen este mercado. Y solo un 10 % podrá dedicarse al vacacional, un porcentaje que podría cambiar, previa justificación”, ha explicado.
De León ha recordado que, en todo caso, el límite del 10 % solo podrá superarse si un estudio de capacidad de carga demuestra que no se afecta la calidad de vida de los canarios ni se incrementa el precio de la vivienda.
“Si quieren superar el 10 % deberán hacer un estudio de capacidad de carga para demostrar que no se afecta la calidad de vida de los canarios y que el precio de la vivienda no ha subido en los últimos años”, ha concluido la consejera.
