La organización reclama que los lanzamientos previstos desde el 1 de octubre que puedan quedar afectados por el nuevo decreto se revisen antes de su ejecución
La organización Derecho al Techo ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, dentro de sus competencias, garantice que los órganos judiciales conozcan y puedan aplicar desde el primer día el Real Decreto-ley 26/2026, conocido como ‘Decreto Maricarmen’, que entra en vigor este jueves 1 de octubre.
La entidad sostiene que no solicita la suspensión general de los desahucios ni que el TSJC interfiera en las competencias de los juzgados. Su petición se centra en que ningún lanzamiento que pueda quedar protegido por la nueva regulación se ejecute sin comprobar previamente si cumple los requisitos legales para su suspensión.
Revisión urgente de los lanzamientos
Según Derecho al Techo, el Real Decreto-ley contempla la posibilidad de suspender determinados lanzamientos de personas en situación de vulnerabilidad y sin alternativa habitacional, incluso cuando ya exista una resolución judicial que acuerde el lanzamiento, siempre que este todavía no se haya ejecutado.
Por este motivo, la organización reclama que los lanzamientos previstos a partir del 1 de octubre que puedan verse afectados por la nueva regulación se revisen con carácter urgente antes de su ejecución, con el objetivo de comprobar si concurren las condiciones establecidas en la ley.
La entidad insiste en que no pide al TSJC que ordene suspender todos los desahucios ni que adopte medidas que excedan sus competencias. «No le pedimos al Tribunal que haga algo que la ley no permite. Le pedimos que garantice que la ley que entra en vigor mañana llegue a los juzgados antes de que los desahucios lleguen a las casas«, señala.
Comprobar la vulnerabilidad y la alternativa habitacional
Derecho al Techo considera que no sería aceptable que una persona pudiera ser lanzada de su vivienda el mismo día en que entra en vigor una norma que puede establecer mecanismos de protección para su situación sin que antes se haya comprobado si cumple los requisitos legales.
La organización reclama que se cumpla la nueva normativa y que no se suspendan aquellos procedimientos que legalmente no deban suspenderse, pero también que no se ejecuten los lanzamientos que deban quedar suspendidos conforme al nuevo marco legal.
Asimismo, solicita al TSJC que promueva, dentro de sus competencias, las medidas de información, comunicación y coordinación necesarias para que los órganos judiciales competentes conozcan inmediatamente la nueva regulación.
También pide que, antes de practicar cualquier lanzamiento que pueda quedar afectado por el nuevo régimen, puedan comprobarse las circunstancias de vulnerabilidad, la existencia o inexistencia de alternativa habitacional y el resto de requisitos establecidos legalmente.
«Detrás de cada expediente hay una persona»
Derecho al Techo anuncia que permanecerá vigilante ante los lanzamientos previstos en Canarias desde este jueves y que exigirá una aplicación efectiva del nuevo marco legal desde el primer día de su entrada en vigor.
«Recordamos que detrás de cada expediente hay una persona, detrás de cada lanzamiento hay una vivienda y detrás de cada vivienda hay una vida», señala la organización.
La entidad concluye su petición con una reivindicación «por el derecho a la vivienda y contra los desahucios sin alternativa habitacional».
