La Agencia Tributaria y la Guardia Civil han desarticulado una red dirigida desde países del este de Europa que vendía gasóleo modificado en España, lo que ha supuesto un fraude fiscal de 50 millones de euros, en una actuación en la que se han embargado 130.000 litros de este combustible e intervenidos 1,8 millones de euros en cuentas bancarias.
Los 22 detenidos en esta operación, denominada Casinos-Brulajo, son de nacionalidades española, polaca, ucraniana, georgiana y argelina, han informado fuentes de la Guardia Civil.
Otras 200 personas son objeto de investigación en España y en varios países europeos por presunto delito fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Una organización con varias células independientes
La trama contaba con una completa cadena de distribución, que incluía el aprovisionamiento desde Europa del este, el almacenamiento en España, empresas de transporte y red de distribución final al consumidor.
Se estructuraba en células independientes para que unas pudiesen seguir funcionando si otras eran detectadas.
Durante la fase de explotación de la operación se han registrado cuatro gasocentros, tres en las localidades valencianas de Xàtiva, Paterna y Silla, y otro en Murcia, todos clandestinos.
Se procedió al embargo de unos 130.000 litros de gasóleo modificado, 1,8 millones de euros en cuentas bancarias nacionales y extranjeras, 45.000 en efectivo, 14 camiones para la distribución, tres vehículos de alta gama, 19 terminales móviles, 12 ordenadores y diez inmuebles.
La investigación tuvo su origen en actuaciones realizadas por los departamentos de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria en Valencia.
Ha sido dirigido por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia.
Los investigadores detectaron que la organización criminal adquiría en diversos países de la Unión Europea hidrocarburos para la automoción modificados en su composición técnica para evitar los controles fiscales comunitarios, y los vendía finalmente en las estaciones de servicio conocidas como de marca blanca o low cost.
En total se han localizado más de 30 de estas gasolineras distribuidas por la provincia de Valencia que se abastecían de esta organización.
El fraude fiscal de esta actividad se estima en unos 50 millones de euros por impago del Impuesto Especial de Hidrocarburos, gracias a la adulteración del producto, y por no ingresar a la Hacienda pública el IVA que repercutían a sus clientes.
Todo ello se realizaba a través de una estructura empresarial que incluía gran número de sociedades instrumentales y de testaferros.
La red disponía, además, de diez gasocentros clandestinos, que distribuían el producto por toda la geografía española.
Precios low cost
Los precios de venta del producto eran sensiblemente inferiores al precio de mercado, lo que dificultaba enormemente la competencia de otras estaciones de servicio que ya de por sí se estaban viendo afectadas por la caída de actividad derivada de la pandemia.
Por su composición, este hidrocarburo escapaba a los controles comunitarios antes de su llegada a España y, por tanto, carecía de garantías de calidad.
El uso continuado en vehículos podría llegar a producir daños importantes en los motores.
Este hidrocarburo modificado se recibía inicialmente en las instalaciones de la organización.
Desde allí se distribuía a estaciones de servicio no abanderadas mediante transportistas de hidrocarburos nacionales, precisamente para separar -y con ello ocultar- la relación entre los camiones extranjeros que traían el producto hasta España y las estaciones de servicio low cost que lo vendían al consumidor final.
Por este mismo motivo, la organización tenía establecida una extensa red de empresas pantalla y centros de distribución para ocultar el origen ilícito del producto.
La operación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones operativas tras el análisis de la documentación y archivos informáticos intervenidos.
